Posadas prohibió a los trapitos y limpiavidrios y estableció sanciones con tareas comunitarias

El Concejo Deliberante de Posadas aprobó una ordenanza que prohíbe la actividad informal de los denominados trapitos y limpiavidrios en la vía pública. La medida establece sanciones para quienes incumplan la disposición, mecanismos de denuncia e intervención municipal, además de alternativas de inserción laboral y asistencia para personas con consumos problemáticos.

La iniciativa fue impulsada por las concejales Valeria Gómez de Oliveira y Pablo Argañaraz, con el objetivo de dar respuesta a los reclamos de vecinos que manifestaron sentirse intimidados al estacionar sus vehículos o circular por distintos sectores de la ciudad.

“La idea de prohibir la actividad de trapitos en la ciudad de Posadas es que a los que están realizando hoy la actividad se les pueda ayudar a conseguir un trabajo, se les pueda reubicar con la Oficina de Empleo y, a los que tienen problemas con consumos problemáticos, se los pueda encauzar con la regulación que hay al respecto”, explicó Gómez de Oliveira.

La normativa alcanza las tareas informales de cuidado, vigilancia, lavado, limpieza, acomodamiento y reserva de espacios para vehículos, independientemente de que exista una exigencia o percepción de dinero. También contempla el ofrecimiento de estos servicios, la ocupación reiterada de sectores para desarrollarlos y la utilización de elementos como conos, cajones o tachos para reservar lugares de estacionamiento.

Cómo se aplicará la prohibición

Uno de los principales puntos de la ordenanza es la habilitación de canales de denuncia presenciales, telefónicos y digitales durante las 24 horas, todos los días de la semana.

A partir de una denuncia, un inspector municipal deberá acudir al lugar señalado, informar a la persona involucrada sobre la prohibición e intimarla a cesar la actividad y retirarse del sitio. En caso de ser necesario, podrá solicitar el acompañamiento de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la disposición.

Las infracciones podrán constatarse mediante la observación directa de los inspectores o a través de indicios objetivos. Entre las conductas contempladas figuran solicitar o recibir dinero, asignar lugares de estacionamiento, abordar reiteradamente a conductores y realizar tareas de limpieza de vehículos.

Los procedimientos deberán quedar registrados en un acta con los datos del lugar, la fecha, la hora y las circunstancias observadas. También podrán incorporarse fotografías, registros audiovisuales, imágenes de cámaras municipales y testimonios voluntarios como elementos de prueba.

Qué sanciones contempla la ordenanza

El incumplimiento de la normativa será sancionado con tareas comunitarias, que podrán consistir en trabajos de utilidad pública o asistencia a actividades educativas, de acuerdo con lo que determine el Juzgado Municipal de Faltas competente.

La Secretaría de Movilidad Urbana será la autoridad de aplicación, aunque esa responsabilidad podrá pasar al organismo que eventualmente la reemplace.

Además de las medidas de control, la ordenanza contempla alternativas para las personas que actualmente desarrollan estas actividades. A través de la Oficina de Empleo y otras áreas municipales, se podrán impulsar programas de capacitación, formación en oficios e inserción laboral.

En los casos de personas con consumos problemáticos o situaciones vinculadas con las adicciones, también se prevé facilitar el acceso a dispositivos de orientación, asistencia y tratamiento mediante los organismos correspondientes.

Los reclamos de los vecinos

Durante el tratamiento de la iniciativa, Gómez de Oliveira señaló que mantuvo conversaciones con vecinos y aseguró que encontró acompañamiento al proyecto, principalmente por las situaciones de intimidación que algunos conductores manifiestan al estacionar.

“Muchísima gente está de acuerdo, porque realmente la gente se siente intimidada cuando estaciona y se encuentra con estos trapitos o con los limpiavidrios en los semáforos, que muchas veces imponen esta actividad en vez de esperar que el vecino realmente quiera o no”, sostuvo.

La concejal también mencionó la circulación de videos de episodios conflictivos y consideró necesario establecer mecanismos para intervenir ante situaciones de violencia.

“Hay muchísimos videos de estas situaciones de violencia que se viven y entonces de alguna manera tenemos que solucionar para que el que quiere trabajar pueda ser encauzado a trabajar y el que hace esta actividad de manera intimidatoria no lo haga más”, expresó.

Por otra parte, advirtió sobre la presencia de personas que llegan desde otras localidades para desarrollar estas actividades en Posadas y señaló que en algunos municipios ya existen prohibiciones similares.

Con la aprobación de la ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá avanzar en la implementación de los canales de denuncia, los mecanismos de control y la articulación de programas de empleo y asistencia.

De esta manera, la normativa busca ordenar el uso del espacio público y atender los reclamos de los vecinos, al tiempo que establece alternativas para quienes actualmente realizan estas actividades.