Investigan por irregularidades al fiscal general federal de Posadas

El fiscal general federal de Posadas, Rubén González Glaría, fue denunciado por una serie de irregularidades de las que se lo acusa. El caso empezó como una denuncia administrativa formulada por quien hasta hace poco tiempo fue su hombre de confianza, el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz.

Sin embargo, dada la gravedad de los hechos relatados, un rosario de irregularidades y presuntos delitos, según una fuente que conoce el expediente, se dio intervención a la Justicia Penal Federal.

Al frente de esta causa, que está avanzada y que tendrá novedades en los próximos días, están Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación con sede en Capital Federal y Pablo Di Loreto, de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, que oficia como auxiliar.

La denuncia administrativa que Quiroz hizo ante la Procuración General de la Nación fue incorporada al expediente penal el pasado 22 de abril. Ese día el denunciante compareció ante el fiscal Di Loreto y el juez subrogante José Luis Casals y ratificó todo lo dicho.

Qué denunció
-Que González Glaría habría hecho uso personal de vehículos que estaban destinados a la Fiscalía. La flota de automóviles, según el denunciante, son un Volkswagen Bora, un Corsa Classic, un Peugeot 307 cinco puertas, una Ford Ecosport y una camioneta Hilux SW4. Y ofreció pruebas en un pendrive, fotos y recibos de pagos de seguros.

-Gastos de funcionamiento de la Fiscalía. En su presentación Quiroz dijo que González Glaría habría usado los fondos para su beneficio con cobros de vales de combustibles, alojamientos y otros gastos de cursos y evaluaciones que eran solventados por la Procuración, que enviaba vouchers con pasajes y estadías.

- Que dejaba hojas firmadas en blanco. Quiroz dijo en su denuncia que había meses que el Fiscal general concurría dos días de cinco a su oficina y que para evitar posibles inconvenientes dejaba hojas membretadas en blanco firmadas por él para que no se advirtiera su ausencia. Y ofreció como prueba dos hojas firmadas en blanco presuntamente por González Glaría.

Irregularidades en expedientes
En este punto el denunciante menciona varios casos. Un expediente penal por evasión tributaria, cuya apelación debería hacer la Fiscalía general, y que cayó por presentación extemporánea. El otro caso que mencionó fue por presunto delito de trata de persona por explotación laboral, donde la intervención de la Fiscalía habría sido clave para la resolución final que tuvo el caso.También mencionó un expediente donde González Glaría fue denunciado ante el Ministerio de Seguridad de la Nación por la muerte de un peón que habría sido atropellado por un avión de su propiedad.

La investigación que más avanzada está es la que da cuenta de que el funcionario se habría quedado con parte del salario de una colaboradora. El 30 de abril declaró ante los fiscales la abogada Silvana Bogado, que actualmente se desempeña en la Secretaría Federal Oral de Posadas. Dijo que ingresó a trabajar en la Fiscalía en 2008. El que le dio el contrato fue González Glaría con la supuesta condición de que debería compartir su salario con otras dos personas. Narró ante los fiscales, que como necesitaba del empleo y recién se iniciaba en el campo laboral, aceptó.

Según dijo Bogado ante los funcionarios judiciales en una testimonial vía videoconferencia, desde entonces hasta junio del 2012, todos los meses ella retiraba dinero del cajero y entregaba las dos terceras partes. Agregó que esto ocurrió mientras estaba en calidad de contratada. Ante la pregunta de uno de los fiscales dijo que con el paso del tiempo se enteró que estas dos personas con quienes supuestamente compartía su sueldo, no existían.

Como prueba ofreció los recibos de sueldos, ticket de cajero donde se acredita que retiraba casi la totalidad del dinero y un email dirigido supuestamente al fiscal general donde menciona lo de la plata. Y ofreció dos testigos.

También mencionó ciertas anormalidades en la intervención de la Fiscalía en otras causas de trascendencia pública, que seguramente los fiscales deberán revisar. Probablemente en el transcurso de la semana surgirán otras novedades como la comparecencia de nuevos testigos, todos funcionarios judiciales, y alguna resolución sobre la continuidad laboral del denunciado.