La carta a ser elevada y los argumentos planteados por el gobierno nacional

Los gobernadores anticiparon ayer que hoy elevarán una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para expresar el descontento de gran parte del interior del país,  con lo que algunos consideran ‘un robo de recursos’ que estuvo recibiendo la ciudad de Buenos Aires durante la presidencia de Mauricio Macri a costillas de las provincias.

La misiva a la máxima autoridad judicial argentina es porque el próximo 26 de abril vence el plazo que determinó ese tribunal para que la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional logren un acuerdo político que permita superar el conflicto judicializado por los fondos de la policía federal transferidos a la ciudad del obelisco.

Si ese acuerdo político no se logra -como hasta ahora todo parece indicar- entonces la Corte Suprema podría dictar una medida cautelar que retrotraerá la distribución de esos recursos hasta antes del decreto de recorte firmado por el presidente Fernández.

En la Casa Rosada hicieron saber ayer a los gobernadores de que hay “preocupación de que se convalide semejante arbitrariedad porque son recursos que va a impactar el presupuesto 2022”.

Por ese motivo los gobernadores le explicarán  a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que un fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires  sería “un atropello” y remarcaran que el distrito recibió más fondos de lo que le correspondía.

Los gobernadores explican en la carta que una medida cautelar a favor de la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta implicaría “la destrucción del sistema federal de nuestro país” y que las provincias “perderían 120.000 millones de pesos” para el año en curso.La carta de los gobernadores será presentada hoy ante el máximo tribunal argentino, cuando el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro concurra a ese organismo judicial para brindar el informe semanal sobre la marcha de las negociaciones enmarcadas en la conciliación, que hasta ahora son nulas.

Un documento

Entre los gobernadores hicieron circular un documento donde se planteó que “conformar un sistema federal de coparticipación necesitó de acuerdos complejos que tienen que ver con nuestra historia. Nos costó muchas peleas, muchas tensiones. Cambiar este sistema requiere de debates, discusiones y consensos y su funcionamiento debe tender a resolver los desequilibrios fiscales. La Ley de Coparticipación 23.548, sancionada en 1988, es una Ley Convenio establecida como parte del derecho intrafederal. El artículo 8 estableció que sería la Nación la que le entregaría a la ciudad un determinado porcentaje de su parte en la coparticipación”, indicaron además de señalarse el  Decreto 705/2003 y que fijó ese porcentaje en 1,4%, lo que perduró hasta inicios de 2016.

La decisión de Macri

En cuanto a la resolución adoptada por Mauricio Macri, se señala que el 18/01/2016, mediante Decreto 194/2016, el ex presidente eleva el porcentual al 3,75% sin ninguna justificación, sin precisar cómo se determinó ese monto, y sin haberse iniciado el traspaso de la policía 23/01/2016.

 En San Juan, los gobernadores rechazaron la medida y firman el documento “Por un verdadero federalismo” en el que señalan la injusticia cometida por Macri.

Luego mediante Decreto 399/2016 Macri intenta justificar el aumento de coparticipación, pero sigue sin hacer referencia a ningún cálculo que justifique el monto. El traslado de la policía tuvo un costo de 8.047 millones y el monto transferido por coparticipación federal fue de 17.386. Es decir,  según el documento, más del doble.

Ya a fines de marzo 2018, mediante Decreto 257/2018 a pesar del reclamo general de los gobernadores, se reduce mínimamente el porcentaje a 3,5%.  Añaden que en los últimos 80 días de gobierno y después de perder las Paso, el gobierno de Macri intenta blindar el porcentaje de coparticipación asignado con un convenio entre el gobierno nacional y GCBA. En paralelo, realiza transferencias de inmuebles al GCBA, el traspaso de la Lotería y le traspasa al gobierno nacional el 80% de la administración del Hospital Garrahan desatendiendo lo que indica la ley de régimen federal de responsabilidad fiscal (Ley 25517, artículo 15 bis).

Desde el Gobierno

A su vez desde el Frente de Todos indicaron que “en campaña prometimos recuperar el exceso de los fondos que el Estado nacional otorgó de manera unilateral al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e iniciamos un proceso de diálogo para cumplir con la manda constitucional de cuantificar el verdadero impacto presupuestario del traspaso de la policía”.

Indican que “se convocó en varias oportunidades a las autoridades del GCBA a reuniones de trabajo para consensuar la revisión del proceso”.

Indican que mediante Decreto 735/2020, se adecúa transitoriamente el porcentaje de la Ciudad de Buenos Aires en 2,32%. “Mantuvimos el 1,4% y el costo real del traspaso de la policía y se remitió el proyecto de ley al Congreso para que tome intervención en el marco del artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, apruebe el traspaso de la policía y determine la modalidad de financiamiento”.

Qué establece la Constitución

Destacan que el Artículo 75, Inciso 2 de la Constitución Nacional, indica que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.

Señala el documento analizado por los mandatarios que “nunca sometieron a aprobación del Congreso el traspaso de las funciones de seguridad, conforme exige la Constitución Nacional. Es decir, actuaron en contra de lo que establece la Carta Magna de la Nación”.

Recuperar no es quitar

A su vez, el escrito compartido por los gobernadores indica que “la distribución de recursos, según la Constitución, debe ser equitativa y solidaria, priorizando un grado equivalente de desarrollo de las regiones, calidad de vida e igualdad de oportunidades, mediante políticas diferenciadas. - El gobierno de la ciudad de Buenos Aires nunca pudo aportar documentación ni justificar en qué usó los fondos excedentes. - El gobierno de la Ciudad nunca se sentó a discutir en el marco de la ley.

Primera reunión del Consejo de Seguridad
El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez fue uno de los participantes de la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior. “Con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández trabajamos en los problemas específicos de las diversas regiones y suscribimos convenios en materia de prevención e investigación de delitos económicos y la adhesión al sistema automático de identificación de personas detenidas”, dijo Pérez. Añadió que en el marco del Plan Federal de Delitos “los efectivos provinciales se capacitarán en la materia y recibirán equipamiento de última tecnología para la lucha de este flagelo”. Además se pidió que se acelere el decomiso de bienes del narcotráfico y se destine a su lucha, como también de vehículos secuestrados.

En total, 20 provincias reclaman a la Corte por fondos destinados a Caba