Reyes fue destituido y apelará ante la Corte la decisión del jurado

Sin sorpresas. Tal como se esperaba, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por mayoría destituir al juez de Instrucción de Apóstoles, José Antonio Reyes, por la causal de falta de cumplimiento a los deberes correspondientes a su cargo. El tribunal que lo sentenció fue duramente cuestionado por “arbitrariedad” y ahora el magistrado apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acudirá organismos internacionales de derechos humanos.
“Este voto yo  ya lo anticipé”, dijo Reyes cuando terminó de escuchas los argumentos de su destitución. “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”, disparó.
El pedido de destitución contra el juez fue planteado por el gerente regional del Banco Macro, Gabriel Díaz. Ese pedido fue avalado y justificado ayer por los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Rojas, Ramona Velázquez, y Humberto Schiavoni, los abogados del foro local Claudia Dutto y Edmundo Maldonado, y el diputado Horacio Blodek (FR).
En cambio, el diputado Ricardo Biazzi (PJ) fue el único integrante del jurado que votó por la absolución del juez de Instrucción.
Reyes fue sometido a juicio político por haber fallado a favor de un pedido de amparo que presentó la firma Touché & Moreno Ocampo y otros UTE. La empresa presentó la medida judicial porque el Gobierno provincial dejó de pagar los servicios que se le estaban prestando en concepto de gestión de cobranzas y pese a lo que establecía el contrato.
Pero este no es el único fallo de Reyes que fue en contra de las pretensiones del Gobierno. El juez fue quien frenó el intento de Rovira de adelantar las elecciones legislativas de 2005.

Fundamentos discutidos
Schiavoni fue el primero que votó. El magistrado, entre sus argumentos dijo que “en primer lugar, respecto al destino de los fondos objeto la misma al no disponerse que se depositen a la orden del juzgado y como perteneciente al juicio de la carátula”.
También cuestionó la contra contracautela que aceptó el magistrado enjuiciado al señalar que “es evidente la desproporción entre el monto de seguro de caución”.
El ministro de la Corte subrayó que algunos procedimientos de Reyes que había cuestionado el Procurador General de Justicia, Miguel Ángel Piñero, al sostener la acusación del Banco Marco, son “materia opinable”.
“Este jurado, que no es un órgano judicial, carece de potestad para fijar la competencia del juez”, indicó y rescató que “los requisitos de la cautelar innovativa, excepto la contracautela, la legitimación activa o pasiva, incluso la competencia son a mi juicio cuestiones opinables”.
Según el ministro “el juez Reyes ha incurrido en exceso de jurisdicción, causal que se haya comprendida en la falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo”. Como consecuencia votó por su destitución.
El voto de Maldonado fue el más duro. El abogado acusó a Reyes de “satisfacer de antemano al demandante” a través del amparo, además de recalcar que por tratarse, a su entender, de un caso contencioso administrativo “era competencia del Superior Tribunal de Justicia”.
Posteriormente argumentó que el juez se había extralimitado y actuó con “abuso del poder”. De esta manera, el letrado votó por la destitución del magistrado.
Tanto Rojas como Velázquez, expusieron el mismo voto. Ambos ministros de la denominada mayoría automática de la Corte rovirista, no desarrollaron sus fundamentos y prácticamente se limitaron a apoyar el voto de Maldonado.  Lo mismo pasó con la joven abogada Claudia Dutto, que plasmó su voto en el de Maldonado.
A su turno, Biazzi cuestionó las dudas de parcialidad de los ministros que integraron el Jurado y volvió a señalar que lo mejor hubiese sido que se inhiban. “La simple existencia de cierta duda sobre el menoscabo a la garantía constitucional de imparcialidad de los jueces debió ser disipada con la  solución propuesta por el suscripto (aceptar las inhibiciones de Rojas, Velázquez y Schiavoni). Era el corolario lógico frente a las incidencias planteadas, en la convicción de estar eliminando toda sombra que pudiera enturbiar la neutralidad exigida a los integrantes de este Jurado, a partir del temor de parcialidad invocado. No hacerlo genera una nulidad sustancial en el procedimiento por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio”, indicó el diputado.
Biazzi también cuestionó severamente la falta de acumulación y tratamiento conjunto de todas las denuncias que se le hicieron a Reyes y que quedaron pendientes por decisión de la mayoría del Jurado. “Tal decisión, a mi entender, nos ha privado de una valoración integral de la conducta del aquí enjuiciado”. “Porque los actos de los jueces deben no solo revestir gravedad para configurar la causal de mal desempeño, sino, también, ser irregulares, perjudiciales. Pero, además,  deben ser habituales. La habitualidad -es decir, la reiteración de actos contrarios a derecho- tiene que constituir, a nuestro juicio, la nota característica en el caso del juicio político a los jueces”, argumentó.


Un jurado tildado de “parcial”
El Jury contra Reyes estuvo plagado de irregularidades que en todo momento fueron advertidas por el defensor Miguel Ángel Faría. Las sospechas de imparcialidad del tribunal fue tal vez la principal piedra con la que se encontró el juez que desde el principio del proceso había asegurado que era un perseguido político, que el gobernador Carlos Rovira ya le había "bajado el pulgar", y que su suerte ya estaba echada.  Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la que advirtió que en el expediente de "Fraticcelli" hubo parcialidad por parte del jurado que dio la sentencia y en consecuencia la anuló. En este caso, el tribunal que juzgó fue el mismo que precedentemente había actuado en las diversas apelaciones del caso. Es decir que el cuerpo ya había fijado criterio antes de juzgar.
Ese mismo planteo realizó la defensa del juez Reyes cuando recusó con expresión de causa a los ministros del STJ, Jorge Rojas, Ramona Velásquez y Humberto Schiavoni. Los tres integrantes de la Corte local habían volcado opinión en diferentes instancias del expediente por el que se lo quiere destituir al juez de Apóstoles. A la recusación de la defensa no se le dio lugar, como tampoco a los diferentes pedidos de nulidad que presentó tras dejar sentadas las sospechas sobre la falta de imparcialidad del Jurado.