El Congreso concluyó que hubo espionaje ilegal en la era Macri

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso dio a conocer ayer el informe y dictamen de la subcomisión que concluyó que durante el gobierno de Mauricio Macri se espiaron ilegalmente a 307 ciudadanos y 170 organizaciones políticas, gremiales, comunitarias y religiosas.

La comisión, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, se reunió previamente a puertas cerradas, tal como lo establece el reglamento de ese cuerpo, y luego se llevó a cabo la conferencia de prensa en la que se dio a conocer formalmente todo el documento sobre el espionaje durante la gestión de Cambiemos.

Durante varios meses, la comisión recogió testimonios para investigar el espionaje durante el macrismo y, a fines de diciembre, le presentó a la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un informe crítico sobre el manejo de la oficina de las escuchas realizado por la Corte y del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun.

Tras la investigación, la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia concluyó que entre 2015 y 2019 hubo un “plan sistemático de inteligencia ilegal, cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política” durante el gobierno de Mauricio Macri, según reveló el presidente de ese cuerpo parlamentario de trabajo, el diputado nacional Leopoldo Moreau.

“La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el período 2015-2019, no sólo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”, afirmó Moreau en una conferencia de prensa brindada en la Cámara de Diputados.

“Se estructuró de un modo sistemático, un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del Estado”, agregó y subrayó que ese espionaje, que “está absolutamente probado”, estuvo dirigido no sólo a “figuras públicas notorias, como (la vicepresidenta) Cristina Kirchner”, sino también a “otros dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales”.

Fuentes parlamentarias adelantaron que serán las autoridades de las Cámaras quienes deberán definir si ese informe puede servir para cuestiones administrativas, para la presentación de una denuncia o incluso el pedido de juicio político.

Moreau afirmó, meses atrás, que el espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno anterior “es la red de extorsión más importante de la historia democrática argentina” y consideró que el ex presidente Macri es el “vértice” de la causa que investiga ese hecho además en la Justicia, según los testimonios recogidos por la comisión bicameral a su cargo.