El torno de Caputo y el sillón de Rivadavia
En el Día de la Industria la cosa se picó. Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, eligió una imagen eficaz para expresar el malestar manufacturero. Dijo que el Gobierno “no conoce el país” ni “lo que es una fábrica” y apuntó contra Luis Caputo (de ahora en adelante, “el Toto”): “Estamos manejados por Rivadavia II”, por “un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”.
La frase condensó varias discusiones argentinas: industria contra finanzas, mercado interno contra apertura y, otra vez, una interpretación del pasado puesta al servicio de una disputa del presente.
El contexto explica el enojo. La industria manufacturera atraviesa una etapa difícil, sobre todo en ramas expuestas a la competencia importada. El Gobierno de Javier Milei hizo de la estabilización, la apertura comercial y la desregulación ejes centrales de su programa. El Toto respondió que debe defender “los intereses de 48 millones de argentinos”. Los industriales replican que se los obliga a competir antes de reducir el “costo argentino”. Martín Rappallini, presidente de la UIA, tomó distancia de Moretti, aunque también reclamó un “puente” hacia una economía más competitiva.
Menos feliz resulta la comparación con Bernardino Rivadavia (de ahora en adelante, “el Bernie”). El “Rivadavia vendepatria” pertenece al repertorio polémico de una parte del revisionismo histórico y no constituye una caracterización seria. Fue uno de los grandes reformistas rioplatenses de la primera mitad del siglo XIX: un hombre de formación ilustrada, admirador de las corrientes liberales europeas y convencido de que el atraso institucional podía corregirse mediante un Estado más racional, una administración moderna y una sociedad educada. Ese impulso encontró su mejor momento como ministro de Martín Rodríguez, entre 1821 y 1824, durante la llamada “feliz experiencia” bonaerense. Promovió una profunda reorganización del Estado provincial, impulsó la reforma eclesiástica, amplió la representación política, reorganizó la administración, creó instituciones culturales y educativas y tuvo un papel decisivo en la fundación de la Universidad de Buenos Aires. En 1826, cuando recibió el título de presidente en uno de los tantos intentos de organización nacional posteriores a 1810, comprobó que trasladar aquella “feliz experiencia” a provincias que no terminaban de ponerse de acuerdo, que no legitimaban su liderazgo y que, además, estaban en guerra con Brasil, era bastante más complicado.
El empréstito con Baring Brothers ocupa un lugar privilegiado en la construcción revisionista del amigo Bernie, y durante décadas se lo presentó casi como el acto inaugural de una subordinación financiera deliberada a Gran Bretaña. El préstamo fue autorizado en 1822 por la Legislatura de Buenos Aires, cuando Rivadavia era ministro de Martín Rodríguez y todavía no existía un gobierno nacional. Tuvo una responsabilidad política indudable en la iniciativa y en la organización de la negociación, aunque la operación correspondía al gobierno provincial y su ejecución financiera estaba en manos del ministro Manuel José García. El contrato con Baring se cerró en 1824, casi dos años antes de que Rivadavia llegara a la “presidencia”, con el propósito declarado de financiar el puerto, obras sanitarias y nuevos poblados. Fue una operación cara, mal instrumentada y cuyos objetivos originales no se cumplieron; parte de los recursos terminó absorbida por necesidades fiscales y, posteriormente, por la Guerra del Brasil. Tampoco esa guerra había sido iniciada por el Bernie: comenzó a fines de 1825 y él asumió la presidencia en febrero de 1826. Aquella deuda sobrevivió a gobiernos, guerras civiles y reorganizaciones institucionales, fue finalmente asumida por el Estado argentino consolidado y terminó de cancelarse en 1904. Convertir toda esa secuencia en la historia de un hombre que “endeudó al país para servir a Inglaterra” puede ser eficaz como consigna política, pero resulta demasiado pobre como explicación histórica.
La industria argentina creció desde fines del siglo XIX alrededor del agro, frigoríficos, molinos, alimentos y talleres ferroviarios. La crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial aceleraron la sustitución de importaciones y expandieron textiles, metalurgia y química. Con el desarrollismo de fines de los cincuenta y los sesenta se incorporaron ramas más complejas y la manufactura alcanzó cerca de un tercio del producto, muy por encima del agro aunque todavía por debajo de los servicios. Desde mediados de los setenta perdió participación frente a una economía cada vez más terciarizada.
Hoy la manufactura representa alrededor del 13% del PBI y el 10% de los puestos de trabajo. Conserva ventajas importantes, pero ya no puede considerarse “la” principal fuente de trabajo de la economía argentina.
El llamado “costo argentino” describe problemas reales: inflación, crédito escaso y caro, mala logística, infraestructura insuficiente, impuestos distorsivos y deterioro educativo. Durante largos períodos, sin embargo, parte del empresariado industrial pudo convivir con esas deficiencias porque el Estado las compensó con aranceles, licencias, cupos, restricciones cambiarias o un tipo de cambio favorable. El costo no desaparecía: sin suficiente competencia externa, terminaba trasladándose al consumidor a través de precios más altos.
Esto genera un riesgo moral: si ante la pérdida de competitividad una empresa puede recurrir sistemáticamente a la protección, disminuyen los incentivos para innovar, invertir o ganar escala. No toda industria protegida es ineficiente ni toda apertura abrupta es sensata, pero la protección prolongada tampoco puede convertirse en un derecho adquirido. Mientras los industriales reclaman mejores rutas, crédito, educación y estabilidad, un mercado cautivo puede hacer que buena parte del “costo argentino” termine financiándolo el consumidor.
Se entiende la preocupación de Moretti. Es un empresario pyme del interior y representa a firmas que ven cambiar con rapidez las reglas de juego. También es razonable que el Gobierno recuerde que detrás de cada política cambiaria o arancelaria hay millones de consumidores que terminan pagando sus efectos.
El Bernie terminó sus días lejos del poder y de Buenos Aires, y murió en Cádiz en 1845. Tal vez convenga concederle, a esta altura, algo de descanso y reconocer que ni el torno agota el problema de la industria ni el sillón de Rivadavia explica por sí solo los dilemas económicos argentinos. El desafío sigue siendo producir más, competir mejor y generar buenos empleos sin trasladar indefinidamente las ineficiencias de unos sobre otros.
La historia, no obstante, se reservó una última ironía, con una nota tragicómica bien argenta: el Bernie murió un 2 de septiembre, el Día de la Industria.
Por Juan Carlos Waldemar Avelli
Licenciado en Historia