Juez de Familia cuestionó a profesional que intervino en el caso Aylhén Rocío

Viernes 18 de octubre de 2019 | 00:05hs.
Por Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Lejos de ocultar su fastidio por la repercusión del caso de Aylhén Rocío Mattos (18), la joven con múltiples discapacidades que falleció por desnutrición severa, el juez de Familia de Oberá, José Moreira, cuestionó la labor de la trabajadora social que el 6 de septiembre pasado presentó un informe socioambiental en dicho juzgado alertando sobre la situación de extrema vulnerabilidad en que se hallaba la chica. 
Tal como publicó El Territorio, dicho informe fue redactado por la licenciada Laura Cristina Bida en el marco de un proceso por la responsabilidad parental de la hermana más chica de Aylhén, actualmente de cinco años. 
En tal sentido, Moreira subrayó que en su juzgado nunca se tramitó ninguna causa ni se solicitó medidas de protección para la joven discapacitada, a pesar de que 35 días antes de su deceso recepcionaron el citado informe.
Asimismo, apuntó a la presunta responsabilidad que le correspondería a la licenciada Bida, la que si bien en este caso trabajó de manera particular para el demandante, integra las filas de la Policía de la Misiones y se desempeña bajo la órbita de la Unidad Regional II. 
“En septiembre esta trabajadora social fue al domicilio, es funcionaria pública y conoce la ley Provincial 3820 (de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes), entiende que las medidas de protección integral no se toman a partir del juzgado. Se toman a partir de los órganos administrativos o de los funcionarios que tienen el rol”, remarcó Moreira.
Por ello consideró que “el trabajo fue deficiente y nos puso a nosotros en la mirada de la sociedad como culpables de una situación en la que una niña, al cuidado de su abuela materna y de su madre, terminó falleciendo por vivir en condiciones infrahumanas”.

Dos expedientes 
En diálogo con un medio local, el juez de Familia detalló que Aylhén vivía con su madre, la abuela materna y dos hermanas menores, al tiempo que contaban con la colaboración de la familia ampliada, según los informes socioambientales y las intervenciones de su juzgado. 
“En la casa de esta familia había tres menores y la mamá de estas niñas tenía un proceso de cuidado iniciado por una de ellas que concluyó el año pasado, con un acuerdo en el cual la niña (del medio) se fue con el papá. Y, por otro lado, tenemos un proceso que se está tramitando ahora por la más chica, en el que también está en discusión el ejercicio de la responsabilidad parental de la mamá”, detalló el funcionario. 
Con relación al primer proceso judicial, explicó que “a principios de año la misma trabajadora social, que es funcionaria pública, tomó conocimiento de la causa y en mayo presentó un informe (…) le pagaron para que haga el informe. Se presentó a la vivienda y en el informe lo único que dijo sobre Aylhén fue que en su habitación había falta de higiene”. 
“Nunca habló de la situación personal de la joven. El autismo, la sordera y la ceguera de ella no son de ayer, no son de hace 20 días. Son de toda la vida. Entonces un funcionario público, ejerciendo en este caso una función privada, ingresa a una vivienda y presenta un informe al juzgado en el marco de ese juicio. Nosotros en ese juicio no resolvíamos la situación de Aylhén, y no hubo una denuncia”, agregó.

“La gente está confundida” 
Según indicó el magistrado, la misma profesional redactó los informes de las dos causas que se tramitan en su juzgado respecto a las hermanas menores de Aylhén.
En tanto, se apegó el tecnicismo judicial y deslindó las responsabilidades en la trabajadora social, que según su punto de vista debería haber denunciado la situación de la joven discapacitada para iniciar algún tipo de acción. 
En tal sentido, Moreira puso como ejemplo las limitaciones que tendría si en una audiencia un menor le manifiesta que es víctima de abuso sexual, cuestión que depende del ámbito penal. 
“Tiene que haber una denuncia relativa a la materia que el juez tiene a su cargo. Yo no podría resolver el caso de una violación por más de que venga un niño a una audiencia y me diga mi papá me viola, porque no puedo resolver la violación. Resolveré otras medidas, pero no la violación”, precisó. 
En consecuencia, más allá de que el informe socioambiental de la licenciada Bida fue claro y contundente, según Moreira su juzgado no pudo hacer nada para evitar el fatal desenlace porque no existió denuncia.  
Al respecto, opinó que “la gente cree que el juzgado es un lugar en el que cuando ingresan tienen que encontrar una solución del juez o el estado a través de la justicia, y ahí hay una lamentable confusión”. 
“La gente cree que el juez a través de la justicia tiene que darle a cada quien lo suyo, como si fuéramos un estado administrador, como si tuviéramos presupuesto propio para hacerlo. La gente está confundida. El Juzgado de Familia, como cualquier otro juzgado, es un ámbito de resolución de conflictos jurídicos, y para que un juez decida tiene que haber un conflicto jurídico”, remarcó. 

Qué dice la ley 3.820

Al cuestionar el accionar de la trabajadora social que el 6 de septiembre presentó el informe socioambiental, José Moreira citó la Ley Provincial 3820 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo artículo 40 cita que “toda persona que tome conocimiento de la existencia de abuso físico, psíquico, sexual, explotación o cualquier trato que impida o menoscabe los derechos de un niño, niña y adolescente, deberá informarlo inmediatamente a las instancias administrativas creadas por esta ley en los ámbitos provincial o municipal”.Según el juez de Familia, la profesional se limitó a presentar el informe y no denunció la situación ante un organismo competente, tal como especifica la ley. Además, remarcó la condición de funcionaria pública de la licenciada Bida, quien se desempeña en la Policía Comunitaria de la UR II.

El informe de Bida

Tal como informó en exclusiva este matutino, el pasado 6 de septiembre la licenciada Laura Cristina Bida presentó un pormenorizado informe socioambiental ante el Juzgado de Familia de Oberá alertando sobre el “alto riesgo de vida” de Aylhén Rocío Mattos, al tiempo que sugirió la intervención de organismos pertinentes. Pero la asistencia nunca llegó y 35 días después se produjo el deceso de la joven discapacitada, hecho por el que su propia madre, Teresita del Rosario M. (37), fue detenida bajo la sospecha de abandono de persona seguido de muerte. Bida dejó constancia de que la “extrema delgadez podría estar relacionada con la discapacidad o cierto descuido o falta de asistencia diaria. No pudiéndose constatar la asistencia de Aylhén a controles médicos que habría tenido en el último tiempo con el pediatra, a partir de la acreditación de certificados que se le solicitó a la señora Teresita del Rosario”. En ese contexto, consideró que la joven discapacitada “sería el miembro familiar más vulnerado en sus necesidades y derechos. Por lo que se solicita a V.S. (Vuestra Señoría) que la situación sea urgentemente abordada por los organismos pertinentes”.

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