Dos casos que confirman falencias en el sistema

Domingo 16 de septiembre de 2018
Daniel Villamea

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Durante dos años consecutivos fue el arquero menos vencido de una de las ligas amateurs más populares de la zona Centro. Ágil, veloz, de impecables reflejos, nadie imaginaría que padece una discapacidad del 80 por ciento por un problema de columna, como indica el certificado médico que le permitió acceder a una pensión por discapacidad.
Obtuvo la pensión en 2012, gracias a las gestiones de un intendente de un municipio de la ruta provincial 5 con aceitados contactos en Salud Pública.
Todo marchaba sin inconvenientes para el beneficiario, hasta que en mayo pasado gestionó un crédito Argenta en la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), donde le solicitaron un nuevo certificado médico que avale la supuesta discapacidad que padece.
Hizo las gestiones de rigor con el intendente conocido, quien le explicó que era complicado, que se quedara ‘en el molde’ y que no insistiera con el crédito, que no volviera por la Anses y que seguiría cobrando la pensión, que eso era mejor que nada.
Un caso de tantos, según una fuente del organismo nacional que desde hace años observa el manejo arbitrario de las pensiones por discapacidad.
Y aportó un dato contundente: de 180.000 beneficiarios al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, a diciembre del 2015 la cifra se elevó a casi 2 millones.
Por ello, en busca de un recurso para depurar el padrón, se exige un nuevo certificado médico para otorgar el crédito Argenta, rebautizado como crédito Anses.

La contracara
Hace tres años, Ramón Rojas (51) sufrió un accidente en la vía pública y padeció una doble fractura cervical, lesión que lo condicionará de por vida.
Fue intervenido quirúrgicamente y los médicos presagiaron lo peor, pero lentamente se fue recuperando y volvió a caminar. De todas formas, padece serias secuelas y su caso se agravó con un cuadro de artrosis lumbar.
En ese contexto, la junta médica que lo atendió dictaminó que padece discapacidad, tal como consta en el certificado emitido por Salud Pública.
“Con este certificado puedo viajar gratis en colectivo con un acompañante, pero en la Anses no me aceptan para la pensión por discapacidad. Yo trabajé toda mi vida como tarefero y albañil, pero ahora no puedo hacer fuerza”, aseguró.
Según Rojas, en la Anses le explicaron que debe tener el 65 por ciento de discapacidad para acceder al beneficio que pretende, aunque su certificado actual alcanza el 20 por ciento.
Al respecto, mencionó que “la Junta Médica de Posadas me dio eso, pero acá en Oberá dicen que tengo más y que me tendrían que dar la pensión porque no puedo trabajar. Lo que no entiendo es por qué me dan un certificado de discapacidad si no sirve”.
Contó que tiene dos menores a cargo y la familia subsiste con la pensión de madre de siete hijos que percibe su esposa. “Pero eso apenas alcanza medio mes y después vivimos de la caridad de los vecinos”, reconoció.

Uso político

Según fuentes de la Anses consultadas por este medio, en varios municipios de la zona Centro durante más de una década las pensiones por discapacidad fueron un instrumento político. En tal sentido, brindaron datos contundentes, como que el 30 por ciento de la población de Alberdi percibe dicho beneficio. Incluso, tras el cambio de gobierno, a las nuevas autoridades les llamó la atención el caso, por lo que enviaron un consultorio médico móvil para reevaluar a los beneficiarios. “Se naturalizó el uso político de las pensiones, como también de otras prácticas que van de la mano. Por ejemplo, en otro municipio chico detectamos que casi 100 personas tenían el mismo domicilio. Es gente que vive en Oberá pero tiene domicilio en otro lugar a fines electorales. El intendente les dice que hagan el cambio de domicilio a su municipio y que lo voten, y a cambio les consigue una pensión. “Esa gente vive y reclama servicios en Oberá, pero el día de las elecciones los buscan para votar en otro lado”, graficaron.


Tiene un CDI que se está quedando sin batería

Damián Hoffmann (33) recibió a El Territorio en su casa. Se lo ve venir a la entrada a paso lento y con una amplia sonrisa. Damián tenía 17 años cuando un día, jugando al fútbol, de repente se desmayó. Lo llevaron al hospital más cercano, donde todo quedó como un infortunado episodio sin tener algún mal diagnóstico.
Pasado el tiempo su cuadro empeoró y fue así que un médico amigo lo derivó al hospital Garrahan de Buenos Aires, donde descubrieron que tenía una displacia arritmogénica del ventrículo izquierdo.
La vida de Damián cambió por completo. De ser un joven deportista, alegre y social, pasó a estar encerrado todo el día en su casa.
Tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) pero su principal barrera es la espera. El tiempo atenta contra su vida.
El joven necesita un nuevo Cardio Desfibrilador Implantado (CDI) -fue operado en 2004- porque el que tiene se  está quedando sin batería. El CDI le permite tener una vida normal. En marzo hicieron el pedido ante el Garrahan pero sólo dan excusas. “Me dicen que espere, que no hay novedad y la última vez llamó mi hermano y se ve que no taparon la bocina del teléfono, al preguntar por mi pedido se escucha ‘otra vez ese que hinchapelota’”, contó. 

“Vivir con un hijo discapacitado es algo que uno no planificó”

María Magdalena Machado (58) es madre de Brian (19), que sufre las secuelas de haber pasado por una falta de oxígeno al nacer. Según indica María, no sabe exactamente cuál es el problema de su hijo, ya que tiene una serie de patologías, entre ellas, de motricidad y visuales.
María dice no tener ya las fuerzas de antes para contener a su hijo, que muchas veces se descontrola y se pone agresivo: “Vivir con un hijo discapacitado  es acostumbrarse a una vida que uno no planificó, las madres tenemos sueños maravillosos cuando esperamos un hijo; Brian fue el último de mis nueve hijos y no me imaginé que viviría algo así; mi hijo nació negro, le faltaba oxígeno, ya estaba pasada la fecha de parto, él se había ubicado mal en la panza y esa falta de oxígeno le traería secuelas; como yo era empleada doméstica no seguí los controles como debía ser”.
Y recordó: “Tenía 4 años y recién comenzó a caminar, lo hacía de una manera extraña, yo creía que era porque había comenzado a caminar muy grande. Empezaron las consultas y supe que tenía un alto grado de discapacidad, yo estaba sola y la verdad fue muy difícil; pasaron los años y mi hijo creció y la verdad es muy difícil la vida así. Él cuando se pone nervioso se descontrola; cuando era más chico lo podía manejar, ahora es casi imposible”, dijo entre lágrimas la mujer
María Magdalena es una mujer que dejó su vida de lado para cuidar a su hijo: “Tener una criatura con problemas es olvidarse de uno”. Contó además que Brian comenzó la escuela en Posadas dos veces por semanas gracias al contacto con la Asociación Sonrisas Especiales.
La madre sueña con que médicos hagan estudios mayores a su hijo y se lo diagnostique con presición para ser tratado de forma adecuada y mejorar así la calidad de vida de ambos. 

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