El Juzgado Civil de Buenos Aires desestimó actos de violencia

Denunció violencia doméstica y ahora tiene multa de 600 mil por día

Alejandra, quien se fue de Buenos Aires con su hija de 9 años hacia Oberá por supuestos maltratos de su expareja, presentó un recurso de amparo ante la negativa de la justicia

Alejandra, la mujer que denunció ser víctima de presunta violencia doméstica por parte de su expareja hacia ella y su hija de 9 años, obligando esta situación a que se vayan de Buenos Aires y se residan en Oberá, en la última semana presentó un recurso de amparo debido a que rechazaron la primera denuncia y subieron el monto de multa por la ausencia de la menor en el domicilio de su padre.

El recurso, presentado por la abogada querellante Micaela Pereira, sostiene que se da “como última vía y remedio frente al estado de absoluto abandono institucional y denegación de justicia”, además de que estas omisiones y recientes “fallos arbitrarios, amenazan la salud mental, el derecho a la educación, la integridad física y la propia vida de una niña de 9 años”.

Lo cierto es que el Juzgado Civil 85 de Buenos Aires resolvió aumentar la multa de 200 mil pesos a 600 mil pesos por cada día que la menor no esté presente en el domicilio del progenitor, ya que resolvieron que la mujer fue correctamente notificada y que la negación de dejar ver a la niña es un incumplimiento de intimación de reintegro de la menor ordenada. 

A su vez, en la notificación se remarca que en caso de no cumplir con el reintegro de la niña a Buenos Aires en un plazo de tres días de notificada, se dispondrán medidas pertinentes para lograr el objetivo. 

Desestimaciones

Según el expediente, al cual El Territorio tuvo acceso, el juzgado interviniente desestimó la denuncia que enmarca el delito de violencia familiar, explicando que no existen hechos de violencia actuales, concretos y verosímiles “que permitan inferir, aún sin plena prueba anticipada, un riesgo real para la salud psicofísica de la víctima”. Por lo que los hechos fueron calificados como una cuestión de responsabilidad parental.

En el documento explica que los procesos de violencia familiar no permiten que el demandante prohíba la comunicación, la modificación del centro de vida de los hijos o el traslado de la competencia de un juzgado. 

En tanto, resolvieron que de la totalidad de los elementos acompañados, incluyendo las capturas de WhatsApp, el relato cronológico y el propio informe de la Oficina de Violencia Doméstica o informe del colegio de la menor, no se advierte ese tipo de violencia sino que se observa un conflicto de alta intensidad en el ejercicio de la coparentalidad.

Todo ésto fue rechazado por la demandante y su abogada, quienes sostienen que las pruebas son claras y que corresponden a un delito.

“Nos encontramos con un abandono total del Juzgado de Familia Uno de Oberá, donde hicimos el pedido de la medida cautelar y también el derecho a cero vida de la menor”, contó Pereira en diálogo con El Territorio.

En esa línea, agregó que recibieron argumentos “que demuestran que no solamente hace lugar al pedido del relato del padre, sino que se niega que haya violencia y además nos dicen que tiene que volver la menor a la ciudad de Buenos Aires, lo que va a causar un perjuicio enorme”.

A esto, la letrada cuestionó que desde el Juzgado Civil de Buenos Aires “la sigue asfixiando económicamente a Alejandra, triplicando la multa por cada día de incumplimiento”. También describió que la decisión de poder llevar a la menor al domicilio del padre de forma pertinente, “es una cosa tirada de los pelos y que me parece una vergüenza”.

En tanto, la abogada manifestó que el juzgado de Oberá puede tener una intervención con psicólogos y técnicos con la presencia del gabinete psicopedagógico y psicológico del juzgado de familia para “sentarse, hablar con la nena y preguntarle qué es lo que quiere y cómo se siente”.

Situación grave

Por otro lado, Pereira explicó que su caso es de amplia gravedad, alegando que la niña con tan sólo 9 años “está presentando situaciones de autolesión y signos de depresión infantil”, apuntando que “si a esta niña le sucede alguna cuestión de gravedad, hay una responsabilidad del agresor que está en Buenos Aires hostigando a mi clienta y a su hija, y del Estado, porque hay una inoperancia respecto de esta causa”.

Asimismo, mencionó que su cliente quiere estar segura y sentir que tiene respaldo de la justicia. “Ella me decía, ‘no queremos terminar en una bolsa y salir en un noticiero en vez de tener una medida cautelar’”.

“Es una vergüenza, porque no se tomaron dos segundos para escuchar a la menor o sentarse a leer el expediente, porque ahí está volcada toda la información necesaria”, concluyó Pereira.

El hecho

Como viene informando este medio, la mujer identificada como Alejandra llegó a la tierra colorada junto a su hija, huyendo de un presunto contexto de violencia en el que, denunció, estaban padeciendo por parte del padre de la niña.

Ante esto, el hombre notificó la mudanza de las dos al Juzgado Civil 85 de Buenos Aires, donde ya habían tratado el caso, considerando que no existían motivos para activar el protocolo previsto.

En tanto, el juzgado interviniente dispuso la restitución de la menor a su lugar de origen en un plazo de 72 horas. La resolución también estableció que, en caso de incumplimiento, la madre podría quedar alcanzada por una multa de 200 mil pesos por cada día de demora en el regreso. Cifra que fue triplicada en los últimos días.

Fue así que la mujer radicó en Oberá una denuncia por la presunta continuidad de los hechos de violencia y llamadas amenazantes por parte del padre de la niña. En su denuncia la madre solicitó a la Justicia una medida de restricción perimetral urgente contra su expareja, al señalar que teme por su seguridad y la de su hija de 9 años. El planteo fue presentado ante el Juzgado de Violencia Familiar de Oberá, donde la madre pidió medidas cautelares de protección. Aunque estos pedidos recibieron respuestas negativas para la mujer. 

Te puede interesar