Piden imputar a un excomisario por la tortura y desaparición de Golemba

Pasaron 18 años para que en el sistema judicial se conozcan nombres y pedidos procesales concretos contra los sospechosos de torturar y desaparecer a Mario Golemba el 27 de marzo del 2008.

Esta semana, la querella de la causa, a cargo de los abogados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, presentó un extenso escrito ante la Fiscalía Federal Dos de Posadas solicitando que se impute por desaparición forzada a un excomisario obereño, Evaldo Katz, y a, al menos, otros cuatro policías.

Se trata de quien fue jefe de la comisaría de Dos de Mayo, y del personal que formó parte de la guardia nocturna aquel día de marzo en que Mario fue trasladado a esa dependencia, donde fue visto por última vez.

“Nuestro pedido fue en consonancia con un dictamen presentado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que acompaña esta causa desde 2021, cuando lo tomó la Justicia Federal”, explicó el querellante Pereyra Pigerl a El Territorio, horas después de conocerse públicamente este primer pedido de imputación formal en la causa.

Golemba vivía en Picada Indumar, en Dos de Mayo, con sus padres y hermanos. Ese 27 de marzo viajó a Oberá para atenderse con una nutricionista y, al salir, envió un mensaje a su novia de que esperaba tomar un colectivo para regresar a su casa, pero eso nunca ocurrió.

Esa misma noche, según los primeros testigos del caso, Mario ingresó a la comisaría de su localidad esposado. Siguiendo las pistas recabadas a lo largo de la investigación, allí lo maltrataron y golpearon al punto de que otros detenidos oyeron desesperados pedidos de auxilio.

La misma pesquisa reconstruyó, en base a estos testimonios clave, que Golemba fue trasladado de la comisaría prácticamente sin vida, tapado con una manta o bolsa negra.

A los dos días, Antonio Golemba e Irma Komka, padres del joven productor, radicaron una denuncia ante la comisaría Seccional Primera de Oberá.

Ese fue el inicio de un derrotero judicial marcado por incógnitas, silencios y dilaciones al menos durante los primeros diez años.

Fue tal la espera que “don Golemba” no pudo vivir para conocer el pedido de acusación formal contra los cinco policías, ni tampoco para saber con certezas qué pasó con su hijo.

Para la querella, “pasó el tiempo prudente y hay pruebas contundentes, con testigos” que fundamentan el pedido de imputación, enfatizó Pereyra Pigerl. Será la fiscal federal Silvina Gutiérrez quien deba resolver si hacer lugar a la solicitud, y en ese caso avanzar con las medidas correspondientes, entre ellas las audiencias indagatorias y detenciones.

“Presentamos el escrito formal de la querella donde hacemos consideraciones sobre toda la actuación provincial, después lo hecho en la etapa federal y un análisis de toda la prueba recabada. Por último, desarrollamos las responsabilidades y la tipificación (del delito)”, repasó el letrado sobre el escrito, cuyos detalles se mantienen bajo reserva.

“Nosotros no somos quiénes para imputar. Por eso solicitamos a la fiscal que, teniendo en consideración el escrito que presentamos más el dictamen de la Procuvin, avance con las medidas correspondientes”, remarcó.

El abogado destacó especialmente el trabajo realizado por la Procuraduría de Violencia Institucional, organismo dependiente de la Procuración General de la Nación, especializado en investigaciones complejas vinculadas a abusos estatales y fuerzas de seguridad.

“Hace aproximadamente dos años la Procuvin hizo un análisis muy minucioso, detallado y preciso de toda la causa, tanto de los expedientes provinciales como federales, y llegó a ciertas conclusiones que ahora debe evaluar la fiscal”, indicó.

Pereyra Pigerl y Vignolles llevan adelante la parte acusatoria desde 2021, fecha en que la causa fue recaratulada como un delito de lesa humanidad (la de desaparición forzada) ante la Justicia Federal. Reconocen que estos 18 años trajeron malestar y pesadez en el entorno de Mario y de allí la relevancia de que finalmente llegue esta medida: “El tiempo no es satisfactorio para quien espera justicia. Aunque llegue tarde, siempre es importante, pero el paso de los años degrada la situación y también afecta a las personas que declararon”, afirmó el abogado.

Seguridad para los Golemba

En ese sentido, uno de los puntos centrales del escrito presentado por la querella fue el pedido de medidas de protección tanto para los familiares de Golemba como para los testigos incorporados a la causa.

“Pedimos medidas de seguridad para las víctimas, que son la madre y el hermano de Mario, pero también para los testigos. En el fondo, hasta los testigos tienen miedo”, reconoció Pereyra Pigerl.

El abogado explicó que el temor de quienes declararon está directamente vinculado al contexto de tortura que atraviesa el expediente. “En un caso como este pasan a tener desconfianza, miedo, y es lógico después de todo lo que ocurrió”, lamentó.

La querella consideró que existen elementos contundentes para avanzar judicialmente, principalmente porque varios testimonios provienen de personas que estaban detenidas en la comisaría al momento de la desaparición. “Hay testigos directos. No estamos hablando de supuestos o suposiciones, sino que es evidencia concreta”, remarcó.

Pereyra Pigerl también cuestionó que durante años esos testimonios hayan sido desestimados por provenir de personas privadas de la libertad. Al respecto, citó que “la Corte Suprema ya dijo en casos similares que el hecho de estar detenidos no implica un demérito. En contextos de encierro son justamente esas personas las únicas que pueden declarar sobre lo ocurrido”.

“Entendemos que es momento de avanzar. Nosotros respetamos plenamente las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, pero creemos que hay elementos suficientes para actuar”, amplió.

Justicia para Golemba

Eliezer es hermano menor de Mario y uno de los que encabezó en estos 18 años las diferentes intervenciones públicas y pedidos de información sobre el paradero del productor. Hoy acompaña a su madre Irma, ya mayor, en una búsqueda de justicia que no cesó ni un día.

“Siempre es un pesar continuo para una madre tener un hijo desaparecido en un contexto de violencia institucional”, consideró el abogado al referirse a la situación que vive hoy la familia Golemba.

Pereyra Pigerl subrayó que el avance de la causa no sólo depende de la Justicia, sino también del compromiso institucional y social para sostener la búsqueda de verdad. “Cada uno tiene una función. Nosotros como querellantes hicimos la presentación correspondiente y ahora esperamos que la fiscal actúe en consecuencia”, planteó.