Juicio por intento de femicidio en Oberá: piden 16 años de prisión para el acusado

El juicio contra Leonardo Michael Da Silva (25) por el intento de femicidio ocurrido en 2023 en Oberá ingresó en su etapa final con la realización de los alegatos ante el Tribunal Penal Uno. El fiscal Juan Pablo Fernández Rissi solicitó una condena de 16 años de prisión, mientras que el defensor particular Alexander Pona pidió absolución por el beneficio de la duda.

Durante su exposición, Fernández Rissi sostuvo que la prueba producida en el debate permitió acreditar con claridad el ataque cometido contra la víctima, Maira Ortega, y encuadró el caso dentro de un contexto de violencia de género. Contrario a eso, para el abogado, la evidencia contenida en el expediente no es concluyente.

El pedido de la fiscalía

En su alegato, el fiscal repasó las pruebas reunidas durante el proceso y valoró especialmente los testimonios escuchados en el juicio. A partir de ese análisis sostuvo que el ataque quedó probado y que la conducta del acusado fue deliberada. "Quedó totalmente acreditado, con la certeza necesaria, que Da Silva cometió el ataque a su exconcubina y madre de sus dos hijos menores", afirmó Fernández Rissi ante los jueces, para luego detenerse en la forma en que se produjo la agresión, señalando que el acusado dirigió el ataque a zonas vitales del cuerpo de la víctima: "La atacó con intenciones de dar muerte a su expareja, dirigiendo el ataque a zonas vitales del cuerpo de la víctima. La acción ha sido libre y voluntaria", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que la causa demostró que el imputado expresó de manera explícita su intención de matar a la mujer. "Él mismo le manifestó a la víctima su intención de asesinarla; es decir, hubo intencionalidad y lo exteriorizó a la propia víctima", subrayó.

El fiscal también hizo referencia a los antecedentes de violencia previos al ataque y al contexto en el que se produjo el hecho. "Obsesión e intencionalidad marcan el grado de violencia de género, y el fallo de hoy debe ser enmarcado en ese contexto", expresó, y según sostuvo, el resultado de muerte no se concretó únicamente por la intervención de otra persona que estaba en la vivienda. "Es una tentativa inacabada por la intervención clave de una persona que estaba en la casa; es decir, no hay nada que indique que la muerte no haya sido el resultado que quería Da Silva”, apuntó.

En su exposición también cuestionó la actitud del acusado frente a la vida de la víctima y el incumplimiento de medidas judiciales previas. Sostuvo Fernández Rissi que "hubo desprecio por la vida de la mujer, sin importarle dejar huérfanos a sus hijos ni tampoco la decisión de un juez que ordenó la prohibición de acercamiento por un ataque previo". En función de lo expuesto solicitó la pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, con costas a cargo del acusado.

El planteo de la defensa

En contrapartida, el abogado defensor Alexander Pona pidió la absolución de Da Silva, al considerar que la prueba producida en el juicio no permitió alcanzar el grado de certeza necesario para una condena.

Durante su alegato, el letrado cuestionó la consistencia de las declaraciones y el valor de las pericias realizadas en la causa. "No quedó demostrada la autoría ni la intención de Da Silva. No hay pruebas que demuestren certezas: hay declaraciones incongruentes y pericias inconcluyentes", sostuvo.

Pona también apuntó contra el testimonio de la víctima, señalando supuestas contradicciones en su relato, y además marcó supuestas falencias investigativas y en relación a los trabajos periciales.

En ese marco, el defensor insistió en la aplicación del principio del beneficio de la duda. "Ante la falta de certeza de los hechos y la falta de demostración eficiente con la prueba producida, debe dictarse la absolución", afirmó, acotando que "el tribunal sólo puede dictar una condena si existe un nivel de certeza pleno sobre los hechos".

"Tenemos que buscar la certeza suficiente y no hay certezas en el proceso, sino muchas incongruencias. Los jueces deben acreditar las certezas para la acusación y la condena. No existe en esta causa el grado de certeza que exige la ley", planteó.

En la réplica, el fiscal rechazó los planteos defensivos y reiteró que la prueba reunida en el expediente es contundente."En la causa la certeza es total: no hay dudas de la existencia del hecho, de la intencionalidad ni de la responsabilidad del imputado", respondió.

Tras los alegatos, Da Silva nuevamente decidió guardar silencio y el tribunal quedó en condiciones de deliberar y fijar el veredicto, que se espera para esta misma jornada.