Un escándalo de espionajes

Domingo 17 de marzo de 2019
“Lo que se inició como un caso de extorsión por filtraciones periodísticas se convirtió en una trama de actividades ilegales de agentes de inteligencia”, adujo
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso el pasado miércoles en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau, en el marco de la causa en la que el magistrado imputó al fiscal Carlos Stornelli por maniobras de extorsión y espionaje ilegal cometidas por el detenido Marcelo D’Alessio. Durante su exposición el juez sostuvo que la causa que involucra a Stornelli es apenas una porción ínfima de un cuadro mucho más grande que inclusive podría afectar, según dijo, las relaciones exteriores de Argentina con países como Estados Unidos, Israel, Venezuela y Uruguay.  Asimismo, Ramos Padilla habló de los legisladores involucrados en la causa al afirmar que “algunos diputados serían usuarios de esta organización”. Aunque señaló que “ellos también podrían haber sido víctimas de una maniobra de espionaje. Será el conocimiento de su participación en una red ilegal lo que determinará su responsabilidad”, aclaró. Acto seguido, el juez mostró un mensaje de audio enviado por D’Alessio a la diputada de Cambiemos, Paula Oliveto, luego del primer allanamiento en su casa, donde el falso abogado le explica que se trata de una operación “armada”.
En esta línea, el magistrado confirmó el presunto vínculo del falso abogado con maniobras de espionaje ilegal y reiteró la cautela en relación a los funcionarios o periodistas mencionados en la causa.
“No es casual que D’Alessio aparezca vinculado a todas estas maniobras de espionaje, pero eso no quiere decir que aquel juez o periodista que recogió su testimonio sea parte de ese espionaje ilegal. Lo que los hace parte es el conocimiento de que formaba parte de ese espionaje o no”, sentenció.
“Es clave poder distinguir entre las distintas fuentes de pruebas”, planteó Ramos Padilla ante los legisladores. “Acá tenemos una fuente probatoria que es la que trae el empresario Pedro Etchebest, pero tenemos también muchísima prueba no contaminada que es aquella secuestrada en el allanamiento que nos permite verificar la actuación en profundidad de esta red de espionaje ilegal en la Argentina”, afirmó.
El magistrado explicó que a partir del levantamiento del secreto de sumario se modificó el objeto de investigación, ya que lo que empezó como un caso de extorsión a partir de filtraciones periodísticas se convirtió en una trama con múltiples ramificaciones a partir de la supuesta actividad ilegal de espionaje con involucramiento de agentes de inteligencia “al menos paraestatales. La metodología era la recopilación de información, la producción de inteligencia y el almacenamiento de datos sensibles de distintas personas de manera paralela a las causas judiciales, para luego llevar a cabo acciones coactivas, intimidatorias y extorsivas, todo ello con la finalidad de influir en causas judiciales”, señaló. 
Si bien detalló que todavía falta obtener gran cantidad de información de los teléfonos celulares y discos rígidos secuestrados en la casa de D’Alessio en el country Saint Thomas, el juez dio algunos detalles del material hallado en el lugar.
Según relató, entre las carpetas de investigación se encontró una sobre la líder de la Coalición Cívica bajo el nombre “Conformación de pensamiento y acciones de Elisa Carrió”. También se hallaron otras contra ex funcionarios kirchneristas bajo los nombres de “Capacidad de orientar contenidos de la declaración de Leonardo Fariña en aras de procesar con prisión preventiva a Ricardo Etchegaray” y “Relación de ex asesores presidenciales de época K con el Puerto Quequén”.

Apoyos
La asociación Justicia Legítima se pronunció a favor del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Solicitó a las autoridades que “se brinden los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la investigación” sobre la red inteligencia por la cual está detenido D’Alessio.
 El pronunciamiento, titulado “La independencia judicial en jaque”, se dio justo cuando el Gobierno avanza contra el magistrado e impulsó su juicio político.
Para el grupo integrado por miembros del Poder Judicial, “en un país democrático, la Justicia, para lograr su cometido constitucional, tutela eficaz de los derechos de la ciudadanía, debe contar con los recursos necesarios”, en relación a las falencias que Ramos Padilla expuso en el Congreso el jueves pasado. En se sentido, Justicia Legítimo consideró que “la inasistencia de los otros poderes del Estado en tal sentido implica conculcar la capacidad  de autodeterminación de los Magistrados en su actividad jurisdiccional y en consecuencia su debida independencia”.
Ramos Padilla habló ante la Comisión de Libertad de Expresión, en un encuentro al que no asistieron los diputados del oficialismo y planteó, tal como recordó Justicia Legítima, que “no cuenta con elementos informáticos adecuados ni personal experto en esa materia, pese a los pedidos efectuados”; y que “el Servicio Penitenciario no traslada a los imputados detenidos para prestar declaración, con el absurdo e insólito argumento de falta de medios”.

En la comisión sobre acciones de inteligencia

La Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia resolvió por unanimidad citar para el próximo jueves 21 al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Además, luego de la visita del magistrado, la comisión convocará al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.En una reunión de carácter reservado se decidió también que tres legisladores analicen la información enviada por el juez. Esa subcomisión, encargada de elaborar un informe, estará conformada por el senador Pedro Guastavino (Justicialista) y los diputados Daniel Lipovetzky (PRO) y Rodolfo Tailhade (FPV-PJ). Al término del encuentro, el presidente de la bicameral, el senador Juan Carlos Marino (UCR), aseguró que se mantuvo una “muy buena reunión con asistencia casi perfecta en la que se abrió la caja con la documentación remitida por Ramos Padilla”.


El primero para cubrir la vacante

El juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quedó primero en el examen para cubrir la vacante del Juzgado Federal con competencia Electoral de La Plata. En el marco de ese concurso, en el Consejo de la Magistratura se abrirá la etapa de impugnaciones, una de las instancias claves en el camino a la eventual terna que llegará al Poder Ejecutivo y de la que saldrá el nombre elegido para el despacho platense. El magistrado no genera simpatías en el oficialismo y tampoco en algunos de los consejeros de la oposición. Los motivos del enojo del oficialismo con el juez pueden encontrarse en la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento vía decreto presidencial de los jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en diciembre de 2015. También se hace hincapié en su rol en la Justicia de Bahía Blanca, como uno de los encargados de paralizar una de las investigaciones contra Lázaro Báez. Su cercanía con La Cámpora y con la agrupación Justicia Legítima son otros dos de los elementos con los que buscan restarle puntos.


Un vínculo roto con Carrió que se remonta al año 2001

Antes de ser apuntado por Elisa Carrió como un “juez kirchnerista” que quiere verla presa, Alejo Ramos Padilla representó al ARI. Fue en 2001, cuando la actual diputada de la Coalición Cívica compartía espacio con el socialista Alfredo Bravo, amigo íntimo del padre del juez federal de Dolores que hoy investiga una supuesta red de espionaje paraestatal que alteró a Comodoro Py y cortó el calmo verano de Lilita.
En esos años de crisis, el ARI de Carrió reclamaba una banca en el Senado para Bravo, que finalmente quedó en manos de Gustavo Béliz, luego ministro de Néstor Kirchner. Y los Ramos Padilla firmaban las presentaciones judiciales que luego Lilita defendía en los medios.
Cerca de Carrió pocos dicen recordar al entonces joven abogado Alejo Ramos Padilla, hasta entonces un importante dirigente de la Franja Morada y “enamorado de Alfonsín” que trabajaba a las órdenes de su padre, el también juez Juan Ramos Padilla.
“Ramos Padilla nunca fue del ARI y el interbloque era muy ecléctico”, se distancian en el entorno de Lilita.
Sin embargo, una carta de lectores publicada entonces en el diario La Nación da cuenta de que padre e hijo intervinieron en la disputa judicial por la banca de Bravo que encabezó el ARI. Fue un vínculo corto e intenso.
A sus allegados, los Ramos Padilla les hablan de los tiempos en que Lilita visitaba su estudio jurídico y de los pequeños actos que compartían antes de la ruptura con Bravo, en diciembre de 2002.
La última vez que se vieron fue en el funeral del socialista, meses después: Ramos Padilla padre despedía a su mejor amigo y Carrió derramaba lágrimas a pocos metros.

Impulsan el juicio político contra el juez por anomalías 

Dos días después de su presentación en el Congreso, más precisamente en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja y con la presencia exclusiva de legisladores del kirchnerismo, el Gobierno decidió impulsar el juicio político contra el juez federal Alejo Ramos Padilla.  
Autoridades nacionales le adjudican una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
El jury de enjuiciamiento fue elevado por el ministro Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques.
Allí se argumenta que el magistrado expuso detalles de un expediente en trámite, “en una clara infracción al deber de reserva que debe garantizar en su carácter de director del proceso”.
Remitiéndose al Artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, se rememoró que el sumario debe ser público para las partes involucradas y sus defensores, pero “será siempre secreto para los extraños”.
Por el contrario, se señaló que “muy lejos del respeto de ese deber de reserva, el mentado juez hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis de ese modo la confianza que los habitantes depositan en ese poder del Estado”. 

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