Parlamentarios del Mercosur proponen no reconocer la presidencia de Maduro

A pocas horas de que Nicolás Maduro asuma un nuevo período presidencial en Venezuela hasta 2025, unos 45 legisladores del Parlamento del Mercosur motorizan un proyecto de resolución en el que califican de "ilegítima" la reelección del dictador chavista, a quien al mismo tiempo exigen el traspaso del poder a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora. El texto lleva la firma de de 45 parlamentarios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Brasil. Ninguna de las dos parlamanterias misioneras que componen el cuerpo lo firmaron.

Por una lado, Julia Perie, se manifestó en contra de la propuesta, y junto a los parlamentarios del demoniado "bloque progresista" hicieron público su desacuerdo con la propuesta. Por el lado de Cecilia Britto, aún no hubo manifestaciones al respecto. Los parlamentarios argentinos que pusieron su firma en la propuesta son Humberto Benedetto; Norma Aguirre, María Teresa González Fernández; Lilia Puig; Alberto Asseff; Gabriel Fidel; Jorge Vanossi; Osvaldo Mercuri ; María Luisa Storani; Walter Nostrala; Herman Olivero; Daniel Ramundo; y Marcela Crabbe.

En el proyecto se sostiene que la permanencia de Maduro en el poder "implica una usurpación". Asimismo, exigen "en aras de la paz social a transferir el ejercicio del poder de Venezuela a la Asamblea Nacional, en forma provisional". Esto, "hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".

Los parlamentarios del Mercosur, por su parte, expresaron su "pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 6 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela". El Parlasur también condenó la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en el país caribeño, "resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria".

Pese a la fuerte presión nacional e internacional, Maduro juramentará este jueves 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -afín al chavismo-, y no ante la Asamblea Nacional, como lo estipula la Constitución.

En su declaración, el Parlasur también hizo referencia a la responsabilidad de la Corte Suprema ante la crisis venezolana. En el artículo cuarto pidió por el "pleno respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de Derecho". El Parlasur justificó su desconocimiento de la reelección de Maduro al considerar que "el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente".

El organismo regional indicó que el proyecto podría tratarse en la primera sesión de este año, en la que además contaría con el apoyo de la mayoría de los nuevos integrantes brasileños del cuerpo.

El proyecto completo

Los que se oponen al proyecto

Pero no todos los parlamentarios argentinos acompañan esta postura. Es así que el denominado "Bloque Progresista", que integra la misionera Julia Perie, ya se manifestó en contra de la propuesta, y en defensa de la asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, para un nuevo mandato.

En un comunicado que hicieron público a través de las redes sociales, los parlamantarios afirman que esto se trata de una "nueva estrategia de aislamiento hacia la República Bolivariana de Venezuela que impulsan los gobiernos del autodenominado 'Grupo de Lima'" y por ello manifiestan su "conviccion que los principios diálogo político, integración, y solucion pacífica de los conflictos deben ser los ejes para evitar una escalada de conflictos e intervenciones externeas de nuestra región".

También denuncian que "la estrategia de aislar a Venzuela procura instalar la antesala de nuevas sanciones y una eventual intervención externa de carácter imperialista contra Venezuela y contra la soberanía de la región". Y agregan "El 'Grupo de Lima' se propone constituirse en espacio para coordinar sanciones y acciones contrarias a los proncipios del derecho internacional, no aportando ninguna solución a la fragmentación de la Patria Grande y sin tener un mandato reconocido para ello".

Y al cierre, "ante las reiteradas sanciones impuestas a Venezuela por parte de la Administración Trump, la Unión Europea y el desconocimiento de los gobiernos del Grupo de Lima a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía del pueblo venezolano", hacen un llamado a "enfrentar con mayor integración sudamericana a cualquier bloqueo político y económico que se intente desplegar en nuestra región".