Denunciaron a guardaparques por presuntas detenciones ilegales
Una treintena de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad por guardaparques del Parque Nacional de Iguazú en los últimos tres años, de acuerdo con una denuncia penal radicada por la Administración de Parques Nacionales (APN), informó ayer la agencia de noticias Télam.
miércoles 04 de mayo de 2005 | 2:00hs.
Una treintena de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad por guardaparques del Parque Nacional de Iguazú en los últimos tres años, de acuerdo con una denuncia penal radicada por la Administración de Parques Nacionales (APN), informó ayer la agencia de noticias Télam.
La presentación por esta y otras irregularidades cometidas presuntamente por doce guardaparques, fue realizada ante la Fiscalía Federal de primera instancia de Eldorado, a cargo de Lilian Edith Delgado.
De su lado, el sindicato que nuclea a los acusados denunció que la Administración de Parques está llevando a cabo una persecución de sus afiliados que participaron de la movilización y paro que hicieron los guardaparques en la última Semana Santa.
“Se tenía a menores esposados al costado de los lugares de asistencia del público. Estas conductas responden básicamente a una ideología de estas personas que creen que son fuerzas de seguridad y no guardaparques”, dijo Héctor Espina, director de la APN.
Los guardaparques se valían de alambres, sogas, sunchos plásticos y cintas de embalar para inmovilizar a los detenidos, según consta en la denuncia por malos tratos, padecimientos y mortificaciones.
Los hechos se habrían iniciado a partir de un oficio librado el 2 de junio de 2002, por el juez Federal de Eldorado, Mario Hachiro Doi.
El oficio en cuestión instruía de forma imperativa al cuerpo de guardaparques para que, ante la comisión de delitos en el Parque Nacional de Iguazú, realizaran las primeras actuaciones.
De esta manera, se otorgaba a los guardaparques el poder para realizar actas de procedimiento, arrestos preventivos y/o detenciones, lectura de derechos y garantías y croquis del lugar del hecho e inspección ocular, para luego traspasar las actuaciones a la fuerza de seguridad o policial correspondiente.
Con estas herramientas a su disposición, los guardaparques procedieron a adulterar formularios oficiales de la APN, crear formularios ajenos a la competencia funcional del organismo, como fichas dactilográficas, y detener de forma ilegal, trasladar, requisar e identificar personas en aparente exceso y desproporción entre los medios usados y la finalidad pretendida, según la presentación.
En la causa penal iniciada, se denuncia asimismo que los guardaparques participaron en allanamientos en extraña jurisdicción, y en procedimientos de control y vigilancia fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Iguazú.
“Estos personajes han labrado al menos 25 sumarios ilegales, y privaron de su libertad a 33 personas, entre las que se encuentran tres menores de edad, utilizando esposas, un elemento que es extraño al reglamento de uniformes y armamentos del cuerpo de guardaparques”, precisó Espina.
Las personas que habrían sido víctimas del presunto accionar irresponsable de los denunciados, habían sido sorprendidas cazando o pescando de manera furtiva o sustrayendo palmitos del área protegida.
Apuntan a Cieslik
El director de la APN confirmó que hay una docena de guardaparques involucrados, pero aclaró que el máximo responsable “es el jefe del grupo, que viene de la época del proceso militar, y otros cuatro o cinco que conformarían el núcleo duro”.
Los presuntos involucrados fueron separados provisoriamente hasta tanto se resuelva el tema legal, y se envió un nuevo jefe de guardaparques.
“Nuestra política es no esconder el tema debajo de la alfombra, y es por eso que hicimos la denuncia correspondiente”, destacó Héctor Espina.
El cuerpo de Guardaparques Nacionales carece de existencia jurídica autónoma, es un servicio auxiliar y depende de la APN en los términos del artículo 33 de la ley 22.351, cuyas atribuciones y deberes son fijados por el Poder Ejecutivo Nacional.
La otra versión
El desplazado jefe de guardaparques es Jorge Cieslik. El hombre es afiliado al Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina.
El gremio, antes de que se conociera la denuncia de la APN, difundió un comunicado en el que acusaba a la Administración de perseguir a sus afiliados.
“Como principal afectado de esta patraña institucionalizada en la que lamentablemente se ha sumido a la Administración Nacional de Parques Nacionales desde hace más de una década, el guardaparque Jorge Cieslik ha sido separado ‘preventivamente’ de su cargo por 30 días, por haber cumplido con el oficio otorgado por el juzgado Federal de Eldorado, el cual otorga a los trabajadores guardaparques del Parque Nacional Iguazú las garantías jurídicas para trabajar, enmarcados legalmente en los procedimientos que, por corte de palmitos, o caza furtiva de especies autóctonas (y algunas amenazadas de extinción) son frecuentes en dicho parque”, sostuvo el gremio en su escrito.
Añadió además: “Cabe aclarar que se ha trabajado bajo la orden de dicho juzgado Federal, desde hace cuatro años, y que la Administración Nacional de Parques Nacionales tiene y tuvo desde el primer momento de su implementación conocimiento de dicho proceder, sin haber impartido directiva alguna, como es común en las gestiones de la institución desde hace 15 años”.
La presentación por esta y otras irregularidades cometidas presuntamente por doce guardaparques, fue realizada ante la Fiscalía Federal de primera instancia de Eldorado, a cargo de Lilian Edith Delgado.
De su lado, el sindicato que nuclea a los acusados denunció que la Administración de Parques está llevando a cabo una persecución de sus afiliados que participaron de la movilización y paro que hicieron los guardaparques en la última Semana Santa.
“Se tenía a menores esposados al costado de los lugares de asistencia del público. Estas conductas responden básicamente a una ideología de estas personas que creen que son fuerzas de seguridad y no guardaparques”, dijo Héctor Espina, director de la APN.
Los guardaparques se valían de alambres, sogas, sunchos plásticos y cintas de embalar para inmovilizar a los detenidos, según consta en la denuncia por malos tratos, padecimientos y mortificaciones.
Los hechos se habrían iniciado a partir de un oficio librado el 2 de junio de 2002, por el juez Federal de Eldorado, Mario Hachiro Doi.
El oficio en cuestión instruía de forma imperativa al cuerpo de guardaparques para que, ante la comisión de delitos en el Parque Nacional de Iguazú, realizaran las primeras actuaciones.
De esta manera, se otorgaba a los guardaparques el poder para realizar actas de procedimiento, arrestos preventivos y/o detenciones, lectura de derechos y garantías y croquis del lugar del hecho e inspección ocular, para luego traspasar las actuaciones a la fuerza de seguridad o policial correspondiente.
Con estas herramientas a su disposición, los guardaparques procedieron a adulterar formularios oficiales de la APN, crear formularios ajenos a la competencia funcional del organismo, como fichas dactilográficas, y detener de forma ilegal, trasladar, requisar e identificar personas en aparente exceso y desproporción entre los medios usados y la finalidad pretendida, según la presentación.
En la causa penal iniciada, se denuncia asimismo que los guardaparques participaron en allanamientos en extraña jurisdicción, y en procedimientos de control y vigilancia fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Iguazú.
“Estos personajes han labrado al menos 25 sumarios ilegales, y privaron de su libertad a 33 personas, entre las que se encuentran tres menores de edad, utilizando esposas, un elemento que es extraño al reglamento de uniformes y armamentos del cuerpo de guardaparques”, precisó Espina.
Las personas que habrían sido víctimas del presunto accionar irresponsable de los denunciados, habían sido sorprendidas cazando o pescando de manera furtiva o sustrayendo palmitos del área protegida.
Apuntan a Cieslik
El director de la APN confirmó que hay una docena de guardaparques involucrados, pero aclaró que el máximo responsable “es el jefe del grupo, que viene de la época del proceso militar, y otros cuatro o cinco que conformarían el núcleo duro”.
Los presuntos involucrados fueron separados provisoriamente hasta tanto se resuelva el tema legal, y se envió un nuevo jefe de guardaparques.
“Nuestra política es no esconder el tema debajo de la alfombra, y es por eso que hicimos la denuncia correspondiente”, destacó Héctor Espina.
El cuerpo de Guardaparques Nacionales carece de existencia jurídica autónoma, es un servicio auxiliar y depende de la APN en los términos del artículo 33 de la ley 22.351, cuyas atribuciones y deberes son fijados por el Poder Ejecutivo Nacional.
La otra versión
El desplazado jefe de guardaparques es Jorge Cieslik. El hombre es afiliado al Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina.
El gremio, antes de que se conociera la denuncia de la APN, difundió un comunicado en el que acusaba a la Administración de perseguir a sus afiliados.
“Como principal afectado de esta patraña institucionalizada en la que lamentablemente se ha sumido a la Administración Nacional de Parques Nacionales desde hace más de una década, el guardaparque Jorge Cieslik ha sido separado ‘preventivamente’ de su cargo por 30 días, por haber cumplido con el oficio otorgado por el juzgado Federal de Eldorado, el cual otorga a los trabajadores guardaparques del Parque Nacional Iguazú las garantías jurídicas para trabajar, enmarcados legalmente en los procedimientos que, por corte de palmitos, o caza furtiva de especies autóctonas (y algunas amenazadas de extinción) son frecuentes en dicho parque”, sostuvo el gremio en su escrito.
Añadió además: “Cabe aclarar que se ha trabajado bajo la orden de dicho juzgado Federal, desde hace cuatro años, y que la Administración Nacional de Parques Nacionales tiene y tuvo desde el primer momento de su implementación conocimiento de dicho proceder, sin haber impartido directiva alguna, como es común en las gestiones de la institución desde hace 15 años”.
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