Escándalo de Ueno Bank: 35 diputados buscan avanzar con el juicio político a Santiago Peña

La crisis financiera desatada por la intervención y el cierre de Ueno Bank escaló al plano político en Paraguay. Un grupo de 35 diputados de la oposición y de sectores disidentes del oficialismo presentó formalmente una acusación para impulsar un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Los legisladores responsabilizan a las máximas autoridades del Gobierno por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria, que dejó a millones de clientes sin posibilidad de operar con normalidad y puso bajo presión importantes fondos públicos.

La presentación se realizó este miércoles 4 de noviembre en la Cámara de Diputados y contempla dos acusaciones diferenciadas, una contra el jefe de Estado y otra contra su compañero de fórmula. Los impulsores solicitaron una sesión extraordinaria para tratar los proyectos, que fue convocada para este jueves 5 de noviembre a las 10.

El planteo representa uno de los momentos de mayor tensión política desde que Peña asumió la Presidencia en agosto de 2023. La situación también expone las diferencias dentro del Partido Colorado, que gobierna el país y mantiene mayoría parlamentaria, pero que enfrenta cuestionamientos de sectores internos por el manejo de la crisis financiera.

La iniciativa fue impulsada por los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, con el respaldo de legisladores de otras bancadas y de la disidencia colorada. Las 35 firmas reunidas, sin embargo, todavía están lejos de los votos necesarios para que la acusación avance hacia el Senado.

Las acusaciones contra Santiago Peña y Pedro Alliana

El documento presentado contra el presidente contiene cinco ejes centrales. Entre ellos aparecen presuntos conflictos de intereses por sus anteriores vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank; posibles modificaciones regulatorias que habrían favorecido a la entidad; la utilización de recursos del sistema previsional; el supuesto incumplimiento de límites crediticios y la responsabilidad política por el deterioro de la confianza en el sistema financiero paraguayo.

Uno de los cuestionamientos más delicados está relacionado con la participación que Peña tuvo en el conglomerado empresarial vinculado al banco. El mandatario mantuvo vínculos comerciales con el Grupo Vázquez y se desvinculó de sus acciones en 2025. Los legisladores consideran que esa relación debe analizarse en conjunto con las decisiones adoptadas por el Gobierno y las operaciones financieras realizadas con organismos estatales.

También cuestionan la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay. Carvallo había encabezado anteriormente una entidad financiera vinculada a Ueno y su nombramiento fue señalado por los impulsores del juicio político como un posible conflicto de intereses.

Otro de los puntos centrales es la exposición de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank. El libelo acusatorio menciona certificados de depósito de ahorro por cientos de miles de millones de guaraníes y bonos por más de 32 millones de dólares. Para los legisladores, esas operaciones requieren investigar si se respetaron los límites y las condiciones de seguridad exigidas para administrar los recursos previsionales.

En el caso del vicepresidente Pedro Alliana, la acusación apunta a su presunta intervención política para favorecer a la entidad y a su responsabilidad en las decisiones gubernamentales relacionadas con los fondos públicos. Los diputados también cuestionan el silencio de las autoridades frente a las advertencias sobre la situación financiera del banco.

Se trata de acusaciones formuladas por los legisladores y que deberán ser evaluadas en el ámbito parlamentario. Su presentación no implica que los hechos denunciados hayan sido judicialmente comprobados ni que los funcionarios hayan sido destituidos.

El colapso de Ueno Bank que desató la crisis

El detonante de la ofensiva parlamentaria fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir y disponer la resolución de Ueno Bank, luego de detectar un deterioro severo de sus indicadores financieros. La entidad tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.

La medida se tomó después de comprobar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. Este indicador permite evaluar la capacidad de una entidad financiera para responder frente a los riesgos asumidos y sostener sus operaciones.

La resolución implicó el cese de las operaciones habituales de la entidad, el cierre de sucursales y restricciones para que los clientes pudieran retirar o transferir sus ahorros. La situación generó preocupación en todo el país, con largas filas frente a las dependencias bancarias y reclamos de personas que intentaban recuperar su dinero.

El impacto también alcanzó al sector público. Ueno administraba entre 800 y 850 millones de dólares correspondientes a fondos de organismos estatales, entre ellos unos 380 millones de dólares vinculados al sistema previsional y sanitario paraguayo.

La dimensión del problema explica por qué el caso dejó de ser exclusivamente financiero y se convirtió en una crisis institucional. La caída de una entidad con millones de usuarios y una importante participación de recursos públicos abrió interrogantes sobre los controles del sistema bancario, las decisiones de los organismos reguladores y los vínculos entre el poder político y el sector privado.

Directivos detenidos e investigación por presuntas irregularidades

La crisis también derivó en una investigación judicial sobre el funcionamiento de Ueno y las operaciones de sus principales responsables. El Ministerio Público dispuso la detención de ocho personas vinculadas con la conducción de la entidad y abrió una investigación por posibles delitos relacionados con la administración financiera y el manejo de recursos.

Entre los detenidos se encuentran directivos de la entidad, incluido su presidente, Juan Manuel Gustale. La investigación también alcanzó a otros integrantes del Grupo Vázquez.

Las autoridades judiciales avanzaron sobre documentación financiera y operaciones que podrían haber permitido canalizar recursos hacia empresas relacionadas con los propietarios del banco. Entre las irregularidades bajo análisis aparecen posibles excesos en los límites de crédito para compañías vinculadas con los accionistas.

El Banco Central había advertido previamente sobre la exposición de Ueno a operaciones con empresas relacionadas con sus propietarios. Ese antecedente es uno de los elementos que alimentan los cuestionamientos sobre la supervisión que recibió la entidad antes de llegar a la situación que motivó su intervención.

Qué necesita la oposición para destituir a Peña

El pedido de juicio político deberá superar dos instancias parlamentarias para que pueda derivar en la separación de los mandatarios de sus cargos.

De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución paraguaya, la Cámara de Diputados tiene la facultad de formular la acusación y necesita reunir una mayoría de dos tercios. Sobre un total de 80 integrantes, se requieren 53 votos para que el procedimiento avance hacia el Senado.

En la Cámara Alta, que funciona como tribunal, se necesita nuevamente una mayoría de dos tercios, equivalente a 30 votos sobre sus 45 miembros, para declarar la culpabilidad y habilitar la destitución.

Los impulsores del pedido buscan sumar a diputados colorados disidentes y a legisladores que hasta ahora acompañaron al Ejecutivo. Sin una ruptura significativa dentro del oficialismo, alcanzar los dos tercios aparece como un desafío parlamentario importante.

La respuesta de Peña y el impacto en el oficialismo

En medio de la crisis, Santiago Peña pidió que se investigue a los responsables del colapso financiero y sostuvo que deberán responder ante la Justicia sin privilegios. También impulsó medidas para acelerar la devolución de los depósitos y garantizar la protección de los recursos públicos.

El mandatario solicitó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, cuya gestión quedó bajo cuestionamiento por la supervisión de la entidad. Además, decidió suspender un viaje previsto a España para atender la situación en el país.

La crisis también provocó tensiones dentro del Partido Colorado. Mientras algunos dirigentes respaldaron al presidente y apuntaron contra los organismos de control, otros sectores comenzaron a cuestionar abiertamente su conducción y el costo político que podría tener el escándalo.

El conflicto llega, además, en un momento de movimientos internos de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Alliana era uno de los nombres que se perfilaban dentro del oficialismo para la sucesión de Peña, aunque había anunciado que pondría en pausa su precandidatura.

La situación abre un escenario complejo para el Gobierno paraguayo: a la incertidumbre de los ahorristas y las investigaciones judiciales se suma ahora una ofensiva legislativa que busca llevar al presidente y al vicepresidente ante un juicio político.

Por el momento, la presentación de los 35 diputados constituye el inicio de un proceso que todavía necesita reunir mayorías especiales. La sesión extraordinaria convocada para este jueves será el primer termómetro para medir si el descontento por la crisis de Ueno Bank logra convertirse en una mayoría parlamentaria capaz de poner en riesgo la continuidad del Gobierno.