Santa Cruz ya fue detenida para cumplir su condena por el caso Topo Cabrera

Un nuevo revés judicial y el fin de sus días en libertad. Desde ayer a la mañana, la abogada y ex miss argentina Rocío Fiorella Santa Cruz (36) cumple tras las rejas su condena a tres años de prisión efectiva que recibió en su contra por el siniestro vial que le costó la vida al inspector de tránsito Ramón “Topo” Cabrera (53) en enero de 2016 en Posadas.

La medida se efectivizó cerca de las 9.30 en el anexo de la Alcaidia de Mujeres en el predio de la Comisaría Segunda, lugar al cual Santa Cruz se presentó en compañía de su esposo y donde luego de ser hisopada fue alojada en una celda donde cumplirá unos días de aislamiento hasta integrarse con las demás internas.

Pero el último día en libertad de la mujer había comenzado horas antes, dado que a las 8 se presentó junto a sus abogados en la sede del Juzgado de Instrucción Dos, donde había citada por el magistrado Juan Manuel Monte para ser oída en el marco del habeas corpus que su defensa había presentado para contrarrestar el revés judicial recibido la semana pasada por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el pedido de detención presentado en su contra por la fiscal María Laura Álvarez para que cumpla con su condena por el caso Topo Cabrera.

En el mencionado habeas corpus, la defensa de la mujer argumentaba que se encontraban gestionando un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y consideraban que la situación debía conseguir un efecto suspensivo sobre el fallo dictado contra la mujer.

Ante esta situación, tal como adelantó El Territorio, se presentaban dos escenarios posibles: si la Justicia daba lugar al habeas corpus, Santa Cruz iba a poder seguir en libertad el proceso; pero si la decisión era desfavorable a sus intereses, la mujer podía ser detenida en ese mismo lugar.

En esa instancia, se supo que la decisión del juez Monte finalmente fue la de rechazar el habeas corpus y, en consecuencia, ordenó la detención de la abogada.

Santa Cruz fue notificada de la resolución y se retiró del juzgado de la misma forma en la que llegó, pero a sabiendas que tenía las horas contadas, dado que si no se presentaba en el anexo de la Alcaída de Mujeres por calle Rocamora, era pasible de ser buscada por la fuerza pública.

Apelarán la detención

“Lo que ocurrió hoy es que le rechazaron el habeas corpus y el juez va a ordenar la detención. Ella se va a presentar con el esposo, como siempre lo hizo. No sé a qué unidad la mandarán, pero lo que vamos a hacer es apelar la detención mañana (por hoy). El caso Rocío Santa Cruz es un caso para la sociología, es el único caso donde una pena de 3 años es de cumplimiento efectivo”, expresó ayer a la mañana el letrado Eduardo Parades en diálogo con Radioactiva 100.7 minutos después de salir del juzgado y mientras su defendida iba camino a la dependencia donde iba a quedar detenida.

Paredes también se refirió a la última resolución mediante la cual el STJ rechazó el recurso extraordinario federal que habían presentado y señaló que “deben saber que el STJ no es que rechazó todo, sino que fue por votos divididos. Es un voto, que es el de la doctora Venchiarutti (Presidenta del STJ), que es extraña porque manifiesta las cuestiones de género, pero fue la que también anuló la absolución de Victoria Aguirre, es decir que el tema género lo tiene un poco confundido; y hay otro voto que la absuelve y que pidió que se de lugar al recurso extraordinario, lo que ocurre es que por mayoría adhieren al voto de Venchiarutti y eso es lo que ha hecho que esto llegue a este punto”.

En esa línea, sostuvo que “lo cierto es que la Corte argentina, en el caso Ernestina Herrera de Noble, dijo que hasta tanto no se designen los recursos, las quejas tienen efectos suspensivos. Y eso es lo que se planteó acá por la insistencia de la, paradojalmente mujer, María Laura Álvarez, que aparte confunde el rol, de hablar con los medios y pedir la detención para presionar a un juez como Monte, que es muy joven y nuevo, lo cual no tiene nada que ver, pero logran meter presión”.

Por último, el letrado indicó que “se va a apelar la decisión con estos argumentos, pero no tengo muchas esperanzas con el tema de la Cámara (de Apelaciones) porque el aparato judicial misionero funciona así. Lo que vamos a intentar es que salga lo antes posible porque, además, técnicamente, lo cual también va a hacer un problema, cuando vos tenes una condena a 3 años, a los 8 meses podes estar en libertad. Si esto fuera así, en dos meses puede salir. Por eso, esto no tiene sentido. El caso Santa Cruz es una verdadera persecución institucional”.

El camino hasta acá

Sobre Santa Cruz pesa una condena de 3 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para conducir vehículos automotores como autora del delito de homicidio culposo.

La abogada había sido juzgada en un debate oral que se desarrolló en 2018 y en el cual el magistrado César Raúl Jiménez la condenó a 4 años de prisión, pero posteriormente el STJ ordenó realizar un revisión del fallo y a partir de ahí intervino el juez Monte, que el año pasado mantuvo la culpabilidad de la mujer pero redujo la pena a tres años de cárcel.

En 2019 Santa Cruz estuvo 155 días privada de su libertad luego de ser incumplir una restricción de salida del país que tenía vigente luego de esa primera sentencia, aunque su defensa en esa ocasión aseguró que al no estar firme ese fallo las medidas restrictivas tampoco.

El dato de los 155 días detenida no es menor, dado que las autoridades deberán contabilizarlo a la hora de realizar el trámite de cómputo de pena en el cual se delimitan los plazos estimados para solicitar beneficios como salidas transitorias y/o condicionales. Estimativamente, se calcula que Santa Cruz deberá completar 8 meses detenida en total, pero a ello habrá que restarle los cinco meses que ya estuvo presa. 

De igual manera, también hay que poner en relieve que el incumplimiento de esa restricción le significó una causa por desobediencia judicial la cual estaría pronto a ser elevada a debate y si vuelve a ser declarada responsable de ello recibiría otra condena. Allí habría que unificar penas y eso podría equivalerle algunos meses más de detención.

“El dolor no va a ceder”
La resolución de ayer que derivó en la detención de Santa Cruz llegó exactamente 2.019 días después del atropellamiento y muerte del inspector Ramón “Topo” Cabrera (53), ocurrida sobre la avenida Quaranta de Posadas el 31 de enero de 2016.

La novedad a Irene Pare, esposa de Cabrera, le produjo sensaciones dispares. Por un lado “de tranquilidad porque en algún momento tiene que pagar por lo que hizo”, pero por otro “de incertidumbre porque siempre se manejó con impunidad, nos faltó el respeto a todos y recuerdo al abogado Paredes decirme que ella nunca iba a ir presa, entonces hasta que cumpla la condena no puedo decir que se hizo justicia”.

“Lo que quiero es que cumpla la condena para que Topo pueda descansar en paz y mis hijos recuperen algo de tranquilidad”, señaló Pare en diálogo con El Territorio, acotando que “no solo mató al papá de mis hijos, sino que a ellos también le produjo un tremendo daño y por más que Santa Cruz vaya presa el dolor no va a ceder”.

Sobre las actitudes de la abogada antes y después de la condena, la viuda consideró que “siempre se burló de todos, hasta de la Justicia, nunca vimos arrepentimiento en ella y eso nos generó mucha angustia. Verla haciendo su vida normal después de la muerte que produjo, sin remordimientos”.

“Igualmente creo que va a tener muchos privilegios en la cárcel, hasta cuesta creer que va a cumplir la condena realmente, por como se maneja. No tengo certezas y eso me enoja. Pero ojalá el juez se ponga de nuestro lado, por mis hijos y por la misma sociedad que merece respuestas”, subrayó.

Por último, dijo estar “conforme y agradecida” con la fiscal Álvarez, y le pidió al juez Monte “que esté a la altura de las circunstancias, como ahora, en las próximas decisiones que seguramente deberá tomar”.

En cifras
155
En 2019 Santa Cruz permaneció 155 días detenida por incumplir una medida judicial. Ese monto deberá ser contemplado a la hora de realizar el cómputo de pena.