Candelaria: Empleados del hospital imputados por pensiones truchas

A casi tres años de que se descubriera la entrega de Pensiones No Contributivas (PNC) de manera anómala a cientos de habitantes de Candelaria, la investigación llegó a un punto cúlmine. Ello, debido a que ayer fueron enviados a peritaje los cuerpos de escritura de los únicos dos imputados por las firmas falsificadas de los formularios, denunciadas por el director del Hospital Nivel I de ese municipio, Ricardo Pereyra.

De acuerdo a lo expresado por el juez de Instrucción Nº1, Marcelo Cardozo, los resultados de dichos estudios, que estarían listos en el lapso de un mes, serían la clave para revelar si ambos sospechosos son realmente los culpables de adulterar los expedientes y hacer entrega de los beneficios de forma ilegal. En cuanto a los imputados, el juez Cardozo, en diálogo con El Territorio, confirmó que se trata de un hombre y una mujer, empleados del hospital local de Candelaria.

De comprobarse que las rúbricas de los formularios son de sus puños y letras, serían procesados por la falsificación.

Además, serán investigados como posibles responsables de adulterar tanto el sello del director del hospital, como el de la referida institución sanitaria. Estos elementos fueron utilizados en la maniobra para efectuar el llamado festival de pensiones.

Respecto de la situación del intendente Carlos Flores, el juez Cardozo afirmó que por el momento no estaría directamente vinculado, porque ninguno de los declarantes lo nombró como autor efectivo del hecho. Ello, a pesar de que al momento de conocerse la irregular situación, el mismo intendente se declaró como partícipe del engaño. “Yo le firmé a todo el mundo, inclusive una carpeta para mi hermana”, declaró en forma pública Flores, admitiendo haber facilitado la entrega de pensiones, tanto para sus familiares, como para empleados de la Municipalidad.

“Por la prohibición a la autoincriminación, aunque él lo haya dicho, se necesita que las personas lo indiquen como autor, y tener pruebas. Por eso estamos esperando que alguien diga algo”, señaló Cardozo.

No obstante, el jefe comunal, y candidato a una reelección en los próximos comicios, permanece involucrado en segunda línea, sin afectación directa.

Cabe destacar que vecinos, amigos y familiares del jefe comunal Flores también estarían señalados como beneficiarios de las pensiones por invalidez. Aunque todavía no se haya comprobado dicha información, según el juez.

Para llegar a tal determinación, el galeno identificó los formularios que corresponderían a su firma y cuáles no.

Posteriormente, se sometió al peritaje del cuerpo de escritura, para aseverar que lo que estaba diciendo era efectivamente real. “No hace falta ni siquiera un perito para darse cuenta que las firmas fueron adulteradas, eran muy burdas”, había indicado por entonces Pereyra.

El juez sostuvo que la pericia sobre los cuerpos de escritura lleva tiempo, ya que se trata de un trabajo minucioso del grupo de criminalística. “Las firmas no son siempre iguales, lo que sí son siempre iguales son los trazos. Eso es lo que los investigadores miran con detenimiento en las hojas de los cuerpos de escritura”, explicitó.

Por lo tanto, restará esperar aproximadamente un mes para conocer si finalmente fueron hallados los responsables directos de la entrega irregular de Pensiones No Contributivas en Candelaria.

La Nación incluye entre los requisitos necesarios para acceder a una pensión el Certificado Médico Oficial (CMO). Sus requerimientos deben ser completados desde el hospital público nacional, provincial o municipal, servicio o unidad sanitaria; con firma y sello del médico que lo extiende. Además de la firma y sello del director del establecimiento; y el sello del establecimiento asistencial.

Pereyra había verificado que al menos 300 expedientes tenían su firma falsificada, como también su sello y el de la institución, para iniciar el pedido de asignación de las PNC.

Luego de una auditoría, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación resolvió suspender el acuerdo firmado con el referido municipio, que permitía administrar el otorgamiento de pensiones por invalidez.

El objetivo principal del beneficio consiste en promover el acceso a derechos para personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Ello mediante la asignación de pensiones que no requieren de aportes para su otorgamiento.