Ratifican el procesamiento de 47 intendentes entre los que hay un misionero

Miércoles 17 de julio de 2019 | 17:06hs.
Tratamiento integral. | El programa Girsu apuntaba al tratamiento de la basura
En febrero pasado el juez Claudio Bonadio decidió el procesamiento de 92 intendentes, que se suman a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina que ya figuraban como procesados, junto a otros miembros de la cartera de Ambiente del gobierno kirchnerista. Esto, en una causa que investiga la supuesta malversación de fondos del Tesoro Nacional, entre 2013 y 2015, que tenían como destino inversiones para el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Entre ellos figuraba el intendente de Puerto Rico, Federico Neis. Este miércoles, la Cámara Federal de Apelacinoes ratificó el procesamiento de 47 de ellos, entre los que figura el misionero. En febrero pasado, cuando se había firmado el primer procesamiento, Neis ya había "rechazo rotundamente que haya habido ‘malversación de fondos’ o ‘corrupción’, como se acusa, en la administración del proyecto Girsu en la ciudad de Puerto Rico".

Con los votos de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens la Cámara Federal confirmó los procesamientos de 47 intendentes y exintendentes, por las irregularidades en el manejo de los Programas mencionados, entre ellos Neis. Según la investigación judicial, el fraude al Estado, entre los años 2013 y 2015, fue de 600 millones de pesos. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos, monto que corresponde a la suma promedio que cada intendente habría recibido para la implementación del programa.

Según consta en el procesamiento que en febrero firmó Bonadio, "cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”.

Según la investigación, los fondos eran girados directamente desde las arcas del Tesoro Nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del medio ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y se realizaba la transferencia de fondos.



Girsu

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras en esos lugares nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rívolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados el ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; además de Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete. Ahora se suman a esta lista los 47 jefes comunales.


Cuando fue procesado en febrero, Neis le explicó su versión de la cronología del proyecto que se investiga. Según relató, en  2013 el municipio firmó un convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, por un total de casi tres millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

El dinero, según consignó, fue depositado en una cuenta corriente especial, ya que no puede depositarse en plazo fijo.Luego de varios contratiempos, el municipio logró adquirir un terreno de cuatro hectáreas ubicado a pocos kilómetros del predio que iba a usarse originalmente, pero por cuestiones geográficas desistieron.

El nuevo predio causó malestar para quienes residían alrededor del lugar y enviaron notas en reclamo para frenar la instalación. Tras varias reuniones con concejales de la localidad, el proyecto decidió postergarse por el enojo de los vecinos ante la posibilidad de contar con una planta de residuos cerca de sus casas. Por ello, a fines del año 2016 se inició un Estudio de Impacto Ambiental relacionado al proyecto, para evaluar el impacto potencial que tendría el mismo en la zona y en la comunidad.

“Ante la necesidad del municipio por resolver la problemática de la gestión de residuos y de poder concretar el proyecto, y considerando las dificultades que implicaban la construcción de una planta de clasificación y reciclado en el predio destinado a tal fin, se tomó la postura de proponer un nuevo proyecto que pudiera dar solución a ambas cuestiones”, comentó Neis.

Para ello, se contrató a dos especialistas y así, elaborar un nuevo proyecto, que contempla el plan original del Girsu para el tratamiento de los residuos que incorpora el trabajo de concientización para con la comunidad como etapa previa a la construcción de una planta de clasificación y tratamiento. Además, contempla la venta de los productos reciclados y minimizar los impactos ambientales que genera el reciclaje. Este proyecto fue presentado en el año 2016, avanzando en distintas instancias. En 2017 hubo distintos cambios en la estructura del Gobierno Nacional, por lo tanto no se consiguió avances en la aprobación de esta nueva iniciativa presentada, a pesar de la insistencia del municipio.

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