Tres meses sin respuestas para Cecilia, su familia insiste en que hay una tercera persona que nadie investigó

Al cumplirse tres meses del crimen de Cecilia Lazcano en Alvear, el abogado querellante de la familia, Juan Saucedo, volvió a cuestionar el rumbo de la investigación y no descartó recusar nuevamente al fiscal Facundo Cabral. Sostiene que la Fiscalía rechazó de manera sistemática pruebas que considera centrales y que un informe pericial contradice la hipótesis oficial, ya que apunta a la presencia de una tercera persona en la escena.

Cecilia, de 16 años, fue encontrada sin vida el 16 de julio en la vieja estación de trenes de la localidad correntina. Hasta ahora hay dos menores imputados. Uno de ellos permanece detenido en prisión preventiva y la otra cumple prisión domiciliaria en Santo Tomé. Tras una primera recusación planteada por la querella, el fiscal fue ratificado al frente de la causa, pero según Saucedo sigue negando medidas que su parte considera clave para sostener su hipótesis de trabajo.

El eje de la disputa es la posible presencia de un tercer implicado en el lugar. El abogado aseguró que esa sospecha no es una conjetura, sino que surge de un análisis forense. La querella puso el informe de autopsia, que calificó de escueto, a consideración de un perito, quien concluyó que el abordaje y la herida mortal no coinciden con la versión oficial. “Hay, al menos, una tercera persona que, por alguna razón, el señor fiscal no quiere ahondar en la investigación”, afirmó Saucedo. Según explicó, la víctima habría sido sorprendida por detrás por una persona diestra y el corte fue de abajo hacia arriba, una mecánica que, a su criterio, no se condice con la imputación al único detenido en prisión preventiva, ya que “por lo menos tiene o requiere una explicación científica y no la hay”.

Los pedidos de prueba que fueron rechazados

Entre las medidas denegadas figura el entrecruzamiento de llamadas y la geolocalización de todos los teléfonos secuestrados. La querella pidió analizar las comunicaciones de los abonados vinculados a esos aparatos, incluidos los de la menor imputada y los de sus padres, con el objetivo de determinar dónde se encontraba ella al momento del ataque. La Fiscalía rechazó el planteo por considerarlo una medida exploratoria e inconducente, por lo que, según remarcó el abogado, todavía se desconoce ese dato.

Saucedo también advirtió sobre presuntas irregularidades en la cadena de custodia de la prueba digital. Contó que el 9 de octubre, al presenciar la apertura de los celulares de los padres de la imputada, vio que los dispositivos habían sido resguardados sobre papel madera, sin lacrado ni sellos de seguridad. “Si un celular, aunque fuera entregado de manera voluntaria, no cumplió con los recaudos de cadena de custodia, ¿qué confianza se le puede dar a cualquiera de las partes?”, planteó.

Otro cuestionamiento tiene que ver con el teléfono de la menor imputada, del que, según el letrado, todavía no se logró extraer la totalidad de los datos, fotos, videos y conversaciones porque habría realizado un borrado que describió como seguro. “La única manera que haga un menor eso es porque tuvo indicación de un adulto con conocimiento específico”, sostuvo. Y agregó que, por ahora, lo que se sostiene en la causa surge del intercambio de mensajes con el otro imputado.

Una posible nueva recusación y la postura de la Fiscalía

Frente a este escenario, Saucedo no descartó volver a recusar al fiscal. Opinó que la instrucción busca agotar el plazo de tres meses de prisión domiciliaria de la menor para elevar la causa a juicio únicamente con los dos imputados, dejando de lado la línea de un tercer partícipe. La querella pidió además que se investigue si hubo contactos entre la alcaidía de Santo Tomé y la madre de la imputada, y que se cite a declarar al personal policial que intervino en las primeras diligencias. Ambas medidas también fueron denegadas.

El abogado aclaró que la familia acompaña lo actuado respecto de los dos menores imputados, pero que insistirá por todas las vías para que se analice una hipótesis complementaria a la de la Fiscalía.

Cabral, por su parte, había sostenido en declaraciones anteriores que “es prácticamente nula la posibilidad de que en la escena haya habido otra persona”, y atribuyó la mención de un tal Max en los chats de los adolescentes a un personaje que no existiría. Además, se informó que una pericia sobre los celulares de los dos imputados no encontró rastros de que esa tercera persona fuera real, aunque la querella rechaza que se haya descartado con pruebas suficientes.