Santo Pipó: Solicitarán que Nación audite las pensiones entregadas

Tras haberse conocido el festival de pensiones truchas, que involucraría a la intendente de la localidad de Santo Pipó, Mabel Cáceres, el próximo martes se pedirá la auditoría de cada uno de los beneficios al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Ello fue adelantado a El Territorio por el diputado nacional por el radicalismo Luis Pastori, quien efectuará el pedido y realizará una denuncia penal por la presunta entrega de forma irregular de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez a unos 48 familiares y allegados del Ejecutivo municipal. Entre los denunciados, se encontrarían el esposo, la hermana, el cuñado, la sobrina y hasta la consuegra de la jefa comunal.

Asimismo, Pastori hará un pedido de informes similar sobre el caso de pensiones en Candelaria, descubierto en el 2012 por este medio.

De esta manera, el legislador redobla la apuesta a lo que había indicado Cáceres, al requerir una auditoría en la misma cartera, pero a nivel provincial. Así, Pastori se presentará de manera personal ante el Ministerio, a cargo de Alicia Kirchner, para solicitar los informes y determinar si los beneficios han sido otorgados siguiendo todos los pasos y requisitos exigidos, como así también conocer quiénes han intervenido en su aprobación. “Este es un paso previo a la denuncia penal”, destacó.

En última instancia, se pide además la corroboración de los beneficiarios, a fin de determinar si las personas denunciadas-parientes y allegados de la intendencia- son efectivos acreedores de una Pensión No Contributiva.

Por esa razón, y luego de que los denunciantes hayan elevado cartas a la Dirección Nacional de Pensiones No Contributivas y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin obtener respuesta alguna, Pastori indicó que le parecía apropiado plantear la cuestión y buscar una respuesta formal.

“Los ciudadanos de Santo Pipó aseguran que hay alrededor de 3.000 viviendas en la ciudad y 1.100 discapacitados. Sobre estos datos queremos información. Si tuviéramos una ciudad donde un tercio de la población tiene problemas de discapacidad, estaríamos frente a una catástrofe en materia de salud y seguridad pública”, apuntó el legislador.

No obstante, aclaró, “si ese fuera el caso deberíamos estar arbitrando todos los medios del Estado para estudiar y contener alguna epidemia focalizada. Desde ya que no creemos que lo sea”.

“En 2012 se suspendió el acuerdo marco del Ministerio con la Municipalidad, a raíz de la denuncia sobre las pensiones truchas, lo cual motivó un reclamo del intendente Carlos Flores en carta dirigida a la Presidenta de la Nación en el mismo año, donde pedía que se le vuelvan a otorgar las pensiones a diferentes beneficiarios a quienes se les quitó”, detalló el diputado.

Cabe recordar que en esa comuna se denunció la falsificación de las firmas al director del Hospital Nivel I, Ricardo Pereyra, en los formularios. Entre los beneficiarios, se destacaban amigos y familiares del intendente Flores.

Los únicos imputados por la causa son un hombre y una mujer, empleados del hospital local que habrían sido quienes realizaron la maniobra para la entrega irregular.

Ambos son investigados como posibles responsables de adulterar tanto el sello del director del hospital, como el de la referida institución sanitaria.