El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó ayer que se logró restablecer el servicio eléctrico en la mayor parte del país tras el apagón nacional de cinco días y que en las próximas horas se espera recuperar el suministro de agua en la capital venezolana.
Además una misión técnica preliminar de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició una visita al país y se reunió con Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores.
Luego la misión sostuvo un encuentro con Guaidó y miembros de la Asamblea Nacional, quienes le entregaron un informe de violaciones a los derechos humanos. La misión visita la capital y otras regiones del país entre el lunes y el 22 de marzo para elaborar un informe que sirva de base para una posible visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien fue invitada por el gobierno.
Segundo juicio
La Fiscalía General abrió una segunda investigación contra el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por su vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por cinco días. El jefe del Ministerio Público, Tarek William Saab, dijo que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia abrir un procedimiento de investigación contra Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.
Saab presentó un mensaje que Guaidó difundió en su cuenta de Twitter luego del inicio el 7 de marzo del apagón nacional, en el que expresó que “Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación”. El fiscal responsabilizó al opositor de utilizar su cuenta en esa red social para incitar a la violencia. La acción del fiscal general, ex miembro del partido oficialista, se da luego de que el presidente Nicolás Maduro pidiera al Poder Judicial ejercer acciones contra los responsables de los cinco ataques que dijo que sufrió en los últimos días el sistema eléctrico.
Al rechazar la pesquisa, Guaidó sostuvo en el Congreso que “se trata de un plan que busca judicializar un “proceso de persecución. Toda Venezuela y el mundo saben quiénes son los ladrones, los culpables de la crisis y los que tienen al pueblo pasando hambre”. A fines de enero la Fiscalía General había abierto una primera investigación contra el jefe de la Asamblea Nacional por supuestos hechos violentos, que no han sido precisados hasta la fecha.
Como parte de ese proceso el máximo tribunal, controlado por el gobierno, le prohibió la salida del país a Guaidó y congeló sus cuentas bancarias y activos. El opositor salió a fines de febrero del país para realizar una gira por Sudamérica desconociendo la prohibición del Tribunal Supremo. La apertura del segundo proceso se da en medio de una escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que convocó ayer a nuevas protestas callejeras para elevar las presiones contra Maduro.
Un riesgo para la paz nacional
Venezuela no prorrogó la presencia del personal diplomático estadounidense alegando que su permanencia representa “un riesgo para la paz nacional”. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, anunció que fue convocado a la cancillería el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, James Story, para comunicarle que Venezuela decidió “no prorrogar” la presencia del personal diplomático.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, indicó que Estados Unidos retiraría al resto del personal de su embajada en Caracas debido al deterioro de la situación. A fines de enero Washington había retirado a una parte de su personal diplomático luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenó su expulsión y les dio 72 horas para abandonar el país, decisión de la que luego se retractó.
Arreaza aseguró que medida fue tomada por el “riesgo que entraña para la paz nacional”. Pese a la decisión Arreaza dijo que Venezuela está dispuesta a mantener diálogos con Estados Unidos. Desde 2010 ambos países están sin embajador.
Tras la decisión de Maduro del 23 de enero de expulsar al personal diplomático y romper relaciones con Estados Unidos, al que acusó de alentar un golpe de Estado en Venezuela, ambos países iniciaron conversaciones para establecer una oficina de intereses en Caracas y mantener los trámites consulares.
