Una denuncia alertó que habrían robado armas hace 4 años

lunes 25 de marzo de 2019 | 6:00hs.
El viernes los juzgados fueron allanados por la Justicia Federal.
El viernes los juzgados fueron allanados por la Justicia Federal.
Carlos Cardozo

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Es una escándalo de magnitudes. Dos efectivos policiales, con rango de sargento y sargento ayudante respectivamente, fueron detenidos el últimos viernes acusados de integrar una asociación criminal dedicada al narcotráfico, la distribución de dinero apócrifo, comercialización de vehículos adulterados y hasta asaltos.

Los dos efectivos, que estaban afectados desde hace muchos años al Juzgado de Instrucción Uno y el Tribunal Penal Uno, ambos de Eldorado, tenían como uno de sus encargos custodiar armas incautadas en medio de procesos judiciales que allí se guardan. Pero, contrario a eso, la Justicia Federal los acusa de haberlas robado para venderlas en la frontera seca y utilizarlas en sus turbios negocios.
Fuentes internas del juzgado expresaron que nunca se detectaron puertas violentadas que indiquen que extraños hayan ingresado allí y además aclararon que la custodia del depósito no cambia, justamente porque si se detectan irregularidades sería muy difícil identificar a los responsables. Es decir, los detenidos estarían más que complicados.

Más allá de eso, en las últimas horas El Territorio accedió a información que daría cuenta que el robo de armas en las sedes judiciales dataría desde ya varios años, algo que dejaría al descubierto la impunidad con la que se manejaban los efectivos, además de cierta inacción de quienes debían atender el caso.

Fuentes calificadas de la Policía de Misiones revelaron que el 19 de mayo del 2015 se hizo una denuncia por faltante armas de fuego y proyectiles que deberían estar alojadas en el depósito judicial, en este caso del Juzgado de Instrucción Dos, que está a cargo de la jueza Nuria Allou. Según se especificó, el faltante detectado fue el de una pistola, un pistolón calibre 40 y dos revólveres.

La presentación la hizo una trabajadora del Poder Judicial que se desempeña en esa sede ante la fuerza provincial, la cual quedó asentada en el sumario 270/15. Es así que le dieron intervención al Juzgado de Instrucción Uno, presidido por Roberto Saldaña, aunque no se registraron mayores avances. Tampoco desde la Policía, como queda expuesto, indagaron sobre las acciones de sus integrantes.
Como informó ayer este medio, aún no se saben las conclusiones del inventario que se hizo sobre los seis depósitos revisados, donde se acumulaban armas desde hace muchos años. En cuanto a eso, había números dispares en cuanto a la cantidad de armamento a relevar ya que las autoridades del Juzgado allanado consideraban que son cerca de 5.000, mientras que la fuerza estimaban que eran 3.000.

El procedimiento culminó ayer, aunque los resultados se mantienen en reserva debido al secreto de sumario establecido por el juez federal de la causa: Miguel Ángel Guerrero. Más allá de eso, fuentes extrajudiciales expresaron que ya se habían detectado faltantes.

Más allá de esto, en la víspera El Territorio informó de forma exclusiva los resultados de los otros allanamientos, concretados por efectivos de diferentes comisiones de Gendarmería Nacional en diferentes puntos de la Capital del Trabajo y Puerto Piray. Se secuestraron catorce armas y 200 municiones, además de tres vehículos, cuatro motos, diez teléfonos celulares, computadoras y pendrives. En cuanto al dinero, el saldo final arrojó 122.000 pesos en diferentes divisas.

Los detenidos a indagatoria

En los procedimientos se detuvieron a los dos policías y dos civiles: Oscar “Beito” Ríos y su mujer, quienes estaba en su casa. La audiencia indagatoria de todos está pactada para hoy y allí tendrán la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse a declarar, sin que esto sea considerado en su contra. Serán imputados por asociación ilícita y se definirá si seguirán detenidos o no.

La investigación sobre la organización estuvo a cargo de la Unidad de Procesos Judiciales de GNA y Agencia Nacional de Inteligencia (AFI), quienes en enero descubrieron los vínculos de la banda narco investigada con los policías, además de sus otros negocios. En los procedimientos del viernes, en tanto, colaboraron la Unidad de Operaciones en Monte de la misma fuerza y personal del Escuadrón 50 de Posadas.


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Armas .
Armas. En los diferentes allanamientos ordenados por la Justicia Federal en Eldorado y Puerto Piray se incautaron 14 armas y 200 municiones. Además había tres vehículos y cuatro motos.

Beito Ríos, condenado por homicidio

Oscar Alberto “Beito” Ríos es un conocido hombre relacionado siempre al mundo del hampa y condenado por homicidio culposo por la muerte de su mujer, Nélida Galvaliz, ocurrida en la madrugada del 25 de octubre de 1998, en la localidad de Bernardo de Irigoyen.
Según Ríos, en medio de una discusión de pareja, él había sacado su revólver calibre 38 para amedrentar a su compañera y en ese momento se le escapó un tiro que le impactó en el abdomen. El hombre fue quien llevó a su concubina hasta el hospital local, pero expresó que se quedó sin combustible en el camino, por lo que la mujer terminó falleciendo a causa de la pérdida de sangre, antes de ingresar al quirófano.

La versión del señalado homicida rápidamente fue puesta en duda. Sobre todo porque salieron a la luz varios episodios de violencia de género y se halló una carta donde la víctima relataba que tenía miedo que su marido la mate y que era sometida constantemente a golpizas. La misiva fue publicada por este medio en su edición del 5 de noviembre del 1998.

“Con el dolor en lo más profundo debo contarles algo muy triste. Su papá volvió a decirme que va a terminar matándome, siempre lo ha dicho y si sucede, les pido aquellas personas que se hagan cargo de ustedes, que las respeten siempre”, decía el documento, dirigido a los tres hijos de la pareja. El relato estremece y, por si eso fuera poco, Galvaliz también dejó una foto donde se apreciaba un ojo con hematomas.

Más allá de esos elementos, en un debate oral y público, Ríos fue condenado por homicidio culposo, por lo que no estuvo mucho tiempo en prisión. Los miedos y las sospechas de la familia de la víctima, todos oriundos de Bernardo de Irigoyen, aún persisten.