Peritos insistieron que Austral se cayó por maniobras de los pilotos

La quinta audiencia del juicio oral que investiga las causas de la caída de un avión de Austral, que provocó la muerte de 74 personas,  estuvo concentrada nuevamente ayer en la exposición de peritos que mayoritariamente señalan que la aeronave se cayó como consecuencia de diversas maniobras erradas que realizaron el piloto y el copiloto en una tormenta.
De los diez profesionales convocados por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), nueve insistieron, al igual que la semana pasada, que no hay ninguna evidencia que demuestre el mal funcionamiento del tubo pitot -que señala la velocidad en vuelo- de congelamiento en el sistema de alarmas, ni de fallas eléctricas. Todo lo contrario a lo que expresó el perito oficial Carlos Lupiañez, quien es el único que abonó en juicio la teoría del congelamiento del velocímetro que le dio a los pilotos información errada sobre la velocidad real a la que se estaban desplazando.
En el grupo de peritos hay pilotos, ingenieros aeronáuticos y especialistas en aviación. Carlos Lupiañez y Silvina de Ceglia son peritos oficiales, Fabiana Miraval y Carlos Pérez de la fiscalía y los seis restantes peritos de parte contratados por las defensas de los imputados.
La audiencia se desarrolló entre las 12.40 y las 15 en la sala Amia. Se trata del mayor salón de los tribunales de Comodoro Py, que además cuenta con equipos de audio y de video en pantalla gigante -ayer no funcionaban- , para la exposición de filmaciones o de evidencia que pueda sumar información al debate. La capacidad técnica de la sala de debate es relevante porque para la próxima audiencia está previsto que se escuche la grabación del diálogo que mantuvieron los pilotos con la base, minutos antes de que el avión se desplomara sobre la localidad uruguaya de Fray Bentos.
“Sin dudas escuchar esa grabación va a ser fuerte y doloroso para los familiares porque se trata de las últimas palabras en vida de los pilotos. Pero si sirve para echar luz y verdad sobre esos hechos estamos dispuestos a soportarlo”, dijeron a El Territorio los familiares de las víctimas que nuevamente siguieron la instancia oral con sus chalecos identificatorios del reclamo de justicia.
En la audiencia los jueces y el fiscal preguntaron a los peritos diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento y el manejo de un avión, de las características de aquel DC 9-32 que partió de Posadas el 10 de octubre de 1997, con destino a la ciudad de Buenos Aires y que terminó estrellado en Bray Bentos.

Las diferencias
Según el perito de parte Carlos Martínez Juniors “no hubiera pasado nada si el copiloto no hubiese activado los slats. Fue una maniobra desacertada que provocó la pérdida de control en vuelo”. Los slats sirven para alterar las formas de las alas del avión y se usan momentáneamente en el despegue o de aterrizaje,  para ayudar a aumentar la sustentación de la nave.
“No se debió activar los slats a 35.000 pies de altura. Esto lo practican los pilotos en los simuladores de vuelo. La altura y la velocidad a la que volaban no son compatibles para extender los slats. A esa altura el motor se ahoga o se apuna”, agregó el especialista.
Sin embargo el perito oficial Carlos Lupiañez insistió en varias oportunidades que “los pilotos no sabían ni la velocidad ni la altura a la que se encontraban porque los sensores fallaron como consecuencia del congelamiento. Por lo tanto las decisiones tomadas por los comandantes de la nave fueron consecuencia de la información que esa nave le brindaba y que evidentemente fue errada”.
Otra cuestión que diferencia la postura de los peritos es la referida al informe de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de Uruguay, que acredita la teoría de una falla mecánica en los instrumentos del avión y que difiere del anexo realizado por la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil de Argentina (Jiacc).    
La mayoría de los peritos expresaron un punto de vista diferente al informe pericial de la junta uruguaya. Nuevamente en disidencia, el perito Carlos Lupiañez dijo que “no corresponde discutir ahora la validez o no del informe de la Ciada, porque eso debió hacerse en 1998 al momento de elevación  del mencionado informe y no 22 años después”.     
Se estima que al menos habrá un par de audiencias más dedicada al coloquio de los peritos y posteriormente comenzaran las testimoniales.
“Todavía hay mucha tela para cortar en este juicio y desde la querella estamos atentos a cada instancia porque sabemos que hay un cúmulo de pruebas y evidencia suficiente para demostrar fehacientemente que la figura del estrago doloso le cabe muy bien a los 35 imputados, que en diferentes grados fueron los responsables de la muerte de esas 74 personas hace 22 años”, señaló a El Territorio la abogada querellante Silvina Rumachella.