Caso Ueno en Paraguay: imputaron a Peña y pidieron prisión preventiva para el expresidente

La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó este sábado un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía imputó formalmente al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank. Además, solicitó al juzgado penal de garantías que ambos cumplan prisión preventiva.

La presentación del Ministerio Público se produjo después de las respectivas comparecencias de los dos exfuncionarios, quienes fueron convocados a declarar tras quedar detenidos por orden fiscal. Peña permaneció aproximadamente tres horas en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, y posteriormente se retiró del edificio sin dejarse ver ante los periodistas que aguardaban en el lugar.

Aunque el procedimiento fue registrado como una audiencia indagatoria, tanto el exmandatario como Carvallo ejercieron su derecho a abstenerse de declarar. La decisión no impide que el proceso avance ni constituye una admisión de responsabilidad.

Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez formalizaron las imputaciones y presentaron los pedidos de prisión preventiva ante la instancia judicial correspondiente. Ahora será un juez penal de garantías quien deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Los delitos atribuidos a Peña y al extitular del Banco Central

La imputación contra Peña contempla los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, vinculados a las operaciones financieras investigadas en torno a Ueno Bank.

En el caso de Carvallo, la acusación incorpora esos mismos delitos y suma la presunta producción de documentos públicos de contenido falso. La investigación busca establecer qué responsabilidades tuvieron las autoridades políticas y financieras en las operaciones de la entidad y en los mecanismos de supervisión que debían controlar su funcionamiento.

La causa lleva el número 92/2026, bajo la denominación "Santiago Peña y otros s/ lesión de confianza y otros". Fue abierta por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, después de que se presentaran nuevas denuncias y se ampliara una investigación iniciada en 2025.

Uno de los principales aspectos bajo análisis es la concentración de depósitos de instituciones públicas y fondos previsionales en Ueno Bank, así como las decisiones adoptadas por el Banco Central frente a las señales de deterioro financiero de la entidad.

Las denuncias sostienen que el organismo regulador tenía información sobre problemas en las operaciones crediticias y la exposición del banco a empresas vinculadas al Grupo Vázquez desde abril de 2026. También cuestionan que determinadas medidas de control y regularización no se hayan aplicado oportunamente.

Entre los antecedentes mencionados figura una operación de venta de cartera de tres empresas a Vinanzas SA por unos 74,4 millones de dólares, financiada mediante préstamos del propio Ueno. Según los cuestionamientos incorporados a la investigación, el Banco Central detectó excesos de exposición crediticia con empresas vinculadas, pero las medidas correctivas habrían llegado tardíamente.

Otro punto bajo la lupa es una respuesta enviada al Senado el 7 de octubre, en la que Carvallo habría informado que el exceso estaba subsanado, pese a que existían observaciones técnicas que cuestionaban esa situación.

La investigación también examina el crecimiento de los depósitos públicos en la entidad. Entre los organismos que colocaron recursos en Ueno aparecen el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Economía y distintas cajas de jubilaciones.

De acuerdo con cifras preliminares citadas en las denuncias, hasta septiembre de 2026 los fondos públicos y previsionales concentrados en la entidad habrían alcanzado unos 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares. La Fiscalía deberá determinar qué decisiones permitieron esa concentración y si existieron responsabilidades penales.

Peña pasó tres horas en la Fiscalía y se retiró sin hablar con la prensa

La comparecencia del exmandatario estuvo rodeada de un importante operativo de seguridad. Peña había pasado la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde fue trasladado después de su detención en la vivienda particular, debido a las manifestaciones y los incidentes registrados en las inmediaciones de su domicilio.

Este sábado fue trasladado hasta la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para cumplir con la audiencia indagatoria. Su llegada se produjo bajo custodia policial y sin esposas, mientras un grupo de personas aguardaba novedades sobre su situación judicial.

La audiencia se extendió durante aproximadamente tres horas. Sin embargo, el expresidente decidió no responder las preguntas de los investigadores y se abstuvo de declarar. Al finalizar, abandonó las instalaciones de manera apresurada y evitó el contacto con los medios de comunicación.

La situación de Carvallo también quedó comprometida en el expediente. El extitular del BCP se había entregado voluntariamente a la Policía durante la noche del viernes, luego de conocerse la orden de detención emitida en su contra. Inicialmente quedó en dependencias del Departamento de Investigaciones y posteriormente fue trasladado a la Agrupación Especializada.

Ambos permanecen a disposición de las autoridades mientras se resuelve el pedido de prisión preventiva. La medida no está concedida automáticamente por la imputación y deberá ser analizada por el juzgado competente.

Los exdirectivos de Ueno ya están en prisión

Las nuevas imputaciones se suman al proceso penal que ya alcanza a integrantes de la conducción de Ueno Bank y a personas vinculadas con las empresas del grupo.

En la causa original fueron imputados 27 involucrados por distintos hechos punibles relacionados con la administración de la entidad y las presuntas irregularidades financieras.

Entre los principales procesados aparecen Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

Los delitos atribuidos en ese expediente incluyen conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.

El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, dispuso la prisión preventiva de los principales exdirectivos varones, quienes fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como la cárcel de Tacumbú. En tanto, las dos exdirectivas detenidas recibieron arresto domiciliario con dispositivos de vigilancia electrónica.

Con las imputaciones de Peña y Carvallo, la investigación amplía su alcance hacia quienes ocuparon los máximos niveles de responsabilidad política y de supervisión del sistema financiero paraguayo.

El BCP ya devolvió casi un billón de guaraníes a los ahorristas

Mientras la causa penal avanza, el Banco Central enfrenta otro desafío: devolver los depósitos a los millones de clientes que quedaron afectados por el proceso de resolución de Ueno Bank.

Este sábado, la institución informó que completó el primer tramo de restituciones mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). El monto desembolsado llegó a 994.601 millones de guaraníes, equivalentes a unos 168 millones de dólares.

El proceso permitió que aproximadamente 1.196.000 personas recibieran la totalidad o parte de sus ahorros. La primera etapa priorizó a los depositantes con saldos de entre 1 y 10 millones de guaraníes que no registraban deudas vencidas con la entidad, además de un grupo de cuentas con montos superiores.

El criterio utilizado apunta a alcanzar a la mayor cantidad posible de ahorristas con una parte del fondo disponible. Según explicaron desde el organismo, los tramos de montos más pequeños concentran una gran cantidad de beneficiarios y permiten avanzar con mayor rapidez en las devoluciones.

La cobertura legal del Fondo de Garantía de Depósitos alcanza hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por depositante, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación paraguaya.

Sin embargo, no todos los clientes reciben el dinero de la misma manera ni en el mismo momento. El BCP comenzó a avanzar ahora sobre los casos de personas que, además de tener depósitos, mantienen obligaciones crediticias con Ueno.

En esas situaciones, primero se descuentan las cuotas vencidas y luego se acredita la diferencia. Por ejemplo, si una persona tenía cinco millones de guaraníes depositados y registra dos millones en cuotas impagas, el monto a devolver será de tres millones.

Este procedimiento requiere cruzar las bases de datos de depósitos y créditos, por lo que los pagos de ese segmento demandan verificaciones adicionales.

Cuestionamientos por pagos de un guaraní y posibles errores en los registros

La devolución de los depósitos también abrió una controversia por la información utilizada para identificar a los beneficiarios.

Durante una conferencia de prensa realizada este sábado, representantes del Banco Central respondieron a los cuestionamientos surgidos después de que se difundiera un cruce de datos entre el padrón de legisladores y el listado de personas que ya figuraban como beneficiarias del Fondo de Garantía.

De acuerdo con ese relevamiento, 22 de los 121 integrantes del Congreso paraguayo aparecían como personas con pagos realizados o en proceso. La cifra representa el 18,2% de los legisladores: 17 diputados y cinco senadores.

Entre los registros también figuraba Leticia Ocampos, esposa de Santiago Peña.

La aparición de legisladores en los listados generó cuestionamientos sobre los criterios de prioridad utilizados para devolver el dinero. Sin embargo, el presidente interino del BCP, Pedro Acosta Bernal, rechazó que existiera un tratamiento preferencial para dirigentes políticos o funcionarios.

"Habían consultas sobre el privilegio de pagos a políticos: eso no es así. Nosotros acreditamos de 0 a 10 millones de guaraníes; todas las personas que están incluidas dentro de ese rango cobran. No hacemos distinciones de personas", sostuvo.

La polémica no se limitó a la presencia de políticos en los registros. También aparecieron reclamos de personas que aseguraron haber recibido transferencias de apenas un guaraní, montos inferiores a los que esperaban recuperar e incluso acreditaciones de dinero pese a afirmar que nunca habían tenido una cuenta en Ueno Bank.

Entre los casos mencionados estuvo el del senador José Oviedo, quien informó que recibió un guaraní pese a sostener que no era cliente de la entidad. El senador Rafael Filizzola también negó haber tenido una cuenta y anticipó que evaluaría acciones si se confirmaba su inclusión en los registros.

El BCP explicó que bajo la marca Ueno conviven antecedentes de distintas entidades financieras, entre ellas Financiera El Comercio y Visión, que contaba con su propia billetera electrónica. Por ese motivo, algunas personas podrían aparecer en las bases de datos por relaciones anteriores con esas instituciones, aunque no recuerden haber operado directamente con Ueno Bank.

El organismo reconoció que trabaja para reforzar los mecanismos de validación y aclaró que la información disponible en el portal de consulta corresponde a los lotes de pagos ya procesados. Por lo tanto, no aparecer todavía en el listado no significa necesariamente que una persona haya quedado excluida de la devolución.

Según los datos difundidos este sábado, todavía quedaban 669.336 cuentas pendientes de procesamiento, mientras el sistema avanzaba hacia los tramos que requieren mayores controles.

Las consultas por diferencias en los montos acreditados pueden canalizarse a través del correo pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py.

El dinero público y el futuro de los ahorristas, en el centro de la crisis

La dimensión del problema excede a los clientes particulares de Ueno Bank. La entidad llegó a reunir cerca de tres millones de clientes y administraba importantes recursos de organismos estatales y fondos previsionales.

El cierre y posterior procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central dejó inmovilizados los depósitos y obligó a activar los mecanismos de garantía para devolver el dinero a los ahorristas.

La ANDE, por ejemplo, presentó una denuncia penal contra directivos y funcionarios de Ueno Bank con el objetivo de recuperar los recursos que había depositado en la entidad. También se sumaron reclamos vinculados con los fondos del IPS, Itaipú, Yacyretá y otras instituciones públicas.

El problema de los grandes depositantes es particularmente complejo porque los montos que superan la cobertura del Fondo de Garantía dependen de los resultados del proceso de resolución y de la liquidación de los activos del banco.

El primer tramo de devoluciones permitió que más de un millón de personas recuperaran sus ahorros, pero todavía queda una parte importante del proceso por completar. Además, las dudas sobre la calidad de los registros y las diferencias en los montos acreditados agregaron presión sobre el organismo encargado de administrar los pagos.

De esta manera, Paraguay atraviesa dos procesos simultáneos: por un lado, una investigación penal que ya alcanzó al expresidente y al ex titular del Banco Central; por otro, una compleja operación financiera destinada a restituir los depósitos y establecer qué ocurrirá con los fondos públicos comprometidos.

La destitución de Peña, la imputación de los principales responsables políticos y financieros señalados en las denuncias y los reclamos de los ahorristas convirtieron el caso Ueno en una de las crisis institucionales y económicas más profundas que enfrenta el país en los últimos años.