Fin de testimoniales y antesala de los alegatos en juicio por evasión fiscal

Una decena de testigos, entre contadores y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), cerraron ayer la etapa de testimoniales en el marco del debate iniciado el viernes pasado contra cuatro misioneros acusados de integrar una asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos vinculados a la evasión impositiva y la expectativa se centra ahora en la ronda de alegatos, programada en principio para el lunes 24.

El juicio oral y público se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Posadas y los imputados son Luis Ramón Zayas (63), Oscar Luis Ocampo (55), Ricardo Galarza (64) y el contador Leandro Antonio García (56), quienes son pasibles de recibir penas de entre 3 y 10 años de prisión.

La audiencia de la víspera comenzó minutos después de las 8.15 y el primer testigo citado para prestar testimonio fue uno de los contadores públicos de la Afip que en su momento participó de la investigación que ese organismo llevó adelante para desenmascarar el ardid de empresas fantasmas vinculadas a los involucrados.

“Básicamente el caso llegó a nuestra área por una nota de la agencia porque había dificultades para hacer las notificaciones. Las mismas eran devueltas. Ahí nos asignaron el caso. Durante el inicio, a las pocas semanas, se presentó una persona a la sede queriendo hacer una denuncia sobre una sociedad que había utilizado su nombre. Que no era lo que le habían dicho y que se sentía engañada, estafada”, mencionó el profesional durante los primeros minutos de su testimonial que se extendió por casi dos horas.

Ante la intervención de la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Vivian Barbosa, el contador reconoció que esa mujer a la que hizo referencia se trata de una de las dos mujeres que el viernes pasado declaró en la primera audiencia del juicio, instancia en la cual aseguró que en su momento había sido contactada por algunos de los imputados y le hicieron firmar papeles como para empezar a trabajar de secretaria en una empresa que finalmente nunca abrió.

Y el contador continuó: “La señora manifestó que incluso había otra persona en situación similar, una señora que residía en Oberá. Allí se labró un acta con sus términos expresados: que la habían convocado para formar parte de una sociedad, que firmó los papeles pero nunca más fue contactada y estaba recibiendo llamadas de los bancos”.

De esa manera el contador explicó los inicios de la investigación llevada adelante en su momento y a partir de ahí profundizó en que luego de dar cuenta de los presuntos involucrados, pudieron llegar también a las sociedades o empresas detrás del ardid.

“A algunos proveedores ya los teníamos como apócrifos. No tenían capacidad operativa o no tenían movimientos. No contaban con empleados declarados en cantidad razonable para el trabajo que debían hacer o en sus cuentas bancarias no habían movimientos acordes a la magnitud”, enumeró el profesional.

Y ahondó: “El dominio fiscal de esta firma (en referencia a Establecimiento Estanciera SA) era un departamento en el centro de Posadas y el domicilio alternativo era una casa de familia por calle Soria. Ni en el domicilio fiscal ni el alternativo había un establecimiento”.

Además, explicó que “una empresa apócrifa es una emisora de un papel, de una factura que no representa o no está vinculado a un hecho económico”. En ese punto, señaló que establecimientos de Santa Ana y Apóstoles, entre otros, habían impugnado facturas de estas firmas dudosas en aquel tiempo, de 2005 en adelante, estimativamente.

Luego de un cuarto intermedio, a la sala fue convocado otro de los contadores que participó de los trabajos de investigación y fiscalización llevados adelante por la Afip. Este profesional hizo referencia a un cooperativa que funcionaba en Andresito, la cual “no tenía capacidad económica y sus contribuyentes en su mayoría estaban cargados en la base Apoc (para detectar facturas apócrifas). La cooperativa tenía un apoderado que organizaba el operativo de la facturación y los comprobantes apócrifos”.

Según el testigo, esa cooperativa estuvo vinculada a Establecimiento Estanciera SA y era administrada por uno de los ahora imputados.

Posteriormente declararon cuatro contadores y cuatro empleados más de la Afip, quienes ante las partes contaron qué funciones cumplían al momento de los hechos y sí conocían a los imputados. La mayoría aseguró conocer a Ocampo, a quien lo mencionaron como encargado de realizar “gestorías contables”, aunque no más que eso.

Alegatos, próximo paso

Tras la declaración de los diez testigos que estaban citados, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira dio por cerrada la etapa de incorporación de prueba testimonial y, tras un acuerdo con las partes, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de mayo a las 8.30, instancia en la cual se dará inicio a la ronda de alegatos.

En principio, se acordó un plazo de dos horas para la exposición de cada una de las partes. Se espera que sea una audiencia extensa atento a la cantidad de actores y a la magnitud del material a desarrollar.

Todos los acusados cuentan con distintos abogados defensores. Sólo Galarza es patrocinado por la defensora oficial Susana Criado, al tiempo que Zayas es defendido por el letrado Fernando Acosta, Ocampo por Manuel Bilinski y García por Mario Ovando.

Además, en el debate también participan como querellantes particulares en representación de la Afip los letrados Silvia Catalina Mani, Marcos Aurelio Atencio y Ariel Ricardo Smiak.

Todos los defensores, junto a los querellantes y a la fiscal Barbosa, deberán exponer el lunes 24 sus conclusiones y sus respectivos pedidos al tribunal que es integrado además por los magistrados Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, ambos como subrogantes y conectados por videoconferencia desde Corrientes. Como cuarto integrante (suplente) participa el juez Rubén David Quiñones.