Piden que Misiones adhiera a la penalización del acoso callejero

A través de un proyecto de ley que tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria que realizó la Cámara de Diputados de Misiones, se pidió la adhesión de la provincia a la normativa nacional que busca “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando como modalidad de violencia a la mujer al acoso callejero”. Se trata de la ley nacional 27.501, que lo que hace es modificar en el sentido mencionado la ley nacional 26.485.
“Con esto se busca contribuir a la legislación vigente que tenemos en la provincia, apuntada a la lucha por erradicar todo tipo de violencias en nuestra sociedad”, se afirma en los fundamentos de la ley que impulsa el diputado radical Ariel Pianesi y que además lleva la firma de los legisladores Javier Mela, Jorge Ratier Berrondo y Roberto Rocholl. Desde la semana pasada está en manos del Comisión de Niñez, Género, Familia y Juventud, que tendrá a su cargo la primera de las etapas del análisis.
Si bien en Misiones ya hay iniciativas que se llevan adelante para tratar de atacar el acoso callejero -una de ellas es la de las empresas privadas que se autodeclaran contra el acoso callejero y otra es la denominada Comercio Amigo, que lleva adelante la Municipalidad de Posadas con las Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CMEM)-, lo cierto es que esta adhesión daría un contexto jurídico más solido para enfrentar este flagelo.

La ley nacional
La normativa nacional en cuestión incorpora a la ley madre una serie de modificaciones, como por ejemplo la del artículo 6°, al que se le incorpora el inciso G, que indica que la violencia contra las mujeres en el espacio públicos es “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.
Es decir, y según se explica en los fundamentos de la propuesta que presentó Pianesi, “el acoso callejero no es un piropo con el cual una persona busca cortejar a la otra en forma de halago o apreciación positiva de su imagen, sino todo comportamiento que impliquen palabras, gestos o acciones intimidantes, agresivas u ofensivas, con explícito contenido sexual, tales como comentarios sexualmente explícitos, cierre del paso, autoerotismo en público, exhibicionismo, rozamiento disimulado pero voluntario con el cuerpo a cuerpo en un espacio reducido o congestionado de gente, seguimiento”.
La ley nacional además aporta la creación de herramientas para contener e informar sobre la situación. Así, ordena “implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público”, también llamada acoso callejero.
Además se indica que la información que se recoja a partir de las denuncias efectuadas a esta línea debe ser “recopilada y sistematizada por el Consejo Nacional de las Mujeres a fin de elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las diversas modalidades de violencia contra las mujeres”.
La ley plantea la necesidad de que la el sector educativo se involucre para erradicar estos problemas. Por ello ordena “articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como acoso callejero”.
Según la normativa, ya vigente en el orden nacional, las fuerzas de seguridad deben actuar en favor y defensa de las mujeres que sufran violencia y a partir de las mencionadas modificaciones que aprobó en Congreso de la Nación, también deben actuar ante casos de acoso callejero.

Los porqué de la propuesta
En los fundamentos de la propuesta que está en manos de los diputados se plantea que el objetivo principal es visibilizar la situación y poner el tema en la agenda de debates de la provincia, con la prioridad que merece.
“Se trata de una cuestión cultural que necesita ser abordada desde diversos ámbitos incentivando la participación de la sociedad en su conjunto. Para ello, se proponen una serie de acciones específicamente dirigidas a revertir el problema”, afirman en los fundamentos de la propuesta local.
Y aseguran que “las violencias invisibles y el silencio de quienes las padecen por falta de conciencia, por temor o naturalización social, es uno de los principales factores que favorecen la continuidad de estas conductas”.
“Estamos hablando de una de las formas de agresión sexual más frecuentes y cotidianas, y sin embargo su falta de visibilidad complejiza la posibilidad de revertirla. Por eso es fundamental el rol del Estado trabajando en la sensibilización y promoción de estrategias para prevenirlo y sancionarlo como uno de los modos nocivos y desiguales de trato entre las personas”, explican en la argumentación.
Indican además que “el acoso callejero es en esencia un acto de violencia, de asimetría social, pero con la particularidad de que se encubre como una práctica ‘natural’ o propia de la idiosincrasia local, siendo minimizada su gravedad tratándosela de modo jocoso, cuando en realidad se trata de una conducta aprendida y que, por lo tanto, es modificable”.
Por eso aquí la importancia de involucrar, como lo plantea la normativa nacional, al Consejo Federal de Educación para que en la currícula se aborde el tema.
La Comisión de Niñez, Juventud, Género y Familia de la Cámara de Diputados está llamada a actuar. Será ahora atributo de su presidenta, Elsa Nova; de su vicepresidenta, Silvia Rojas; y de los demás diputados que la componen –Mariela Aguirre, Martín Cesino, Héctor Escobar, Rossana Franco, Roque Gervasoni, Anita Minder, Juan Ramírez, María Rebollo, Liliana Rodríguez, Natalia Rodríguez e Isaac Sevi– la decisión de avanzar o, como se dice en los pasillos legislativos, cajonear esta propuesta de los diputados del interbloque Cambiemos.