Exfuncionaria denunció inacción y amenazas en caso de trata en Misiones

La exdelegada regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Claudia Burg, acusó duramente el funcionamiento de organismos nacionales y provinciales en el abordaje de casos de trata en Misiones y aseguró que, en una causa denunciada en San Ignacio a fines de octubre de 2025, “la ayuda urgente que debía llegarle a la víctima tardó dos meses en llegar, y ese caso casi queda en la nada”.

Burg, quien estuvo al frente de la coordinación regional entre noviembre de 2024 y enero de 2026, vinculó sus declaraciones con el expediente judicial iniciado tras la denuncia radicada el 27 de octubre del año pasado por Claudio B., un comisario de Santa Ana (actualmente de licencia) quien relató que su hija de 18 años fue víctima de trata de personas y abuso sexual en una cabaña de San Ignacio.

Ese expediente inicialmente recayó en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América bajo la carátula de “delito contra la integridad sexual” con “autores desconocidos”. Ello a pesar de que en el mismo operativo de rescate identificaron a tres sospechosos -uno de ellos, también policía-. Actualmente la causa se tramita en el Juzgado Federal de Oberá.

La exfuncionaria utilizó su cuenta personal de Instagram para hacer un sentido descargo y, en un video de poco más de 25 minutos, recordó que tomó conocimiento del caso una semana después del hecho, y que decidió involucrarse personalmente en el acompañamiento a la joven y su familia.

“Me presenté, hablé con la víctima, con la familia de la víctima y empecé a mover la situación”, relató.

Sin embargo, afirmó que desde un primer momento se encontró con resistencia institucional y falta de respuestas tanto del sistema judicial como del Poder Ejecutivo, a cargo del Comité.

“Yo estudié: si lo que a mí me enseñaron es lo que corresponde, esto fue trata. Y entonces era como que tenía que salir a hacer ‘viracambota’ por la ruta para que me presten atención y para que ayuden a estas personas”, cuestionó.

“No hay apoyo del gobierno nacional y ni una política relacionada contra la trata de personas: lo que hay es cáscara. La casta son los que protegen a delincuentes, y siguen estando”, arremetió.

“Se pasaron la pelotita”

En esa línea, y apartándose de la especificidad del caso conocido en San Ignacio en una cabaña turística, Burg remarcó que hubo “varios casos en la provincia, de trata de distintos tipos, y ayudas que pedimos y nunca llegó, organismos nacionales que no actuaron, juzgados que se pasaron la pelota: provinciales y federales que se pasaron la pelotita para que no ocurra nada, para que la respuesta sea el cansancio y el agotamiento de la víctima y de su familia”, lamentó.

En ese sentido relato, confió un dato que agravaría aún más la situación: sucede que en un primer momento, el operativo policial en San Ignacio apuntó contra tres sospechosos (quienes nunca fueron detenidos). Sin embargo, Burg recordó la participación de al menos ocho involucrados: “Cuando a mí la víctima me contó todo lo que le habían hecho, primero unos cinco tipos y después los otros tres tipos la noche siguiente, lo que sentí en ese momento fue tanta furia y rabia…”.

Amenazas de funcionarios

Según Burg, la asistencia urgente que requería la víctima tardó meses en llegar. “La protección de la víctima llegó dos meses después. Mientras tanto hubo amenazas y amedrentamiento de funcionarios, de ministerios, de poderes ejecutivos y de juzgados de la provincia de Misiones”, denunció.

En esa línea, aseguró que la situación derivó en un desgaste emocional extremo, que la obligó a alejarse y renunciar al cargo por temor y falta de respaldo. “Lo peor es que te dejen sola frente a los delincuentes, a los asesinos y a los violadores. Que te dejen enfrentarte a las mafias provinciales, de las fuerzas provinciales, nacionales y de los medios de comunicación”, lanzó.