Ponen en debate la seguridad en frontera por proyecto de Nación

La discusión por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a trascender el plano jurídico para instalarse en otros ámbitos sensibles, como la seguridad y el control territorial. Entre las modificaciones que impulsa el gobierno nacional figura una reforma de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011, que actualmente establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

La normativa vigente fija restricciones para evitar una concentración excesiva. Entre ellas, determina que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, porcentaje que también se aplica en cada provincia y municipio. Además, establece límites para que una misma nacionalidad no concentre una porción significativa del territorio y fija topes de superficie según la capacidad productiva de cada región. Tendrá tratamiento en el Senado este 6 de agosto. La propuesta abrió interrogantes sobre sus posibles consecuencias en provincias fronterizas como Misiones, donde hay un fuerte rechazo a la aprobación de tal propuesta.

Interés por zonas de frontera

Uno de los especialistas que expuso sus reparos durante el tratamiento legislativo fue el sociólogo Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), quien centró su análisis en el impacto que podría tener la reforma sobre el control de los territorios fronterizos. Expuso y puso como ejemplo a Misiones, pero también indicó que provincias como Salta o Jujuy pueden “ser operativas para un control criminal”.

Durante una exposición, el investigador advirtió que las franjas limítrofes constituyen uno de los espacios más codiciados por las organizaciones criminales debido a la facilidad que ofrecen para el traslado de drogas, armas, mercancías de contrabando e incluso minerales extraídos ilegalmente.

“Los territorios fronterizos son altamente codiciados por los grupos de alta criminalidad porque les permiten operar mucho más fácilmente”, sostuvo.

Explicó que “el riesgo no radica en que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras, sino en la eventual reducción de las herramientas de control que tiene el Estado para intervenir”.

Misiones, punto atractivo para el crimen organizado

Durante su exposición en el Senado, Marcelo Bergman (sociólogo), puso a Misiones como ejemplo y planteó el escenario hipotético de que organizaciones criminales de alcance regional, como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, pudieran adquirir terrenos próximos a la frontera para utilizarlos como centros logísticos destinados al almacenamiento, procesamiento o distribución de drogas. “No queremos que organizaciones así tengan un control férreo sobre determinados territorios fronterizos”, afirmó. Aclaró que no sostiene que la reforma conduzca automáticamente a ese escenario, pero sí consideró necesario mantener herramientas legales que permitan al Estado supervisar con rapidez las operaciones inmobiliarias en áreas consideradas estratégicas.

Detalló que en términos militares esas organizaciones buscan instalar “cabezas de puente”. Es decir, “puntos de apoyo desde donde consolidan su presencia y organizan la logística de las actividades ilegales. Una vez establecidos esos enclaves, desarticularlos suele demandar años de investigación y una fuerte intervención estatal”.

Recurrió a experiencias registradas en otros países de América Latina, como la frontera entre Colombia y Ecuador, donde la expansión de organizaciones dedicadas al narcotráfico derivó en un crecimiento sostenido de la violencia.