Rechazaron el pedido de cese de prisión de Rocío Santa Cruz
sábado 16 de marzo de 2019 | 3:00hs.
Rechazaron el pedido de cese de prisión de Rocío Santa Cruz
El titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, César Raúl Jiménez, le denegó el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de Rocío Santa Cruz, detenida desde febrero por salir del país sin autorización luego de ser condenada por la muerte del inspector Ramón ‘Topo’ Cabrera (59) en un juicio oral y público.
La decisión se firmó ayer, pese al ofrecimiento de adecuarse a las medidas de seguridad que se solicitaran, como la concurrencia a cualquier comisaría en forma periódica o hasta el uso de una tobillera electrónica, desde la defensa abogada. De esta forma, la mujer seguirá en la Alcaldía de Mujeres de la Unidad Penal V.
Pero más allá de las garantías que podría ofrecer la detenida, un elemento clave con que contó el magistrado fue el estudio de una Junta Médica del Poder Judicial tras el pedido de excarcelación que había solicitado alegando deterioro de su salud mental por el encierro. “Su estado de salud es preocupante”, consignaba el documento interpuesto por su defensa.
La pericia había sido solicitada por el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo -en calidad de subrogante- al momento de denegar una solicitud de excarcelación extraordinaria presentada por la abogada Mónica Olivera.
Como informó ayer este medio, los profesionales del Poder Judicial que se entrevistaron con la condenada a mediados de la semana pasada y asociaron su estado actual a un “trastorno adaptativo”, refiriendo que en la condición de encierro que se encuentra no existen factores que representen un riesgo para sí misma y para terceros. Consideraron, además, adecuado el tratamiento intramuros indicado.
El informe lleva la firma del jefe del Cuerpo Médico Forense (CMF) del Poder Judicial de Misiones, doctor Néstor Javier Bellusci, de los médicos de Tribunales especialistas en psiquiatría, Jorge Spada y Cintia Diplotti, además de la psicóloga del CMF, Tatiana Medina.
Los profesionales expusieron en parte de sus conclusiones que “la examinada se encuentra con un trastorno adaptativo con reacción tipo ansiosa; éste es un estado de malestar subjetivo que en la señora Santa Cruz se encuentra acompañado de alteraciones emocionales que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante (caso de la examinada la privación de la libertad). Este efecto estresante afecta la integridad de la trama social de la persona, a su núcleo social/económico y sus valores sociales”.
“Se reitera que hace cuatro semanas aproximadamente ha comenzado un tratamiento específico y hace dos tuvo un cambio por intolerancia al antidepresivo. Por lo que es esperable que todavía no alcance la respuesta terapéutica adecuada, debiendo considerarse de a uno a dos meses la posibilidad de alcanzar la acción terapéutica”, explicaron.
Condena y detención
Rocío Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión efectiva a cumplirse una vez que la sentencia quede firme y diez de inhabilitación para conducir vehículos, al ser hallada penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la muerte del inspector municipal Ramón ‘Topo’ Cabrera.
El fallo fue impartido el 26 de noviembre del 2018, tras cuatro jornadas de debate por el cual pasaron una decena de testigos entre peritos, forenses, médicos, bioquímicos, efectivos policiales y allegados a la imputada. El hecho en cuestión ocurrió el 31 de enero de 2016, cerca de las 6, sobre la avenida Quaranta, casi calle 109.
Pero la mujer quedó en el centro de las críticas luego que se descubriera que había salido del país sin autorización judicial y, se cree, de manera ilegal. Según los registros de Migraciones, entró al Paraguay por el puente San Ignacio Loyola, que une a Clorinda, Formosa, el 22 de diciembre.
La mujer y su pareja pasaron la Navidad en el país vecino, para tomar el vuelo Latam 2422 desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi a Lima, Perú. Ella ocupó el asiento 24 de la fila B, al lado de su pareja, Claudio Ferreyra, a quien le fue asignado el 23 B. También se estableció que volvieron el día 26.
Finalmente luego de incorporarse los registros migratorios y de telefonía celular, la mujer quedó presa el 1 de febrero.
La decisión se firmó ayer, pese al ofrecimiento de adecuarse a las medidas de seguridad que se solicitaran, como la concurrencia a cualquier comisaría en forma periódica o hasta el uso de una tobillera electrónica, desde la defensa abogada. De esta forma, la mujer seguirá en la Alcaldía de Mujeres de la Unidad Penal V.
Pero más allá de las garantías que podría ofrecer la detenida, un elemento clave con que contó el magistrado fue el estudio de una Junta Médica del Poder Judicial tras el pedido de excarcelación que había solicitado alegando deterioro de su salud mental por el encierro. “Su estado de salud es preocupante”, consignaba el documento interpuesto por su defensa.
La pericia había sido solicitada por el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo -en calidad de subrogante- al momento de denegar una solicitud de excarcelación extraordinaria presentada por la abogada Mónica Olivera.
Como informó ayer este medio, los profesionales del Poder Judicial que se entrevistaron con la condenada a mediados de la semana pasada y asociaron su estado actual a un “trastorno adaptativo”, refiriendo que en la condición de encierro que se encuentra no existen factores que representen un riesgo para sí misma y para terceros. Consideraron, además, adecuado el tratamiento intramuros indicado.
El informe lleva la firma del jefe del Cuerpo Médico Forense (CMF) del Poder Judicial de Misiones, doctor Néstor Javier Bellusci, de los médicos de Tribunales especialistas en psiquiatría, Jorge Spada y Cintia Diplotti, además de la psicóloga del CMF, Tatiana Medina.
Los profesionales expusieron en parte de sus conclusiones que “la examinada se encuentra con un trastorno adaptativo con reacción tipo ansiosa; éste es un estado de malestar subjetivo que en la señora Santa Cruz se encuentra acompañado de alteraciones emocionales que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante (caso de la examinada la privación de la libertad). Este efecto estresante afecta la integridad de la trama social de la persona, a su núcleo social/económico y sus valores sociales”.
“Se reitera que hace cuatro semanas aproximadamente ha comenzado un tratamiento específico y hace dos tuvo un cambio por intolerancia al antidepresivo. Por lo que es esperable que todavía no alcance la respuesta terapéutica adecuada, debiendo considerarse de a uno a dos meses la posibilidad de alcanzar la acción terapéutica”, explicaron.
Condena y detención
Rocío Santa Cruz fue condenada a cuatro años de prisión efectiva a cumplirse una vez que la sentencia quede firme y diez de inhabilitación para conducir vehículos, al ser hallada penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la muerte del inspector municipal Ramón ‘Topo’ Cabrera.
El fallo fue impartido el 26 de noviembre del 2018, tras cuatro jornadas de debate por el cual pasaron una decena de testigos entre peritos, forenses, médicos, bioquímicos, efectivos policiales y allegados a la imputada. El hecho en cuestión ocurrió el 31 de enero de 2016, cerca de las 6, sobre la avenida Quaranta, casi calle 109.
Pero la mujer quedó en el centro de las críticas luego que se descubriera que había salido del país sin autorización judicial y, se cree, de manera ilegal. Según los registros de Migraciones, entró al Paraguay por el puente San Ignacio Loyola, que une a Clorinda, Formosa, el 22 de diciembre.
La mujer y su pareja pasaron la Navidad en el país vecino, para tomar el vuelo Latam 2422 desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi a Lima, Perú. Ella ocupó el asiento 24 de la fila B, al lado de su pareja, Claudio Ferreyra, a quien le fue asignado el 23 B. También se estableció que volvieron el día 26.
Finalmente luego de incorporarse los registros migratorios y de telefonía celular, la mujer quedó presa el 1 de febrero.
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