La crisis previsional y las nuevas medidas nacionales

miércoles 03 de enero de 2024 | 6:04hs.

Mientras espera su tratamiento  la ley ómnibus, entre otras cosas, suspende la movilidad jubilatoria y faculta al Ejecutivo a otorgar aumentos por decreto, el gobierno nacional anunció el pago de un bono de $55.000 para que la jubilación mínima se mantenga en los mismos valores de diciembre. Teniendo en cuenta que la línea de indigencia es de $200.000 y que los haberes mínimos y medios de los jubilados están por debajo de esa cifra, son uno de los sectores más afectados por las medidas.

“De 8 millones, son 5 millones los que a partir de hoy cobran haberes mínimos de $105.000. Con la repetición en el bono de diciembre, están percibiendo $160.000. Hay 2 millones de jubilados con aportes que cobraban haberes medios, pero al no haber recibido ningún bono en un año y medio, están prácticamente en el mismo rango del haber mínimo. Van a estar percibiendo una media de entre $170.000 y $180.000”, precisó Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.

En diálogo con Radioactiva dijo que “hay otro millón de personas de las cuales ni se habla, que son quienes reciben pensiones no contributivas, atadas al 70% de ese haber mínimo. Son personas con discapacidad que van a percibir $84.000”. “Estamos hablando de 8 millones de argentinos que no están bajo la línea de pobreza, sino bajo la línea de indigencia, que es de $200.000. La canasta básica es publicada dos veces por año y, sumando la vivienda a la última actualización de la canasta publicada el 6 de octubre, daba $300.000. Si uno toma la variación del índice de inflación, hoy se está superando los $450.000”, profundizó.

“A este escenario, se suma que hay escasísimas prestaciones de salud para el sector. Desde hace muchos meses en la defensoría tenemos más de 5.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas porque no hay insumos”, indicó.  A su vez, hizo hincapié en que “la situación requiere soluciones que exceden al sistema de Seguridad Social”. “La ley de emergencia dice que el ajuste se va a largar por decreto para que sea lo mejor de muy malo. Ya hubo tres modificaciones a la movilidad y todas fracasaron cuando hubo inflación. La reforma de un sistema previsional necesita que todo el sistema político, gremial y social participe y apoye el proceso, por lo menos por 20 años. Si cambiamos la ley cada dos años, la situación comparece”, consideró.

“Insisto en el criterio. Tenemos que ver cómo resolver porque quienes se nos están muriendo y quienes no tienen calidad de vida son quienes se han deslomado trabajando durante 40 años y quienes nos formaron a nosotros, las generaciones que los sucedemos”, subrayó. “En gerontología y geriatría nos manejamos muy claramente: para que haya cura y mejoras, tiene que haber un diagnóstico y asumirse todas las acciones necesarias para resolver el problema. Los que podemos discutir la movilidad somos los que tenemos la panza llena, pero los jubilados se están muriendo de hambre”, reclamó.

Además, puso el foco en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. “No sabemos por qué no hay informes, pero tiene entre 30 y 70 mil millones de dólares que deberían ser usados exclusivamente para los jubilados, como dice su ley orgánica. Desde 2009 hasta ahora, se viene utilizando para otras cosas, nunca para los jubilados; es la plata que pusieron estos jubilados cuando eran trabajadores activos. Nunca se utilizó a tal efecto y ahora se plantea seguir sin hacer ruido”, señaló.

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