Misionero ex delegado de ANMaC en Córdoba, condenado por corrupción e inhabilitado de por vida

El comerciante posadeño Carlos Alberto Dini (54), ex delegado de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, el ex Renar) en la provincia de Córdoba, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Federal Oral Uno de aquella provincia. En un juicio abreviado, el ahora ex funcionario admitió los cargos como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, falsedad ideológica y partícipe necesario del delito de falsificación de sellos. Además, Dini fue inhabilitado de forma absoluta perpetua para ocupar cargos y está obligado a pagar una multa de $90.000, un monto irrisorio en comparación con el producto del desfalco, que se calcula millonario.

Además, una colaboradora de Dini, Marina Agüero (48), fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional como partícipe secundaria de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado; quedó inhabilitada por seis meses para ejercer cualquier actividad. Deberá pagar una multa de 30.000 pesos.

El caso fue investigado por el titular de la Fiscalía Federal 1 y enviado a juicio por el entonces juez Ricardo Bustos Fierro (jubilado), y terminó en un juicio abreviado en el que el fiscal general Carlos Casas Nóblega solicitó tres años para Dini y uno para Agüero. La jueza Carolina Prado finalmente condenó a ambos a esas penas, respectivamente.

Las maniobras detectadas

El diario La Voz del Interior da cuenta que el caso fue un escándalo años atrás en la sede de la Anmac en Córdoba por la serie de manejos turbios de Dini y Agüero. Como representante de Anmac, Dini no sólo era responsable del personal y encargado del depósito de lo recaudado por el cobro de cada trámite, sino que además intervenía en la toma de trámites y en el envío y la impresión de credenciales de legítimos usuarios (CLU), tenencias y tarjeta de consumo de municiones.

La Anmac tiene, entre otras funciones, la fiscalización de la fabricación, la comercialización, el traslado, la tenencia, la portación y el uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales controlados.

De esta manera, la acusación sostuvo que entre enero y agosto de 2019 Dini expidió 34 credenciales, haciendo figurar que eran sus titulares legítimos cuando, en realidad, no cumplían con los requisitos, ya que no habrían presentado toda la documentación: DNI, certificado de inexistencia de antecedentes penales, apto psicofísico, idoneidad en el manejo de armas y acreditación de medios lícitos de vida. También fue acusado de haber omitido la confección o el control de la elaboración de legajos relacionados con trámites.

En la instrucción se ordenó una auditoría del aspecto económico y de las credenciales de legítimo usuario (CLU) que otorgó la Anmac Córdoba. Quedó documentado que había más de 900 CLU sin legajo respaldatorio. Es decir: se entregaban autorizaciones sin ningún requisito o se hicieron desaparecer los legajos para tapar a los falsos de los legales.

Por otro lado, de la compra de 2.023 estampillas por 1.024.800 de pesos, sólo se localizaron 837 de ellas por 551.250 pesos. Además, se le adeudaba a otra entidad 606.105 pesos en concepto de rendiciones por la adquisición de estampillas. También fue acusado de haberse quedado con un chaleco antibalas otorgado por la Policía y con dinero entregado por el Tiro Federal Córdoba para la renovación de las CLU solicitadas por dos hombres.

Hasta habría mandado a falsificar, sostenía la imputación, 27 sellos oficiales de juzgados de Córdoba y de Capital Federal, de la Policía, de jueces, del Registro General de la Propiedad de Córdoba, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La finalidad del entonces funcionario, de acuerdo con la acusación, habría sido obtener un beneficio económico indebido en su función, a la que había llegado en 2016 (fue despedido en 2019) en medio de gravísimas irregularidades: simuló ser abogado y haber sido asesor en un municipio, y mintió en la declaración sobre sus antecedentes, que eran copiosos: por robo, hurto, estafa, delitos económicos, daños, lesiones, agresiones y amenazas, según consta en los documentos en el expediente.

La causa contra Dini se abrió luego de que la Anmac recibió dos e-mails anónimos que apuntaban contra el ex funcionario por demorar varios meses la tramitación de artefactos explosivos y presuntamente utilizar el dinero del trámite para otros fines.

Los correos de alerta y el rol de Marina

El tercer e-mail, proveniente de un empleado de una armería de Río Cuarto, advertía que Dini y su "secretaria Marina" pedían coimas a los usuarios para el manejo de los trámites que presentaban. Ese nombre llamó la atención del fiscal Senestrari, quien pudo establecer que Marina era la mandataria de armas de fuego: Marina Agüero. Fue imputada por presunta colaboración con Dini en las maniobras, y el entonces juez Bustos Fierro la procesó en agosto pasado como partícipe necesaria del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.

Abusando de su cargo, siempre según la acusación, Dini habría puesto a trabajar de hecho en la Anmac a Agüero y le habría designado la recaudación de los aranceles. De este modo, los fondos no habrían ingresado a las arcas del organismo, sino que habrían sido desviados a una cuenta en el Banco Galicia a nombre de Agüero.

Agüero fue partícipe secundario del accionar de Dini. Tras el despido de Dini, la Anmac Córdoba perdió funciones operativas, al pasar de aprobar los trámites de habilitaciones a apenas recepcionarlos (con la habilitación a cargo de Anmac Buenos Aires). También se revocó e inhabilitó a 976 usuarios (por faltantes de documentación y el pago del estampillado).

Condena por corrupción

El fiscal Casas Nóblega acordó con la defensa la realización del juicio abreviado. Los imputados prestaron conformidad a las imputaciones respecto a los hechos atribuidos, su participación y calificación legal.

Finalmente, la jueza Prado condenó al misionero Dini a tres años de ejecución condicional como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, falsedad ideológica y partícipe necesario del delito de falsificación de sellos. El confeso corrupto fue inhabilitado de forma absoluta perpetua y deberá pagar 90 mil pesos de multa.Agüero recibió un año (de ejecución condicional) como partícipe secundario de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. Fue inhabilitada por seis meses para ejercer cualquier actividad como mandataria/gestora vinculada al registro, inscripción o renovación de permisos necesarios para la tenencia y/o portación de armas y municiones ante el organismo competente. Además deberá pagar una multa de 30 mil pesos.

"La prueba colectada evidencia con certeza que Dini no cumplió los deberes y obligaciones que tenía a su cargo; administró discrecionalmente el dinero que recaudaba, sin efectuar la rendición de cuentas correspondiente ante el ente cooperador Acara, abusando de sus funciones e procurando la consecución de un lucro indebido en favor suyo y de la coimputada Agüero", indicó.

También -según se desprende del expediente- le adjudicó haber sustraído chalecos antibalas pertenecientes a la Policía, que le habían sido confiados en razón de su cargo; otorgó credenciales de legítimos usuarios certificando -al efecto- que los solicitantes cumplían los requisitos de ley, "siendo que conocía de propia mano que dichos trámites inobservaban los requerimientos necesarios".

Dini, agregó Prado, "tenía distintos sellos referidos a trámites administrativos y judiciales ante organismos nacionales y provinciales, relativos a certificaciones de copias, expedición de copias, certificaciones de firmas, recibos, pago de derechos, identificación de notas, etc. que habían sido falsificadas por personas desconocidas".

"Adicionalmente, la prueba de cargo acredita con exactitud que Agüero ayudó a Dini para procurarse ambos el lucro indebido en relación al dinero que el delegado de Anmac Córdoba debía percibir y administrar", indicó la magistrada.

En los juicios abreviados, los jueces homologan los acuerdos entre los fiscales y las defensas. Un juez no puede fijar una pena superior a la solicitada por el acusador. Su rol se limita a que el imputado reconozca el hecho y se sigan los parámetros formales con una sentencia fundada en la prueba, lo que terminó haciendo el misionero Dini.