Impulsan un impuesto a las fortunas en América Latina

Con la polémica aún vigente por la sanción de la ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, un informe de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) estimó que un impuesto a la riqueza permanente tendría un potencial de recaudación de U$S 26.504 millones en 20 países de América Latina y el Caribe (ALC) y serviría para atender la desigualdad estructural profundizada por la pandemia del coronavirus.

En cuanto al destino de los fondos, el informe señala que se podría cubrir el acceso universal a la vacuna contra el coronavirus. También se podría financiar por completo un bono contra el hambre en personas de extrema pobreza durante 6 meses en todo el continente; o garantizar la cobertura universal de vacunas en la región, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitaría la muerte de 2,5 millones de chicos al año.

El relevamiento estima que desde el inicio de la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe “hemos retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza alcanzando un promedio de 37 personas en esa situación de cada 100”.

Además, al final de 2020, 45 millones de personas, que no eran pobres antes de la pandemia, lo serán. Se estima que 2,7 millones de empresas formales han cerrado y la caída del PIB regional será del -9,1% al cierre de este año.

En ese sentido, el estudio señala que es la región del mundo más inequitativa en la distribución del ingreso, en la que el 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta que el 10% más pobre. Además, el 1% de los más ricos obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado. Por último, el 1% más rico de América Latina y el Caribe concentra el 41% de la riqueza y el 10% más rico de la región concentra el 72% de la riqueza.

Al respecto, el informe “Ahora o nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y el Caribe” presentado por Latindadd indica que en un contexto de desigualdad estructural, la disminución de la actividad económica y el empleo ha reducido las recaudaciones de los estados de forma “dramática”. Durante la presentación Adrián Falco, de la Fundación SES Argentina, explicó que “la pandemia profundizó la desigualdad llegando a niveles inéditos”.

Para hacer frente al día después de la pandemia, el informe asegura que “es necesario contar con Estados mejor preparados para garantizar los derechos ciudadanos”. Y agrega que para la etapa que viene se debe “superar la baja e injusta tributación impulsando el impuesto sobre la renta personal y empresarial, los gravámenes patrimoniales y el gravamen a la economía digital, así como los impuestos que incentiven la sostenibilidad ambiental y la salud”.

En esa línea, explica que “gravar las grandes fortunas debería ser una importante opción a la hora de financiar los costos y la recuperación de la pandemia sin afectar la actividad económica”.

Los países de América Latina y el Caribe cuentan con sistemas tributarios insuficientes, ineficientes e inequitativos. El informe aclara que actualmente “el 50% de los ingresos tributarios de los países proviene de impuestos al consumo, los cuales no discriminan entre ricos y pobres”.

Argentina dio el primer ejemplo
En la Argentina, el impuesto a la riqueza sancionado el 4 de diciembre por el Senado, alcanza a las personas humanas que declaren bienes en el país y en el exterior al 31 de diciembre de 2019 por un monto igual o superior a $200 millones, y tiene como objetivo recaudar $307 mil millones.

El 20% del dinero recaudado será destinado para garantizar el abastecimiento de suministros médicos, 20% para socorrer a pequeñas y medianas empresas, otro 20% para becas estudiantiles, 15% para desarrollos sociales y el 25% restante para proyectos de gas.