Comenzó el juicio a penitenciarios por apremios ilegales

Casi doce años después de la denuncia que dio inicio a la causa, tres agentes penitenciarios comenzaron a ser juzgados hoy en el Tribunal Federal de Posadas por apremios cometidos en perjuicio de varios internos de la Colonia Penal 17 de Candelaria. El debate oral y público comenzó ayer a la mañana, minutos después de las 8.30, en la sala de audiencias del dicho tribunal ubicado sobre la calle Félix de Azara, en pleno microcentro posadeño.

Los imputados que ocuparon un lugar en el banquillo de los acusados se tratan de José Luis Acosta (42), Ricardo Antonio Figueredo (39) y Víctor Javier Romero (40), quienes ayer optaron por abstenerse de declarar.

El primer paso fue la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la causa formulados tanto por la querella que intervino en una parte del proceso y de la fiscalía federal de Posadas.

De allí se desprende que el expediente se inició a partir de una denuncia en la cual se consigna que al menos cinco internos de la cárcel de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), relataron haber recibido maltratos verbales, golpes y otras vejaciones durante un procedimiento de requisa en el cual además le destruyeron varias pertenencias.

Según el relato de las víctimas, todo comenzó 1° de octubre de 2007, cerca de las 8 de la mañana, cuando seis miembros del cuerpo de requisa del penal ingresaron a los pabellones C y D (de procesados y condenados) para llevar adelante una requisa rutinaria.

Además, señalaron que fueron obligados a desvestirse y en esa instancia también sufrieron distintas vejaciones, además de tener que permanecer parados durante cinco horas en un sector distinto mientras los uniformados culminaban la requisa en los pabellones.

Todos estos hechos llegaron al conocimiento de Francisco Miguel Mugnolo, titular de Procuraduría Penitenciaria General de la Nación en ese entonces, quien terminó radicando la correspondiente denuncia que derivó en una causa que se instruyó en la esfera del Juzgado Federal de Posadas, a cargo del magistrado Ramón Chávez en esa época.

De acuerdo a lo detallado por la Procuraduría en la denuncia al menos seis internos aseguraron recibir “desmedidas golpizas, puñetazos, cachetadas y patadas, en la cabeza, cuello y espalda”.

Quien también intervino tras los hechos registrados fue el subdelegado en la Zona Norte, Jorge Ávila, quien se entrevistó con los denunciantes en el penal e incluso les tomó fotografías en los cuales se dejó constancia de las lesiones y hematomas que presentaban en ese momento.

La violenta requisa habría sido la gota que rebalsó vaso, dado que los internos aprovecharon para contar que los excesos dentro del penal se habían incrementado desde la asunción de quien por ese entonces era el jefe de la unidad carcelaria.

Los denunciantes fueron los reos Hugo Ismael Duré, Isaque Madureira Pacheco, Gregorio Verón, Víctor Hugo Maciel y Oscar Carballo, éste último quien incluso se constituyó como querellante en la causa pero ahora en la instancia de debate desistieron de participar.

Ayer, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira e integrado por sus pares Norma Lampugnani y Víctor Antonio Alonso, uno a uno llamaron ante el estrado a los imputados.

Allí le brindaron la oportunidad de declarar, pero los tres tomaron la misma decisión: permanecer en silencio mientras avance el proceso.

De esta forma, se procedió a la lectura de las declaraciones que cada uno de ellos aportó cuando fueron sometidos a audiencias indagatorias durante el proceso de instrucción de la causa.

Al momento de declarar respecto a las acusaciones en sus contra los tres fueron prácticamente coincidentes en sus testimonios. Ante las autoridades que investigaban el caso los penitenciarios reconocieron la requisa pero negaron episodios de violencia, aseguraron que tenían buena relación con los internos y que ninguno de ellos manifestó quejas después del procedimiento y, por último, indicaron que “les llamó la atención” la aparición de las denuncias posteriores.

Los penitenciarios están imputados de acuerdo a los incisos 2 y 3 del artículo 144 bis del Código Penal Argentina que da cuenta de apremios, severidades y/o vejaciones y que castiga con penas de entre uno y cinco años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

El debate continuará hoy, a partir de las 9.30, y se prevé una jornada maratónica que podría extender hasta horas de la tarde inclusive, dado que hay ocho testigos citados.