Rechazo a iniciativa de derogar la Ley de Actividad Librera

El gobierno nacional busca derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, la norma fue sancionada en 2001 y establece que cada libro tenga un precio único de venta al público en todo el país, fijado por la editorial o el importador. En este sentido, la posibilidad de comprar libros más baratos es el principal argumento con el que Nación impulsa esta modificación que ya ha generado el rechazo de toda la cadena.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que eliminar esa regulación permitirá una mayor competencia entre los vendedores y habilitará descuentos que hoy la legislación impide.

Como ejemplo, relató el caso de un librero que durante la última Feria Internacional del Libro de Buenos Aires habría querido vender un ejemplar de Las crónicas de Narnia a un precio inferior al fijado por la editorial y debió adecuarse al valor oficial.

En este marco, bibliotecas populares, editoriales independientes y librerías consultadas coinciden en que la ley no impide competir, sino que “establece reglas comunes para evitar que grandes cadenas comerciales y plataformas de venta concentren el mercado mediante descuentos imposibles de sostener para los pequeños actores, los cuales con el avance de esta derogación podrían desaparecer y ser los más perjudicados”.

En Misiones, donde funcionan decenas de bibliotecas populares y un creciente entramado de editoriales independientes, el proyecto encendió las alarmas.

Referentes de diversos sectores que forman parte de la cadena de los libros manifestaron que una eventual derogación afectaría el acceso a la lectura, pondría en riesgo la supervivencia de librerías de barrio y limitaría la circulación de nuevas voces editoriales.

Bibliotecas con menos libros

Uno de los sectores que observa con mayor preocupación el proyecto es el de las bibliotecas populares. Norberto Rivas, fundador de la Biblioteca Popular 2 de Abril de Posadas, explicó en diálogo con El Territorio que la Ley 25.542 no sólo regula el precio de venta de los libros, sino que además contempla condiciones especiales para que estas instituciones puedan adquirir ejemplares.

Según indicó, la legislación permite acceder a descuentos que resultan fundamentales para mantener actualizadas las colecciones.

“Si se desregula el mercado, los precios van a quedar en manos de las grandes cadenas y habrá títulos que serán imposibles de adquirir para las bibliotecas”, advirtió.

Rivas recordó que las bibliotecas populares participan cada año del programa “Libro %”, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que subsidia parte de la compra de ejemplares durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Sin embargo, advirtió que ese beneficio perdería eficacia si los precios aumentan tras una eventual desregulación.

“Hoy el subsidio permite ampliar nuestras colecciones, pero si los libros duplican o triplican su valor, muchas bibliotecas ya no podrán incorporar novedades”.

Para el referente, la consecuencia inmediata será el desactualización de los catálogos y una menor oferta para los lectores. “Nosotros buscamos que la gente tenga más acceso a la lectura, no que ese acceso se restrinja.”

También advirtió: “Las librerías independientes serían otras de las grandes perjudicadas, ya que difícilmente podrían competir con las promociones de grandes superficies comerciales o plataformas de venta”.

Por último, ratificó su rechazo al avance de una derogación de la Ley vigente y solicitó que “si se trata pedimos el apoyo de todos los legisladores para que no salga, hay evidencias en otros países que leyes así restringen un derecho como tener acceso a la lectura, en Argentina leer es un derecho no debería ser un privilegio”. Rivas destacó la labor de las Bibliotecas Populares y de quienes la sostienen, “para que toda la población tenga acceso a la lectura”.

Añadió que en el caso de la Biblioteca 2 de Abril, “no cobramos cuota societaria porque entendemos que un chico- familia que no puede pagar no puede quedarse sin hacer su tarea o sin acceder a un libro”.

Por ende, señaló que se sostienen a través de la venta de pastelitos, alfajorcitos y comidas en general para los gastos de mantenimiento.

Una ley que protege

Por su parte, la presidenta de la Biblioteca Popular Sarmiento de Santa Ana y vicepresidenta de la Federación Misionera de Bibliotecas Populares, Elsa Tañski, coincidió en que la discusión trasciende por el precio de un libro. “El libro no es un objeto cualquiera. Es un pilar de la cultura y de la educación”, afirmó.

Explicó que el sistema de precio único protege a toda la cadena editorial al impedir prácticas comerciales que podrían desplazar a pequeñas editoriales, librerías y distribuidores.

También recordó que la ley contempla beneficios específicos para las bibliotecas populares, que cada año incorporan nuevos ejemplares gracias a los descuentos obtenidos durante la Feria Internacional del Libro.

Para Tañski, dejar el precio librado exclusivamente a la oferta y la demanda terminaría favoreciendo a los grandes grupos editoriales y limitaría la denominada “bibliodiversidad, es decir, la posibilidad de que convivan autores, editoriales y propuestas culturales diferentes”.

Riesgo en editoriales

Desde el sector editorial independiente también expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa.

Luciano Páez Souza, editor de Monogramático, sostuvo que la Ley de Defensa de la Actividad Librera no elimina la competencia, sino que fija reglas iguales para todos los participantes del mercado.

“La competencia sigue existiendo. Lo que cambia es que no se compite por quién puede vender a pérdida, sino por la calidad del catálogo, del trabajo editorial y del servicio”, explicó en diálogo con Radioactiva 100.7.

Sostuvo además que reducir el debate únicamente al precio de los libros implica desconocer cómo funciona la industria editorial. “El principal componente del costo de producción continúa siendo el papel y si el objetivo es abaratar los ejemplares, esa debería ser la discusión de fondo”. 

Páez Souza insistió además en que el libro no puede analizarse únicamente como una mercancía. “Cuando desaparecen editoriales independientes no desaparecen marcas; desaparecen voces, autores, traducciones y miradas sobre el mundo”.

Planteó que una eventual derogación favorecería la concentración comercial y cultural en pocas empresas con capacidad para absorber descuentos que hoy las pequeñas editoriales y librerías no pueden afrontar.

El debate

En este sentido, mientras el Gobierno nacional sostiene que eliminar el precio único permitirá aumentar la competencia y ofrecer libros más económicos, los referentes consultados coinciden que el debate trasciende el valor de un ejemplar. “No es una mercancía”, repiten varios de los entrevistados dándole un mayor valor (más allá de lo remunerativo) al libro y su trasfondo.

Aseguran que la discusión involucra el futuro de bibliotecas populares, librerías independientes, editoriales regionales, autores y lectores, además del modelo de circulación del libro en Argentina.

Por el momento, la decisión final quedará en manos del Congreso una vez avance el tratamiento de este proyecto. Por el momento, el rechazo ya sea a nivel nacional y local, toda la cadena librera muestra su rechazo a estas modificaciones que, según indican,  no se limita al funcionamiento del mercado, sino que alcanza de lleno a la cultura, la educación y el derecho de acceso a la lectura.

La ley 25.542, en defensa de la actividad

La Ley 25.542 de Argentina conocida como la Ley de Defensa de la Actividad Librera, establece el precio único o uniforme al público (PVP) para los libros nuevos, fijado por las editoriales o importadores. Es obligatoria en todo el país. En este sentido, el objetivo es que el libro tenga un precio fijado en cualquier librería o punto de venta en Argentina, sin importar la provincia o región. De este modo, la normativa busca evitar que las grandes cadenas o ptalaformas realicen descuentos agresivos que perjudiquen a librerías independientes y pequeñas. Además, apunta a asegurar que una gran variedad de títulos y autores minoritarios tengan espacio en el mercado. Incluso, la norma contempla excepciones para ventas destinadas a bibliotecas populares, instituciones educativas, y aquellas con fines  científicos y culturales.