“El gobierno está tratando con mucha crueldad a las personas con discapacidad”

Cuando Paula Pisak habla de los problemas que enfrentan las personas con discapacidades no lo hace sólo porque es una abogada especialista en defensa de los derechos de este sector social o porque también es la vicepresidenta del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis). Lo hace porque conoce en carne propia lo que significa vivir con esta condición.

"Yo era una mujer sana de 25 años. Y luego de una mala praxis durante un parto perdí la audición y también la movilidad de mis piernas. De un día para el otro quedé con esta discapacidad. Sufrí todo tipo de violencias. Pero hoy después de 20 años de reclamar justicia contra viento y marea, estamos a un paso de lograr una sentencia, en la que espero que la Justicia misionera me de algo de paz para poder cerrar ese capítulo terrible de mi vida", dijo para empezar la entrevista con El Territorio, que visibilizó su historia en varias oportunidades.

Hoy este camino de lucha la llevó a estar en un lugar destacado del Cofedis; construido en mayo y tiene reuniones presenciales cada dos meses con los demás miembros de todas las jurisdicciones del país. Su trabajo es ad honorem y lo que se busca es “el diálogo tanto con el gobierno nacional como con el provincial e incluso municipal para construir juntos políticas públicas inclusivas, ser voceros de las necesidades que atraviesan las personas con discapacidad”.

¿Cómo afectó a las personas con discapacidad las distintas políticas de ajustes implementadas por el gobierno nacional? 

Muchísimo. Realmente vivimos un momento muy complejo y esto se traduce en un impacto negativo sobre las personas con discapacidad, un grupo que ya de por sí enfrentaba múltiples barreras estructurales para el acceso a derechos básicos. Puedo citar como ejemplo más cercano lo que está sucediendo con las auditorías de las pensiones no contributivas hoy en todo el país. Bajo el pretexto de revisiones administrativas y búsqueda de transparencia se han realizado en las últimas semanas alrededor de 80.000 bajas de beneficios, que en realidad ni siquiera fueron auditados por la simple razón de que las citaciones no llegaron a destino, las personas no recibieron notificación alguna, el encargado de logística en la provincia de Misiones, la empresa Urbano demostró múltiples falencias pues ni siquiera en zonas urbanas pudieron cumplir con su rol y esto no tiene que ver con domicilios erróneos. Imaginemos entonces a aquellos que viven en zonas rurales. Realmente el proceso en el que se están llevando a cabo las auditorías sólo demuestran ser un filtro, un mecanismo institucional que busca seguir desmantelando y recortando ayudas sociales.

¿De cuánto es hoy el monto de una pensión no contributiva para una persona con discapacidad?

Es de $200.000 y de un bono de $70.000. Una verdadera miseria y esto significa el único ingreso de muchas personas. Realmente es muy cruel lo que se está viviendo.

¿Sigue siendo muy engorroso solicitar la pensión por discapacidad o se simplificó el trámite?

Sigue con mucha demora la cuestión del pago y de la aprobación de las pensiones. La burocracia se ha vuelto más lenta y muchas personas esperan meses y hasta años para el otorgamiento. Por eso imaginate lo que significa que después de tanta burocracia para lograr este beneficio, de un día para el otro te lo cancelen por un error de comunicación que ni siquiera llegó a tu domicilio. Es un verdadero horror lo que está pasando. 

En Misiones recibo quejas permanentes de personas que me cuentan que no recibieron ninguna notificación en sus domicilios y que les suspendieron el beneficio. La restitución de la pensión implica hacer nuevamente una serie de trámites que muchas veces resultan imposibles de concretar, porque encima ahora todo es online o a través de alguna página en Internet y muchas personas no tienen red de wifi ni un celular. Imaginemos, por ejemplo, a los miembros de la comunidad mbya guaraní o a la gente que vive en chacras alejadas de las ciudades. Sigue pasando que desde Buenos Aires no se conoce la realidad de los pueblos del interior del país.

¿O sea que en materia de discapacidad aplica el dicho de Dios está en  todas partes pero atiende solo en la capital? 

Totalmente. Dios atiende siempre en las capitales y si es Buenos Aires mejor. Para quienes vivimos en los pueblos del interior de la provincia de Misiones acceder a rehabilitación y tratamientos de calidad siempre implica viajar, pues aquí no tenemos nada y eso es literal, con decirte que ni partos se atienden en los pueblos. El Hospital Madariaga puede ser un mega hospital pero su capacidad no cubre la gran demanda que implica toda una provincia y cuando hablamos de bienestar y salud no podemos esperar. Y muchas personas con discapacidad no tienen los recursos para trasladarse hasta el hospital de Posadas.

¿En materia de prestaciones médicas cómo está la situación?

Esa es otra película de terror que estamos viviendo. Hay mucha demora en pagos a los prestadores. Obras sociales como Incluir Salud y otras han sufrido recortes y demoras en los pagos a centros de día, transporte adaptado, terapias, etcétera, lo que lleva al cierre de muchos servicios y como imaginarán esto repercute directamente en las personas con discapacidades y sus familias, que incluso se han visto acorraladas por la crisis y recurren a préstamos para no abandonar las terapias de sus hijos. Una situación tan extrema y lamentable que se torna desesperante.

¿Cuáles son los servicios para personas con discapacidad más afectados actualmente? 

Todos los servicios se vieron fuertemente afectados por el ajuste encarado por el gobierno nacional en materia de salud, transporte, acceso a la vivienda o al trabajo. Por ejemplo, sucede que cuando las obras sociales no funcionan como deberían, las personas con discapacidad deben recurrir a hospitales, que en el contexto de crisis sanitaria se encuentran totalmente saturados. Entonces conseguir turnos para ciertos estudios a veces lleva meses de espera. 

Muchos medicamentos de alto costo dejaron de enviarse desde Nación a las provincias y esto se traduce en una carga para algunos estados provinciales que intentan cubrirlos con recursos propios. En cuanto a transporte recibimos todos los días muchísimas quejas porque las empresas no respetan la gratuidad que implica el beneficio del Certificado Único de Discapacidad. Y esos maltratos configuran una eterna revictimización de una comunidad que cada vez debe lidiar con más obstáculos. Frente a todo esto siempre decimos que no estamos pidiendo caridad sino que se cumplan nuestros derechos.

¿Qué respuestas tiene en el Consejo Federal de Discapacidad para esos reclamos? 

Nosotros recibimos las quejas y siempre emitimos un comunicados y un posicionamiento a favor del respeto a nuestros derechos. En la reunión anterior planteamos todas las falencias que se estaban llevando a cabo en el proceso de auditorías. Y solicitamos el cese hasta el momento que se pueda asegurar condiciones básicas, respetuosas y dignas para llevarse a cabo. Pero lastimosamente no nos escucharon y el proceso de auditorías sigue en marcha. 

Por eso advertimos que hoy se están mostrando cifras que no reflejan transparencia, sino inoperancia y desorganización. El Estado nacional está atacando a una de las comunidades más vulnerables del país. No sólo se está dejando sin un ingreso a estas personas sino también sin el programa de Incluir Salud. 

Un dato no menor es que quien debería presidir las Asambleas del Consejo Federal de Discapacidad es Diego Spagnuolo, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero no concurre hace más de un año y eso implica reuniones en donde las respuestas de quienes tienen el poder de decisión no llegan. Me ha tocado ocupar su lugar apenas asumí, una situación que se traduce como un total desinterés en escuchar las críticas y realidades de la comunidad de personas con discapacidad de todo el país.

¿El certificado único de discapacidad sigue en vigencia? ¿Qué modificaciones tuvo este certificado en esta gestión de gobierno? 

Sí. El Certificado Único de Discapacidad sigue vigente, el único cambio que considero relevante este año es la extensión automática de la validez por un año para los certificados que vencían originalmente en 2025. No es complicado obtenerlo. Hoy en Misiones existen más juntas médicas en diversas localidades y eso agiliza el trámite. Básicamente su función es  facilitar el acceso a servicios de salud, transporte, asignaciones familiares, exenciones impositivas, entre otros. En teoría debería otorgarnos la gratuidad del 100% en prestaciones de rehabilitación y medicamentos relacionados con la discapacidad, pero en la realidad esto no siempre se cumple.

¿Cuántas personas con algún grado de discapacidad viven en nuestro país? 

Las cifras que manejamos hoy son de 5 millones de personas.  De ese total la mitad posee una discapacidad severa. Misiones es una de las provincias con mayor porcentaje de personas con discapacidad en  relación a su población total. Lamentablemente el último censo no incluyó datos específicos sobre discapacidad por ello los datos son estimaciones. Y es complejo porque sólo se contabilizan las personas que tienen certificado único de discapacidad y no todos lo tienen.

¿Cuál es el término correcto: discapacidad o capacidades diferentes?

El término correcto a utilizar es siempre persona con discapacidad. No discapacitado, ni ciego, sordo o minusválido, como antiguamente se nos nombraba. Porque ante todo somos personas con derechos y el foco debe ponerse en la persona, no en su condición. Debemos erradicar la mirada peyorativa hacia nuestra comunidad y la forma en la que nos dirigimos o nombramos es muy importante.

¿Cómo están cubriendo actualmente las obras sociales, prepagas y el Pami a sus afiliados con discapacidad? 

Las obras sociales y prepagas hoy más que nunca están demorando las autorizaciones. Limitan las sesiones o directamente niegan la cobertura. A  su vez cada vez son más los prestadores que se retiran del sistema por falta de pago. De Pami por ejemplo se reportan muchísimas faltantes de turnos y una demora de meses para entrega de ortopedia o ayudas técnicas. 

Ni hablar de las familias con hijos con discapacidad en edad escolar, conseguir docentes integradores es un gran reto y esto se traduce en exclusión y abandono escolar. Hoy hablar de inclusión es casi una utopía. Tristemente debemos sumarle que en este último año se han reducido al mínimo los apoyos a talleres protegidos y programas de capacitación. 

Hace poco me comentaba una persona hipoacúsica que lleva esperando tres años por un audífono. Y lo mismo un implante coclear, en ese lapso los presupuestos van variando y esto implica una actualización constante y burocrática de papeles para el beneficiario, entonces uno se plantea sobre salud mental, vida digna y tantas garantías que deberíamos tener pero lamentablemente convivir con la discapacidad se convierte en un reto diario en donde muchas veces los amparos en la justicia son la única solución.

¿Cómo está la sociedad argentina hoy en su convivencia con personas con discapacidad? ¿La discriminación sigue siendo una realidad? 

Sí, aún podemos hablar de discriminación porque no hay duda de que la padecemos. Sino no sería tan grande el porcentaje de personas con discapacidad  que no acceden a un trabajo formal hoy en Argentina, hablamos de un 70%. Los cupos del 4% que por ley deberían cumplirse tampoco se respetan, seguimos siendo excluidos de los espacios de decisión, somos infantilizados o nos subestiman. 

Recuerdo cuando me recibí, fui la primera abogada sorda en la provincia de Misiones, muchos organismos lo habían festejado y compartido como un gran logro pero oportunidades reales nunca llegaron. Me llama la atención cada vez que hay elecciones, muchos sublemas incluyen a alguien con discapacidad para demostrar que son inclusivos, pero obviamente nunca son lugares que lideren o tengan posibilidades reales de llegar, esa es otra farsa.