Exempleada judicial había sido denunciada por estafa a fines de 2025

La exempleada judicial detenida e imputada por una presunta estafa con contratos laborales falsos, ya enfrentaba otra investigación penal por hechos similares antes de que estallara el caso conocido este año.

Según pudo confirmar El Territorio de fuentes ligadas a la pesquisa, Gisela S. había sido imputada en otro expediente iniciado a partir de una denuncia radicada en noviembre de 2025 por hechos prácticamente idénticos a los que hoy le atribuyen los 17 vecinos de la zona oeste de la capital y que impulsaron la causa más reciente.

Ese primer legajo quedó en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, quien el 26 de junio de este año la citó para recibirle declaración indagatoria.

De acuerdo con la información recabada por este medio, los denunciantes de aquella primera causa también son vecinos de Posadas que aseguraron haber sido engañados bajo un modus operandi prácticamente calcado al que se investiga el Juzgado de Instrucción Seis.

Siempre según esos testimonios, la mujer se presentaba como una “gestora” con llegada a distintos organismos estatales y con vínculos políticos, y ofrecía gestionar ingresos laborales en oficinas públicas provinciales y en la Municipalidad de Posadas. Para acceder a esos supuestos puestos de trabajo exigía distintas sumas de dinero, cuyos montos variaban según el tipo de contratación prometida: desde contratos temporarios hasta cargos en planta permanente.

Las víctimas expusieron que, una vez realizadas las transferencias o entregado el dinero, los empleos nunca se concretaban. Tampoco recuperaban los importes abonados, pese a los reiterados reclamos que realizaban cuando las fechas de ingreso prometidas se incumplían.

La similitud de las experiencias no pasó inadvertida. Tanto por el mecanismo denunciado como por el perfil de las presuntas víctimas, las promesas formuladas y la modalidad de cobro, las actuaciones presentan numerosos puntos de contacto que ya son objeto de análisis judicial.

En ese contexto, fuentes consultadas por este matutino señalaron que actualmente la Justicia evalúa ambos expedientes de manera paralela para determinar cuál será el criterio procesal a seguir. Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de unificar las investigaciones o definir qué juzgado continuará con la instrucción de los hechos.

Mientras la sospechosa permanece detenida en una dependencia policial, el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de la maniobra denunciada.

En ese contexto, entre otras medidas, ya declaró la denunciante de Gisela S. y empezó el proceso de citación a los demás damnificados mencionados en la denuncia penal (o, mejor dicho, la última conocida), que fue radicada el 23 de junio ante la Fiscalía de Instrucción Seis, con el patrocinio del abogado Federico Padolsky.

En paralelo a las testimoniales, la investigación también avanza sobre la evidencia digital. En esa línea, se analizan múltiples comprobantes de transferencias hechas posiblemente a la cuenta de la imputada, movimientos que deberán ser corroborados con información de las entidades bancarias.

Según pudo saber este diario, también fue sometido a peritaje el teléfono celular de la denunciante, con el objetivo de incorporar al expediente las conversaciones, mensajes y demás elementos que permitan reconstruir el vínculo entre ambas y verificar el mecanismo utilizado para captar a las víctimas.

Gisela S. fue detenida el 10 de julio pasado en un operativo en la Chacra 128 de Posadas. Allí, le secuestraron tres teléfonos celulares y otro equipo que fue entregado voluntariamente por la pareja de la mujer.

Trabajo que no llegó

El grupo que inicialmente se había confirmado de 17 afectados por esta maniobra fraudulenta se vería agravado significativamente. Y es que ahora se deberá reconstruir el universo de víctimas que denunciaron caer en las estafas de la “gestora” desde el año 2025 a la fecha.

De acuerdo con la investigación que comenzó en junio de este año, la acusada se presentaba como abogada penalista, perito forense y una persona con estrechos vínculos dentro del Poder Judicial y de distintos organismos estatales. Esa supuesta red de contactos le habría permitido ganarse la confianza de personas que buscaban acceder a un empleo registrado.

Tal como ya informó este matutino, Gisela S. está acusada de, inicialmente, prometer puestos de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad. Según consta en la denuncia, exigía alrededor de 500.000 pesos para contratos temporarios y hasta un millón de pesos para supuestos ingresos a planta permanente.

Con el correr de los meses, la oferta se amplió a otros organismos públicos, entre ellos el Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y la Municipalidad de Posadas. Para avanzar con los supuestos trámites, solicitaba fotografías de documentos personales y aseguraba que las confirmaciones llegarían por correo electrónico.

En el expediente también fueron incorporadas conversaciones de WhatsApp en las que la mujer pedía a sus interlocutores que reunieran “el máximo que puedan” para aumentar las posibilidades de acceder a un cargo permanente. En otros mensajes prometía que, antes de fin de mes, los postulantes firmarían sus contratos y cobrarían su primer sueldo.

Millonaria suma

Desde la querella de la causa expusieron que el monto total transferido por las víctimas superaría los 9,5 millones de pesos. Las operaciones habrían quedado registradas mediante distintos alias y cuentas bancarias personales utilizadas por la sospechosa, lo que permitió individualizar gran parte de los movimientos financieros.

Según se reconstruye en la causa que recayó en el Juzgado Seis, los primeros contactos comenzaron en marzo. Quienes inicialmente confiaron en la propuesta empezaron a recomendarla entre familiares, amigos y vecinos, convencidos de que los ofrecimientos eran legítimos.

Esa cadena de referencias hizo que el número de afectados creciera con el paso de las semanas.

Las víctimas sostienen que la acusada mantenía un contacto permanente mediante mensajes, fijaba supuestas fechas de ingreso, solicitaba documentación. En algunos casos, incluso requería nuevos pagos con la promesa de acceder a mejores condiciones laborales o cargos permanentes.

Fue tal la confianza, o la desesperación, que muchas familias decidieron vender animales de cría, materiales de construcción e incluso recurrir a préstamos informales para reunir el dinero solicitado.

A mediados de mayo, la mujer mantuvo una reunión presencial con varios de los denunciantes, ocasión en la que volvió a asegurar que los ingresos laborales estaban próximos a concretarse. Sin embargo, los llamados nunca llegaron y, cuando algunas de las víctimas se presentaron en los organismos públicos donde supuestamente debían comenzar a trabajar, descubrieron que las personas mencionadas por la gestora no existían o desconocían completamente la situación.

Frente a los reclamos, la acusada habría prometido devolver el dinero una vez que un supuesto “jefe” le reintegrara los fondos. El dinero nunca apareció y, con el correr de los días, Gisela S. dejó de responder llamadas y mensajes.

En cifras

$ 9,5 millones

De acuerdo a lo presentado en la última denuncia contra Gisela S., sus víctimas le habrían transferido un total de 9,5 millones de pesos.