Condenado a 16 años de prisión por abusar de su cuñada menor

Por mayoría, el Tribunal Penal Uno de Posadas condenó a 16 años de prisión efectiva a Hugo Javier Benítez, un comerciante de Garuhapé, por haber abusado sexualmente en (al menos) cuatro oportunidades de su cuñada, quien tenía apenas once años al momento de los hechos y convivía con él y su hermana mayor, entonces pareja del condenado.

A lo largo del debate que comenzó el 1 de junio, por la sala pasaron familiares de la víctima y del imputado, además de peritos de parte, psicólogos y demás profesionales del Cuerpo Médico Forense.

La sentencia que se dictó el último jueves pasado el mediodía tuvo los votos de los jueces Gustavo Bernie y Miguel Mattos, este último por subrogación legal, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal del acusado. Mientras que la presidenta del tribunal, Viviana Cukla, votó en disidencia y se inclinó por la absolución de Benítez por el beneficio de la duda.

El fallo puso fin a un juicio oral atravesado por posiciones contrapuestas de la acusación y la defensa respecto de la valoración de la prueba, particularmente de la declaración de la víctima y de las pericias incorporadas al expediente.

Durante su alegato final, el fiscal por subrogación legal Vladimir Glinka solicitó una pena de 18 años de prisión y pidió al tribunal analizar el caso teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvolvía la niña, hermana menor de siete y con padres ausentes. “Les pido que sean empáticos, que juzguen con la sana crítica. Hay que entender que es muy difícil hacerse valer en ese contexto y con diez años”, comenzó, ante los magistrados.

En otro tramo de su exposición, el Ministerio Público invitó a los jueces “a que bajen, entren en la casa de J. y vean qué hubieran hecho”, apuntó, al describir un escenario de alta vulnerabilidad social y familiar en el que, según señaló, “sobraba gente y faltaban recursos”.

Contexto de vulnerabilidad

De acuerdo a lo investigado y expuesto en el juicio, los sometimientos ocurrieron en diciembre del 2021 cuando la niña vivía con su hermana mayor, entonces pareja de Benítez. La denuncia la radicó cinco meses después una trabajadora social que tomó conocimiento de la situación, y a partir de allí se desató un derrotero judicial que, para el fiscal Glinka, no hizo más que revictimizar a la menor.

“Por fin termina el juicio contra J., o al menos así lo sentí varias veces en este juicio. Este fue un juicio de sus costumbres y su moralidad. Digo esto porque, a lo mejor después de este juicio, ella deja de acusar a las personas que abusaron de ella, a lo mejor entiende ‘el mensaje’ de que estará invisibilizada y que no podrá llegar a la Justicia”, reprochó Glinka con tono sarcástico y sin quitar la vista del Tribunal.

En ese marco, cuestionó las estrategias de la defensa de Benítez que apuntaron a desacreditar el relato de la niña. “Lo que hicieron, primero, fue ubicarla como que era una ‘atorranta’, pero esa teoría se les cayó con los exámenes ginecológicos”, repasó el fiscal al rememorar informes médicos en los que se daba cuenta de lesiones compatibles con penetración.

El representante del Ministerio repasó además antecedentes que, a su criterio, permitían comprender la demora en la revelación de los hechos y las dificultades que enfrentó la niña para ser escuchada. En ese sentido recordó que, tras la muerte de su padre en septiembre de 2021, la menor fue a vivir con una de sus hermanas y allí relató haber sufrido otros episodios de abuso por parte de sus sobrinos (quienes eran mayores que ella). “Piensen en la niña, ¿cómo puede luchar contra eso?”, planteó durante su exposición.

Retomó lo dicho por la menor en Cámara Gesell donde, para criterio de la parte acusadora, se determinó el tiempo y el lugar donde ocurrieron las violaciones.

En otro tramo, cuestionó el informe de un perito de parte que participó de la instrucción y reconoció que hubo pericias que se le realizaron tardíamente. “Aunque tarde, debemos agradecer la intervención del Cuerpo Médico Forense, porque podrían haber matado a la niña”.

Glinka también apuntó contra el entorno familiar de la menor, especialmente la hermana mayor con la que convivía al momento de los hechos. Por otro lado, cuestionó la validez de las pericias hechas por un perito de parte donde se afirmaba que la menor dijo que “era mentira” lo denunciado, supuestamente a modo de venganza por la violencia que el acusado ejercía sobre su pareja.

Apuntan mala investigación

La defensa, a cargo del abogado Julio Lenzken, reclamó en cambio la absolución de Benítez y centró sus cuestionamientos en la forma en que se produjo la prueba durante la investigación.

“Hay que considerar con perspectiva de género las declaraciones de la niña. Me refiero a una persona que estuvo en estado de vulnerabilidad”, comenzó señalando el defensor, aunque posteriormente sostuvo que existieron falencias metodológicas que, a su criterio, impidieron tener por acreditados los hechos atribuidos al imputado.

Entre sus principales críticas, Lenzken habló de una presunta “mala praxis judicial” al remarcar que la pericia ginecológica se realizó siete meses después de los hechos denunciados. “Esta mala praxis no puede usarse en contra del imputado”, argumentó.

También hizo referencia a supuestas contradicciones entre el relato de la menor y las declaraciones de otros familiares, además de cuestionar la forma en que se desarrolló la entrevista en Cámara Gesell. “No se está cuestionando el relato de la menor, se cuestiona el accionar de los profesionales que debieron indagar por qué relató lo que relató”, expresó.

En esa línea, el defensor sostuvo que la hipótesis acusatoria no habría logrado demostrar la materialidad de los abusos. Y defendió que “el hecho no sucedió y fue imposible que suceda en las condiciones de tiempo y lugar que dice la fiscalía”.