Testigo acusó al ex delegado de la Procuración de incitar a denunciar

jueves 19 de septiembre de 2019 | 5:00hs.

Por Cristian Valdez fojacero@elterritorio.com.ar

El testimonio con cierto tono de denuncia de un ex penitenciario federal le dio el toque de intensidad a la segunda jornada del debate oral en el que están siendo juzgados los guardiacárceles José Luis Acosta (42), Ricardo Antonio Figueredo (39) y Víctor Javier Romero (40) por supuestos apremios cometidos en perjuicio de seis internos de la Unidad Penal 17 (UP17) de Candelaria en 2007.

Rafael Fabián Soria (50), subprefecto retirado oriundo de la localidad bonaerense de Marcos Paz pero quien al momento de haberse cometido el delito era jefe de la División de Seguridad Interna de la UP17, negó que los uniformados hayan cometido excesos en la requisa que se inició a las 8 de la mañana de aquel 1° de octubre.

Encuadró las marcas detectadas en los denunciantes en el plano de “autolesiones o encuentros deportivos de contacto” pero también acusó al ex subdelegado en la zona Norte de la Procuraduría Penitenciaria Federal, Jorge Ávila, de haber “pergeñado las denuncias con los internos prometiendo beneficios” y especuló que con ese objetivo “decía que les iba a suministrar alimentos y hasta sustancias prohibidas”.

Su testimonio motivó el reclamo de la fiscal Vivian Barbosa ante los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Norma Lampugnani y el subrogante Víctor Alonso (de Corrientes), en función de que “estamos acá para juzgar la conducta de los acusados” -dijo- determinando si golpearon con fiereza a los internos.

Intervención de Ávila

El subprefecto retirado comenzó su testimonio (propuesto por la defensa) exponiendo la decena de unidades penitenciarias en las que se desempeñó, narrando en consecuencia que esa mañana ordenó la requisa a modo de respuesta preventiva a una pelea que días antes habían tenido dos internos con elementos punzocortantes.

“Fueron separados del resto y para preservar a la población penal se efectuó el procedimiento. La orden fue hacer un registro de los pabellones y estados psicofísicos de los internos. Romero (jefe de requisa) no pasó novedades más allá del secuestro de elementos no permitidos como tenazas, armas caseras, sierras y bebidas que hacen con frutas fermentadas”, reseñó Soria.

Recordó que horas después de eso “cerca de las 14 nos enteramos que el procurador Ávila había concurrido al alojamiento, conversado con algunos internos y empezó a sacar fotos con su teléfono. Se le dijo que no estaba autorizado a hacer ningún tipo de intervención a lo que mostró un oficio donde le autorizaban por vía judicial. Se hizo una consulta posteriormente y constatamos que no estaba autorizado pero en el momento en que lo abordamos se molestó mucho, expresó palabras desubicadas que están lejos de la educación que un funcionario debe tener”.

El testigo contó que después de la intervención del funcionario y enterado de las denuncias “se citó al médico de guardia (Ulises Juan de Dios Soto) y al enfermero (Esteban Ramón Gauto) para hacer nuevos exámenes psicofísicos a los internos para dejar certificado que estaban en perfecto estado. En ese contexto se detectaron excoriaciones en algunos, pero nada grave a decir del médico en su informe. Los internos tampoco dijeron que habían sido damnificados, no manifestaron ni que les dolía algo ni que estaban lesionados y todo se desarrolló correctamente. Se labró un informe de eso”.

“Les daba indicaciones”

Soria relató ante los magistrados que en los días posteriores un interno “pidió una audiencia para contarnos que Ávila pergeñó todas esas denuncias prometiendo a los internos ciertos beneficios. En mayo -de ese año- otro nos había manifestado algo similar en el proceder de Ávila, incitando constantemente al quebrantamiento de la disciplina a través de estos hechos”.

“En un escrito un tercer interno ratificó lo dicho por los otros, tratando de hacer entender que una de las metodologías usadas por Ávila eran promesas de suministrar elementos de consumo y hasta no permitidos para los internos que denuncien a los penitenciarios y quebranten el orden. Él le daba las indicaciones y eso pasó porque ese día no se registró ninguna anormalidad”, arremetió.

El ex penitenciario reiteró que “a partir de la llegada de este hombre nos empezamos a enterar que había una denuncia colectiva de internos con aparentes lesiones. Él incitaba a hacerlas, siempre alentaba a que eso ocurra y muchos reos salieron a decirnos que era una situación anómala”, expresó afirmando que las marcas “fueron producidas en la práctica deportiva o se autolesionaron”.

Médico auditor confirmó que detectó lesiones

Otro de los testimonios relevantes de la víspera fue el del médico correntino Fernando Esteban Ávila (45), auditor de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación y quien llegó a la unidad misionera para entrevistarse con los internos denunciantes, además de revisarlos y detectar lesiones que tenían en sus cuerpos. Por pedido de la fiscal Barbosa detalló -por medio de la lectura del informe que elevó al organismo- qué tipo de lastimaduras detectó, dando cuenta que tenían lesiones subcutáneas y excoriaciones consecuentes con golpes de puño y patadas, más allá de dolores en zona abdominal, lumbar y en algunos casos en el pabellón auricular. Contrario a eso, el médico de la UP17 y el enfermero (Soto y Gauto) negaron haber visto a los penitenciarios golpear a los denunciantes.