Causa Libra: Casación abrió la puerta para que tres damnificados puedan participar como querellantes
La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $Libra registró un nuevo avance. La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del rechazo al pedido de tres presuntos damnificados que buscan incorporarse formalmente al expediente como querellantes, una condición que les permitiría intervenir activamente en el proceso.
La decisión fue adoptada este miércoles por la Sala II del máximo tribunal penal, que hizo lugar, por mayoría, a un recurso presentado por Vladislav Lapchenko, Sviatlana Krasutskaya y Martín Romeo. Los tres habían solicitado ser reconocidos como parte acusadora en la causa, pero su planteo fue rechazado inicialmente por el Juzgado Federal Nº 8 y luego ratificado por la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La resolución contó con los votos favorables de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia y consideró que el recurso debía ser declarado inadmisible.
Una revisión judicial
El fallo no convierte a los tres reclamantes en querellantes ni revierte, por el momento, las decisiones anteriores. Lo que resolvió Casación es habilitar el tratamiento del recurso para que se analicen los argumentos con los que cuestionaron la negativa a permitirles participar en la investigación.
Slokar entendió que los planteos presentados podían encuadrarse dentro de las causales de revisión contempladas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación. Por ese motivo, consideró que correspondía hacer lugar a la queja.
Ledesma coincidió con esa postura y sostuvo que los recurrentes habían introducido una cuestión federal suficiente para justificar la intervención del tribunal.
En sentido contrario, Yacobucci votó por rechazar la presentación y declarar inadmisible el recurso, con costas. Finalmente, se impuso la mayoría y el tribunal resolvió conceder la instancia de casación.
La querella
La posibilidad de incorporarse como querellantes tiene consecuencias concretas para quienes denuncian haber resultado perjudicados por la operatoria de $Libra. Si obtienen ese reconocimiento, podrán intervenir formalmente en el expediente, solicitar medidas de prueba, presentar planteos y recurrir determinadas decisiones judiciales.
Entre esas facultades se encuentra la posibilidad de cuestionar resoluciones relevantes, como el sobreseimiento que benefició al presidente Javier Milei y a los demás investigados, dictado a partir de un pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi había rechazado originalmente la incorporación de los damnificados, criterio que luego fue confirmado por la Cámara Federal. Ahora, Casación deberá examinar los cuestionamientos contra aquellas decisiones.
Como parte del procedimiento, la Sala II dispuso solicitar el pase digital del legajo de apelación y ordenó remitir las actuaciones a la Oficina de Sorteos para determinar la sala o integración que continuará con el trámite.
La causa
El expediente investiga las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la operatoria de la criptomoneda $Libra, un activo digital que Javier Milei difundió a través de sus redes sociales y cuyo valor sufrió un abrupto desplome después de un importante movimiento de compras y ventas.
La controversia derivó en denuncias judiciales de personas que aseguran haber sufrido pérdidas económicas y buscan determinar las responsabilidades detrás de la operación.
En este contexto, la decisión de Casación introduce una nueva instancia de discusión sobre los derechos procesales de los damnificados. Sin embargo, no representa un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del Presidente ni de los restantes acusados, tampoco implica que la Justicia haya confirmado la existencia de una estafa.
Por ahora, el alcance del fallo es estrictamente procesal: habilita la revisión del rechazo a los pedidos de participación como querellantes. El resultado de esa discusión determinará si los reclamantes pueden asumir un papel activo en una investigación que todavía mantiene abierto el debate judicial y político en torno al caso.
