Avanza la reforma inmobiliaria que impulsa el ministro Sturzenegger

El mercado inmobiliario argentino podría ingresar en una de las reformas más profundas de las últimas décadas. El proyecto que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar de raíz el ejercicio del corretaje inmobiliario y cambiar la forma en que operan corredores, inmobiliarias, plataformas digitales y desarrolladores.

Aunque el texto todavía no ingresó al Congreso (llegaría en los próximos días) y deberá atravesar el debate legislativo, el borrador ya abrió una fuerte discusión entre quienes consideran que la iniciativa modernizará el sector y quienes advierten sobre un riesgo de desprofesionalización. La propuesta parte de un cambio conceptual. Si prospera, el corretaje dejará de ser considerado una profesión regulada para convertirse en una actividad de intermediación comercial. A partir de esa modificación se desprenden otras reformas que afectarían la matriculación, el rol de los colegios profesionales, la competencia entre empresas, el alcance territorial de la actividad y la forma en que se fijan los honorarios.

Para el gobierno, el objetivo consiste en reducir barreras de ingreso, ampliar la competencia y facilitar la aparición de nuevos modelos de negocios. Del otro lado, colegios profesionales y referentes del sector sostienen que la regulación vigente protege a los consumidores y aporta seguridad jurídica en operaciones que involucran el principal patrimonio de las familias.

Los cambios que propone

El cambio más trascendente del borrador elimina la obligación de contar con matrícula profesional y con un título universitario específico para ejercer el corretaje inmobiliario.

Actualmente, quienes desean intermediar en operaciones de compra, venta o alquiler deben matricularse en el colegio profesional de la jurisdicción donde desarrollan la actividad. Si el proyecto obtiene respaldo legislativo, ese requisito desaparecería y la intermediación inmobiliaria pasaría a regirse por las normas generales aplicables a cualquier actividad comercial.

Para el gobierno, esta modificación reduciría las barreras de ingreso y permitiría una mayor competencia. Sus detractores, en cambio, sostienen que la matrícula constituye una garantía para el consumidor y un mecanismo de control sobre la conducta profesional.

Otro de los puntos centrales del proyecto modifica el rol de los colegios inmobiliarios.

En la actualidad, esas instituciones administran la matrícula, ejercen funciones disciplinarias, aplican sanciones éticas y pueden suspender o excluir a un matriculado por incumplimientos.

La iniciativa propone que continúen existiendo como asociaciones civiles de adhesión voluntaria, aunque sin facultades regulatorias ni disciplinarias sobre la actividad.

El debate también alcanza a los mecanismos de control. Mientras el gobierno considera suficientes las herramientas previstas en el Código Civil y Comercial y en las normas de defensa del consumidor, los sectores críticos entienden que desaparecería un sistema específico de supervisión para una actividad que administra operaciones de elevado valor económico.

La reforma también eliminaría las restricciones territoriales que hoy condicionan el ejercicio profesional. Actualmente, un corredor matriculado en una provincia necesita cumplir nuevos requisitos para trabajar en otra jurisdicción. De aprobarse el proyecto, esa limitación dejaría de existir y las inmobiliarias podrían prestar servicios en cualquier punto del país sin gestionar múltiples matrículas.

Cambio para los Planes de Ahorro

El gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda desregulación del sistema de planes de ahorro para la compra de vehículos 0 km, como parte de una reforma más amplia que alcanza a distintos sectores de la economía.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contempla una reducción de las facultades estatales para intervenir en el funcionamiento de estos planes, modificando el marco regulatorio vigente desde hace más de ocho décadas. Actualmente, los planes de ahorro para adquirir automóviles están bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), a través del Departamento Federal del Ahorro. Con el cambio, se quitaría esta supervisión.