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Reclamos por el robo de yerba mate llegaron a la Cámara Alta

jueves 27 de febrero de 2020 | 4:00hs.
Reclamos por el robo de yerba mate llegaron a la Cámara Alta
Además del daño económico, los robos pueden dañar a las plantas.
Además del daño económico, los robos pueden dañar a las plantas.
La problemática que tiene lugar en la provincia respecto de la inseguridad en el sector de la yerba mate llegó al Senado de la Nación. Fue a través de una carta abierta escrita por el director de Secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Sergio Delapierre, quien dejó entrever además otras problemáticas que aquejan a la actividad hace tiempo. 
En la carta, el funcionario reclama una modificación al sistema jurídico que coloque al delito rural como “un hecho aberrante que socaba la economía”. 
Delapierre explicó que en primer lugar existe una “alarmante disminución de la oferta de mano de obra para las actividades productivas y la profundización de un sistema de planes sociales que debería ser solidario y temporario y que acabó por constituirse en un medio de vida para miles de compatriotas. “Y obvio que no son los culpables de que esto ocurra”.
Añadió que la segunda etapa de la problemática lo constituye la aparición y agravamiento del flagelo del delito rural. 
Tal como lo mostró El Territorio en la edición del pasado domingo 16 de febrero, en los últimos tiempos se extendió el hurto de yerba mate, por lo que distintos municipios junto al Inym y policías se unieron para frenar la ola delictiva. En esta tarea, se clausuraron centros de acopio sin habilitación, se secuestró materia prima y se realizaron operativos de control de transporte de hoja verde. 
“Cuando una familia que vive en su chacra se siente acorralada por la sustracción de parte de su producción, sea el robo de yerba, el robo de colmenas, el cuatrerismo o robo de ganado, el robo de sus herramientas y, en muchos casos, el robo de sus viviendas con conductas vandálicas, lo que viene a continuación es el abandono del terruño y de los cultivos”, planteó Delapierre. 
“Esta es la primera etapa de la destrucción de una pequeña empresa familiar y Misiones tiene más de 70.000 familias que habitan las zonas rurales. Es decir que el delito rural está produciendo un efecto altamente negativo que daña y destruye un sistema de vida en contacto con la tierra y que es gran productor de riqueza genuina. La misma riqueza que por la vía de los impuestos, se utiliza en el mantenimiento de miles de planes sociales”, recordó. 

Actividad productiva
En el documento, Delapierre detalló algunos números que deja la producción de yerba en Misiones. “La yerba mate es una de las actividades más importantes de esta región, no sólo desde el punto de vista de los ingresos económicos que genera sino por el fuerte aporte a la sociedad viéndolo desde dos aspectos distintos pero relacionados: El cultivo de la yerba mate permite que en la provincia de Misiones (y parte de Corrientes) existan más de 15.000 productores, 300 empresas, pequeñas, medianas y grandes, que trabajan en forma directa generando distribución de riqueza y cientos de pymes en forma indirecta. Existen cooperativas que multiplican beneficios y protegen a miles de productores con su sistema de trabajo solidario y que figura como un renglón importante de la agro industria misionera dentro de la Constitución de la Provincia”, argumentó el funcionario. 
Al tiempo que agregó: “En segundo lugar, configura una actividad que es gran demandante de mano de obra en cada una de sus etapas. El laboreo de la tierra, la cosecha y la tarea industrial y comercial. Así coexistieron familias de productores y obreros rurales ligados por el trabajo genuino en las distintas colonias del interior”.

Legislación
Delapierre criticó fuertemente las trabas burocráticas que impiden mayor desarrollo productivo en la provincia. 
“Lo que la sociedad reclama es trabajo. Y es en el ámbito legislativo donde deben cambiarse las normas que ahogan al emprendedor con impuestos excesivos, trabas burocráticas, mecanismos sindicales perversos, que desalientan la creación de nuevos puestos de trabajo para una población que crece y que no podrá mantenerse mucho tiempo más por la vía de los subsidios laborales”, sentenció.  
En este punto, el funcionario fue muy crítico de la metodología de planes sociales, y señaló que esto lleva a un efecto colateral que tiene que ver con la concentración de la actividad económica y pérdida de la distribución de la riqueza.
“Nadie cuestiona la existencia de planes sociales para desocupados. Pero esto debe ser un mecanismo limitado, transitorio y destinado a aquellas personas físicamente discapacitadas que verdaderamente lo necesitan. Llegamos a un punto donde muchas empresas, grandes o pequeñas, empresas familiares, no consiguen mano de obra para las tareas productivas porque muchos de los beneficiarios de esos planes sociales no quieren realizar trabajos temporarios en relación de dependencia por temor a perder sus beneficios”, adujo. 
Y concluyó: “Ustedes serán en gran parte responsables de que una gran parte de nuestra población, fundamentalmente nuestros adolescentes crezcan en el seno de familias que no conozcan lo que es trabajar para vivir. 
Y lamentablemente un joven con mucho tiempo libre, sin ocupaciones, y con un magro ingreso de un plan social, muchas veces termina cayendo en la trampa de la plata fácil por la vía del delito. Ese es el reclamo: justicia contra el delito rural y nuevas leyes que favorezcan la generación de empleo”.
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