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Trata en Misiones: de una condena al panorama de la última década

domingo 23 de junio de 2019 | 6:00hs.
Miembros de DD.HH. habían intervenido en el caso De Amorin y fueron al juicio.
Jorge Posdeley

Por Jorge Posdeleyfojacero@elterritorio.com.ar

Juan De Amorin (53) fue protagonista de la agenda judicial y mediática a mediados de este mes, cuando después de una década fue enjuiciado por el delito de trata de personas y tras la sentencia se transformó en el último rostro asociado a este flagelo en la provincia.
La causa contra el hombre, que en el juicio se presentó como un productor tabacalero analfabeto, se inició en mayo de 2009, cuando la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) rescató dos menores de edad que estaban un bar-pool de su propiedad sobre la ruta nacional 14 en San Vicente.
Desde allí comenzó una extensa y compleja investigación que se extendió durante casi una década, hasta que llegó el momento del juicio que finalmente se realizó durante las jornadas del último 12 y 13 de junio en el Tribunal Oral Federal de Posadas.
Tanto en la instrucción de la causa como en lo ventilado durante el debate, las autoridades consideraron acreditado que el hombre captó, trasladó y explotó sexualmente a dos menores que en ese momento tenían 14 y 15 años.
En sus alegatos, la fiscal de juicio, Vivian Barbosa, repasó el calvario que las chicas en Cámara Gesell declararon sufrir a manos del hombre y con todas las pruebas sobre la mesa pidió una pena de diez años de prisión, solicitud que finalmente terminó coincidiendo con lo dictaminado por los magistrados del tribunal.
En el rescate de las menores en aquel entonces también participaron integrantes de la coalición Alto a la Trata y del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, algunas de ellas incluso declararon como testigo y otras asistieron a las audiencias de debate para seguir de cerca del proceso y su final.
En este contexto, El Territorio dialogó con Norma Sawicz, subsecretaria de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos, quien señaló que “en cuanto a la pena estamos contentas, ya que se hizo justicia, con una condena real y efectiva más allá de los años que pasaron”.
Y agregó: “Más aún teniendo en cuenta que las chicas eran menores en ese entonces y hoy, diez años más tarde, que seguimos manteniendo contacto, atendiendo y conteniéndolas, podemos decir que por lo menos sentimos que no fue en vano nuestro trabajo y más por las propias damnificadas de este delito que deberán sentir ellas un mismas un poco de alivio. La justicia llegó y se valora que en Misiones nos ocupemos de estos temas”.
Adentrándose en el flagelo y en cómo se trabaja desde la provincia para el combate de la trata, Sawicz señaló que “trabajamos siempre con mucha atención en la Línea 145, que es una herramienta fundamental para denunciar. Es anónima, gratuita y trabajamos en red desde Nación y las provincias”.
“También hacemos capacitaciones constantemente en escuelas y barrios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del programa Hacemos Futuro. La casa refugio trabaja con capacitaciones también. Huerta, jardinería, cocina, informática, son algunos de los talleres pero actualmente muchas de las chicas asisten para terminar la primaria y/o secundaria, más los talleres de oficios que son una herramienta para salir y generar sus propios conocimientos en tema de dignidad laboral”, detalló.
La funcionaria señaló que gracias a todas las labores llevadas adelante, el número de casos en la provincia registra un descenso, aunque reconoció que “duele como persona que pasen estas cosas. No queremos violencias, bullying, trata y tráfico de drogas, nada de esto debe estar presente en una sociedad culta con valores y que quiere salir adelante. Por ende se trabaja contra estos flagelos, ya que a cualquiera le puede pasar que caiga en algo de esto y, como adultos y funcionarios, tenemos que cuidar a nuestra sociedad y su conjunto”.

La década en cifras
En este contexto, según los datos que pudo recabar El Territorio, desde 2008 hasta la actualidad, fueron un total de 236 las víctimas rescatadas de la explotación sexual en Misiones, de las cuales 187 eran de nacionalidad argentina y las restantes se trataban de extranjeras.
En este período que está bajo análisis, el año con más rescates fue 2009, cuando fueron 63 las chicas puestas bajo resguardo en la provincia.
A partir de ahí, las cifras comenzaron a descender. Por ejemplo, en 2011 fueron 44 las víctimas rescatadas y en 2012 el número bajó a catorce. Ese promedio se mantuvo hasta 2014.
Desde ese año hasta la actualidad, el número de chicas rescatadas anualmente bajó a una sola cifra. El año pasado fueron nueve las chicas salvadas, mientras que en lo que va del 2019 se concretó un rescate.
La estadística a la cual este matutino tuvo acceso también indica que del total de 236 chicas rescatadas desde 2008 a la actualidad, 152 de ellas eran mayores de edad.
Por último, las fuentes consultadas también señalaron que en ese mismo período de tiempo hubo un total de siete causas que se ventilaron en debate oral y público, en tanto que otros seis expedientes se resolvieron mediante la vía de un juicio abreviado.

De la captación a la condena
El último juicio fue, justamente, el de De Amorin, quien fue condenado a diez años de prisión por el delito de trata de personas agravado.
En su alegato, la fiscal Barbosa había solicitado ese monto de pena al considerar que en el proceso quedó acreditado que su accionar se enmarcó en la figura de “trata de personas en la modalidad de captación, recepción y acogimiento de menores de edad con fines de explotación sexual agravado por violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad”.
En su exposición de casi una hora, la fiscal hizo un detallado repaso del allanamiento efectuado el 16 de mayo de 2009 en el bar Especial, que era propiedad de De Amorin, y también recordó el relato de los testigos durante el juicio y la declaración de las víctimas en Cámara Gesell.
“A lo largo del proceso las víctimas fueron contestes al momento de relatar cómo fueron captadas. Ambas dijeron que fue Juan -De Amorin- quien las cruzó en la calle y les ofreció trabajar en el bar. En sede judicial han dicho que se encontraron con el dueño del bar, que él les dijo: ‘Si queríamos trabajar allí y nos contó las ganancias. Una semana estuvimos bien, después no nos dejaba salir ni a la esquina, nos cobraba el agua y el gas. Él tenía otro local, nos llevaba allí si había clientes. Nos llevaba y traía en su auto’”.
Las dos chicas rescatadas en este caso fueron halladas durante el allanamiento de un local ubicado sobre la ruta nacional 14 y en su alegato la fiscal expuso un croquis del lugar y explicó cómo era su funcionamiento, además de exponer las condiciones de precariedad a las cuales eran expuestas las chicas.
La fiscal enumeró las salas o habitaciones que había en el predio y señaló que las piezas 5, 6, 7 y 8 eran utilizadas para la prostitución, aunque en la 8 aparentemente las chicas también usaban para residir y la 7 también era usada para los castigos a los cuales eran sometidas cuando el imputado consideraba que no cumplían con alguna norma o regla del lugar.
Barbosa también mostró imágenes de las habitaciones, casi todas ellas con colchones sin sábanas, dispuestos arriba de rejillas colocadas encima de losas de cemento. Es decir, casi ni eran camas y el higiene escaseaba.
En su exposición, Barbosa consideró que De Amorin “promovió el comercio sexual de las menores. Las víctimas han declarado de que Amorin en todo momento decía ‘cuánto más jóvenes mejor, cuánto más pendejas mejor, así más ganancias tengo’. Las pericias telefónicas también dan cuenta de ello. Facilitó el ejercicio de la prostitución y explotación sexual porque brindó las habitaciones. Él construyó esas habitaciones con esa sola finalidad”.
Y en base a ello expresó que “sin dudas el tipo básico de la figura penal del Artículo 145 ter se halla plenamente acreditado. Los accionares requeridos, la condición de vulnerabilidad de las víctimas, como así también la finalidad de explotación, que en este caso fue consumada. Pero este accionar está agravado porque ha utilizado violencia, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad”.
Para sostener el agravamiento por uso de la violencia, Barbosa leyó fragmentos de las declaraciones en cámara Gesell, los cuales fueron calificadas por ella misma como “desgarradoras”.
“Una de las víctimas dijo que no tenía opción de salir del lugar, no había cómo tener contacto con la gente. ‘Intenté escapar dos o tres veces y me fue muy mal. Después de eso no lo intenté más. Te encerraba en una pieza y te violaba durante dos o tres días sin darte comida’. Él decía que no les servía golpeadas, con moretones. Entonces, el castigo era violar y no dejar comer”, repasó.
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