Rechazaron la prescripción de una causa penal por apremios

Lunes 17 de diciembre de 2018 | 05:00hs.
En marzo de 2015, una serie de omisiones procedimentales obligaron a dar marcha atrás al debate oral por medio del cual se iba a juzgar a Víctor Javier Romero, José Luis Acosta y Ricardo Antonio Figueredo, tres agentes penitenciarios de la Unidad Federal 17 de Candelaria que en el año 2007 fueron denunciados por malos tratos y apremios ilegales en contra de cinco internos.

Lo había resuelto el Tribunal Penal Federal de Posadas a instancias de un pedido de nulidad del auto de elevación a juicio formulado por el propio fiscal, que observó ciertas falencias cometidas en la etapa de instrucción y también en el requerimiento de elevación solicitado por la querella.

El recurso que en ese momento motivó el paso atrás se argumento en varios puntos, uno de ellos referido a que se omitió notificar a los imputados sobre el pedido de elevación a juicio, con lo que se vedó a la defensa la posibilidad de oponerse al mismo y por otro lado, el fiscal observó que la instrucción no corrió traslado de la demanda civil al Estado Nacional que iniciaron los denunciantes a partir de los hechos ocurridos en la unidad carcelaria y consideró ante eso que el Juzgado de Instrucción debe subsanar esa falta. También mencionó que en el auto de elevación a juicio no se indicaron los nombres y domicilios del actor civil y los civilmente demandados, ademas de no precisar la instancia en que se encuentra la causa paralela, para asegurar así el debido proceso.

Esos argumentos fueron entendidos como suficientes para declarar la nulidad del auto de elevación a la instancia de debate y de todos los actos posteriores cumplidos en consecuencia, resolviendo devolver el expediente al Juzgado Federal de origen para que se adhieran los faltantes y recién se podría juzgar a los guardiacárceles que en la actualidad llevan casi doce años ligados a la causa en calidad de imputados.

Casación resuelve

Pero eso nunca ocurrió, o se dilató bastante al punto de que recientemente -a casi cuatro años- el abogado defensor del imputado Romero, Ricardo Belosindro Fores, acudió al Tribunal de Casación después de haber sido rechazado un planteo de falta de acción que podría haber dado por extinguida la acción penal en el ámbito federal misionero. 

Fundamentó su pedido, entre otras cosas, en que “el litigio lleva en sí una prolongada e irracional duración que supera en más de dos veces el plazo máximo de la condena prevista por la norma penal” en caso de que los acusados fueran hallado culpables.
Expuso además que “tanto el Ministerio Público Fiscal como el Tribunal Federal analizaron la prescripción” pero al rechazar el planteo, decidieron que se continúe adelante. Casación decidirá si a estas alturas corresponde dirimir el proceso en un juicio oral o la clausura por falta de acción.

Violencia tras las rejas

En esta causa que investigó el juez de primera instancia en lo Criminal Federal de Posadas, Ramón Claudio Chávez, fueron procesados por el delito de apremios ilegales quienes por entonces eran  guardiacárceles de la Unidad Penal 17 de Candelaria.

Cinco reos del asentamiento carcelario pudieron denunciarlos por los violentos episodios ocurridos el 1 de octubre de 2007 a instancias de la intervención de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, organismo que también les ofreció protección para resguardarlos y en ese contexto decidió alojarlos en distintas penitenciarias del sur argentino.

La acusación fue formulada por los internos Hugo Ismael Duré, Oscar Carballo, Isaque Madureira Pacheco, Gregorio Verón y Víctor Hugo Maciel, quienes aseguraron que desde la asunción de quien era el subprefecto Daniel Da Silva, la situación de maltrato hacia los reclusos empeoró.

Según el expediente, esos excesos serían parte del régimen de ‘mano de hierro’ impuesto por el superior mencionado, pero la gota que colmó el vaso y derivó en las denuncias se produjo cuando el personal de requisa irrumpió en los pabellones de procesados de una manera extremadamente violenta.

Según el informe de la Procuraduría, firmado por el ex subdelegado en Misiones, Jorge Ávila, el procedimiento fue brutal porque los penitenciarios golpearon con fiereza a los detenidos que osaban quejarse y además destrozaron sus pertenencias.

El escrito, que forma parte del expediente, detalla que ese día de hace casi doce años, seis miembros del cuerpo de requisa de la unidad, entre los que se encontraba Romero (jefe de ese cuerpo) y los agentes Acosta y Figueredo, comenzaron a requisar violentamente las pertenencias de los internos, maltratando y dañando los objetos personales.

“Les propinaron desmedidas golpizas corporales mediante puñetazos, cachetadas y patadas, en particular en la zona de la cabeza, el cuello y la espalda. No conformes, ordenaron a todos los internos que se desnudasen y los obligaron a agacharse y 'abrirse los cantos', procediendo a revisar el ano de todos mientras los maltrataban e insultaban”, consignó en su escrito el representante de la Procuraduría.

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