La plata del delito

La discusión acumula años. ¿Qué se debe hacer con los bienes que se incautan en causas judiciales? Los casos de narcotráfico, por ejemplo, son emblemáticos, sobre todo por la cantidad de recursos que manejan las organizaciones delictivas. La escuela de Candelaria entregada recientemente a la Iglesia para que la administre puede ser un caso testigo. 

Fue construida e inaugurada en 2008. Pronto, una investigación judicial estableció que el edificio era parte del sistema de lavado de dinero de una organización delictiva. En 2013, la Justicia condenó a la banda, la directora de la escuela era parte de la organización, por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. Recién el año pasado se decidió la entrega de la escuela al Obispado de Posadas para que la administre, priorizando la función social de la institución educativa. 

Pero no todos los bienes embargados o incautados experimentan la misma suerte. Los vehículos que caen en procedimientos, si no se les da algún uso, terminan destruidos por el paso del tiempo. Con los inmuebles sucede algo parecido. Cerca de Montecarlo, por la ruta nacional 12, está lo que queda del complejo turístico Tangará (se nota el abandono), que está a disposición de la Justicia federal correntina. Pero claro, está así porque hay un proceso judicial que debe respetarse. Mientras no se resuelva (muchas veces en sus múltiples apelaciones), no se puede disponer de los bienes.

Por lo pronto, y en esa línea, el gobierno nacional emitió una resolución que obliga a los delincuentes a hacerse cargo de los costos operativos e investigativos para delitos como narcotráfico, trata de personas y contrabando, entre otros.  Las fuerzas federales deberán elevar un informe a la Justicia con sus gastos (página 4).

Por Roberto Maack