Prisión preventiva a 11 de los 13 detenidos por la persecución fatal de San Miguel del Monte

La justicia penal de La Plata dictó este lunes la prisión preventiva a 11 de los 13 detenidos por la muerte de cuatro jóvenes y las graves heridas sufridas por una quinta víctima, luego de la persecución a los tiros que se produjo el 20 de mayo en San Miguel del Monte. Además, ordenaron la excarcelación de los otros dos policías acusados por encubrimiento.

La medida fue tomada por el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi, luego del pedido que había elevado el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte el pasado miércoles, y alcanza a diez policías y al ex funcionario que se encontraba detenido. Se trata de Claudio Martínez, que se desempeñaba como secretario de Seguridad del distrito hasta esa noche.

Cuatro de los efectivos separados están imputados por "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego". Ellos son el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez.

A los cuatro se los acusa de las muertes de Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez; y del "homicidio doblemente agravado en grado de tentativa" de Rocío, la adolescente de 13 años que resultó gravemente herida y fue dada de alta el 13 de este mes.

El resto está imputado por encubrimiento agravado y falsedad ideológica. Mientras que los otros dos agentes a los que no se les aplicó la preventiva quedaron libres por falta de mérito, pero seguirán procesados.

El 20 de mayo los cinco jóvenes viajaban en un Fiat Spazio que chocó contra el acoplado de un camión estacionado en la ruta 3. Cuando se produjo el impacto las víctimas eran perseguidas a los tiros por al menos un patrullero.

Las autopsias revelaron luego que si bien cuatro de los cinco murieron a raíz de las lesiones producidas por el choque, uno de ellos también presentaba una herida de bala en un glúteo.

El hecho derivó en un descabezamiento de la cúpula policial local y en una serie de marchas de familiares, amigos y vecinos de las víctimas, apoyados por distintas organizaciones sociales y políticas, que denunciaron que se trató de un caso de "gatillo fácil".