2026-05-30

Recordaron que Bullrich defendió el control de los colegios

Sturzenegger acelera el proyecto de desregulación inmobiliaria

La propuesta busca dejar sin efecto la exigencia de una matrícula y se presentaría el próximo mes en Diputados. Hay fuerte rechazo de corredores inmobiliarios

El gobierno nacional avanza con el proyecto de desregulación inmobiliaria que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa busca modificar de manera profunda el funcionamiento del corretaje en la Argentina y ya genera un fuerte enfrentamiento entre cámaras empresariales, colegios profesionales y referentes del sector.

El borrador, que según fuentes del ministerio ingresaría al Congreso en junio, apunta a eliminar la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario, habilitar el trabajo interjurisdiccional sin restricciones y liberalizar honorarios y comisiones.

La propuesta también habilita de manera explícita el ejercicio del corretaje a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y entornos virtuales, bajo una lógica de mayor competencia y apertura comercial.

Mientras desde sectores ligados a la desregulación consideran que el sistema actual funciona como una barrera de entrada que limita la competencia, desde los colegios inmobiliarios cuestionan tanto la constitucionalidad del proyecto como sus posibles efectos sobre la seguridad jurídica de las operaciones.

En ese contexto, dentro del sector inmobiliario volvió a circular una posición pública que Patricia Bullrich expresó en 2023 durante una reunión con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y el Colegio Inmobiliario porteño. En aquel encuentro, la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional por La Libertad Avanza, sostuvo que el corredor inmobiliario matriculado “da confianza a las partes y garantiza el éxito de una transacción inmobiliaria”. Además, consideró “esencial” el rol de los colegios profesionales como entidades ordenadoras del mercado.

Dentro del oficialismo consideran que la digitalización de procesos, las firmas electrónicas, la interoperabilidad de datos y la competencia abierta podrían generar operaciones más ágiles y económicas. Pero los colegios inmobiliarios rechazan ese diagnóstico. “Es una mirada ideológica que desconoce el funcionamiento real del mercado inmobiliario argentino”, expresaron desde el sector colegiado.

Según datos de las entidades profesionales, más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país se concretan hoy con participación de corredores matriculados. Apenas entre el 3% y el 5% corresponde a operaciones entre particulares, permutas o acuerdos sin intermediación profesional.

Para Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, la regulación profesional corresponde a las provincias y no puede quedar sujeta a una ley nacional. “La habilitación y matriculación de los profesionales es una potestad provincial que no fue delegada a la Nación”, explicó Liotto.

La dirigente también sostuvo que el corretaje inmobiliario no puede reducirse a una actividad comercial simple porque involucra patrimonio, documentación legal, verificación contractual y responsabilidad profesional.

Liotto remarcó: “El corredor inmobiliario interviene en operaciones sensibles para las familias. No se trata solamente de publicar propiedades o captar clientes”.

Desde el sector remarcaron además que los colegios cumplen funciones disciplinarias, éticas y de capacitación permanente para los matriculados.

“La tecnología cambia constantemente y obliga a actualizarse. Los colegios justamente cumplen una función clave en la formación profesional”, expresaron desde Cofeci. La entidad nuclea a 35 colegios inmobiliarios de todo el país, aunque no todas las provincias cuentan con una única representación. En algunos casos existen dos colegios por distrito, como ocurre en Santa Fe (con entidades separadas para el norte provincial y Rosario) o en Buenos Aires. En paralelo, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) reúne a cuatro cámaras del sector privado. Suman más de 40.000 matriculados en todo el país.

La principal preocupación dentro de las entidades pasa por la posible aparición de operadores informales sin preparación técnica ni respaldo patrimonial.

Según sostienen, una apertura total del sistema podría incrementar conflictos contractuales, fraudes documentales y malas prácticas comerciales. Alejandro Bennazar, actual director ejecutivo de la Mesa de la Industria Inmobiliaria, sostuvo, que “El problema no es la regulación. El problema es la informalidad”.

A favor del proyecto

Del otro lado del debate, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) respaldaron el proyecto oficial y cuestionaron el sistema colegiado tradicional.

Para Mariano García Malbrán, presidente de la entidad, el eje de la discusión pasa por separar “la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo”.

“El sistema actual limita la competencia porque impide que personas con formación comercial puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado”, sostuvo.

Malbrán calificó a la matrícula obligatoria como una “barrera artificial de entrada” que reduce la oferta y mantiene altos los costos de intermediación.

Además, sostuvo que el profesionalismo actual no depende exclusivamente de un título universitario sino de capacidades vinculadas al marketing, tecnología, análisis de datos y administración comercial.

El Súper Rigi se presentará el miércoles

A días de que el presidente Javier Milei enviara un nuevo paquete de medidas al Congreso, Diputados se prepara para arrancar con su tratamiento en comisión. Este miércoles, la Cámara que preside Martín Menem recibirá a funcionarios del Ejecutivo para discutir la letra chica del Súper Rigi. También se le dará inicio al debate del proyecto que busca transparentar el lobby en la Argentina. En medio de las internas libertarias, Milei envió esta semana un nuevo paquete de medidas al Congreso. Por un lado, la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, junto con la iniciativa que busca prevenir la ludopatía y regular los portales de apuestas online. Ambas iniciativas recalaron en el Senado. En tanto, en Diputados fueron presentados el llamado Súper Rigi y la Ley de Lobby.

 

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