Pedirán explicaciones sobre el supuesto traslado de documentación municipal a un domicilio particular

Ingresó por mesa de entrada del Concejo Deliberante de Puerto Iguazú un proyecto de comunicación bajo el número de expediente 116/2026 referente al Posible Traslado, Extracción y resguardo de documentación oficial perteneciente a la Municipalidad de Puerto Iguazú a un domicilio particular.

A través del proyecto de comunicación, el edil Alejandro Verón solicitó información oficial a la Secretaría de Hacienda Municipal y a la Dirección de Asesoría Legal y Técnica, para que remitan al Concejo Deliberante un informe escrito y pormenorizado sobre el posible traslado de documentación oficial de la Municipalidad a viviendas particulares.

Veron explicó que la documentación oficial es patrimonio del Estado Municipal y que la guarda, custodia y conservación de los expedientes, registros y archivos públicos debe realizarse inexcusablemente dentro de las dependencias oficiales de la Municipalidad, garantizando su integridad y disponibilidad. Remarcó que cualquier extracción o traslado constituye una irregularidad grave que vulnera los principios de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y seguridad jurídica.

Con dichas bases, el edil solicitó mediante el proyecto de comunicación que el cuerpo deliberativo inste al Departamento Ejecutivo Municipal, y por su intermedio a la Secretaría de Hacienda Municipal, a cargo del contador Rubén Jost, y a la Dirección de Asesoría Legal y Técnica, a cargo del abogado Harry Foos; que remitan al Concejo Deliberante un informe escrito.

En el informe los funcionarios deberán confirmar o negar si se ha procedido al
traslado, extracción o resguardo de documentación administrativa, contable, financiera o legal perteneciente al Municipio hacia domicilios particulares. En caso afirmativo, se pidió que detallen con precisión el tipo y volumen de la documentación trasladada, fechas en las que se produjo el movimiento, y las direcciones físicas de los domicilios particulares donde fue alojada.

Asimismo, exigieron la copia certificada del instrumento legal (Resolución, Disposición o Decreto) y/o autorización expresa que fundamentó, habilitó y justificó dicho accionar, indicando la autoridad competente que lo autorizó entre otros puntos.

De aprobarse el proyecto de comunicación, el municipio tendrá un tiempo máximo para cumplir con el requerimiento solicitado, de diez días hábiles.