Diputados aprobó restituir la Ley de Tierras y avanza en una sesión clave por discapacidad y endeudamiento familiar
La Cámara de Diputados de la Nación desarrolla este miércoles una sesión maratónica atravesada por debates de fuerte impacto político, económico y social. Con el respaldo de sectores dialoguistas, La Libertad Avanza consiguió reunir el quórum necesario para avanzar con un temario que incluye la restitución de la Ley de Tierras, modificaciones al régimen de discapacidad, propuestas para atender el endeudamiento familiar y nuevas disposiciones vinculadas con la propiedad privada.
La jornada comenzó pasadas las 12.20, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, constató la presencia de 131 legisladores en sus bancas. El oficialismo contó con el acompañamiento del PRO, la UCR y representantes de distintos bloques provinciales, entre ellos legisladores que responden a los gobiernos de Misiones, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y San Juan.
El acuerdo parlamentario permitió al Gobierno recuperar la iniciativa política luego de varias semanas de tensiones con la oposición. Sin embargo, para garantizar los votos necesarios debió incorporar al debate asuntos que inicialmente no formaban parte de sus prioridades e incluso aceptar modificaciones sobre medidas que el presidente Javier Milei había impulsado desde el comienzo de su gestión.
Uno de los ejemplos más claros quedó expuesto en el tratamiento de la Ley de Tierras, cuya restitución fue incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya contaba con media sanción del Senado.
El Gobierno retrocedió y Diputados aprobó restituir la Ley de Tierras
En una de las primeras votaciones importantes de la jornada, la Cámara baja aprobó en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones.
La iniciativa incorpora nuevamente la vigencia de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establece restricciones a la adquisición de superficies rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La decisión representa un cambio significativo respecto de la postura original del Gobierno nacional, que había dispuesto la derogación de esa normativa mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, como parte de su programa de desregulación económica.
La eliminación de los límites había despertado cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, particularmente por sus posibles consecuencias sobre la concentración de la tierra y el control de recursos naturales estratégicos.
Ante la falta de respaldo suficiente para sostener esa modificación y el riesgo de que avanzara una ofensiva legislativa contra el DNU, el oficialismo terminó aceptando la restitución de la normativa.
La ley establece que las personas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, de una provincia o de un departamento. Además, una misma nacionalidad no puede superar el 30% del porcentaje permitido para extranjeros.
También contempla restricciones específicas para la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como disposiciones especiales para las zonas de seguridad de frontera.
La cuestión adquiere particular relevancia para Misiones, una provincia fronteriza cuya ubicación geográfica, disponibilidad de recursos naturales y características territoriales convierten la regulación de la propiedad rural en un asunto estratégico.
El proyecto aprobado también introduce modificaciones en materia de expropiaciones y procedimientos de desalojo, con el objetivo de fortalecer las garantías de los propietarios y agilizar determinados procesos judiciales.
Debido a los cambios incorporados por Diputados, la iniciativa deberá regresar al Senado para completar su tratamiento legislativo.
Discapacidad, otro punto de tensión para el oficialismo
Uno de los debates más sensibles de la sesión gira en torno al futuro de la emergencia nacional en discapacidad, un reclamo que durante los últimos meses movilizó a organizaciones, familiares, prestadores y personas con discapacidad de todo el país.
El oficialismo impulsa un proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, elaborado a partir de negociaciones con Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo.
La propuesta recupera aspectos centrales de la Ley 27.793, pero plantea reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.
Entre sus principales disposiciones se encuentra el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima, con actualización por inflación.
También contempla la continuidad del nomenclador de prestaciones, la unificación de aranceles y la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo registrado o una actividad bajo el régimen de monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
No obstante, la iniciativa encuentra resistencia entre distintos bloques opositores y organizaciones del sector, que consideran que la situación actual requiere sostener la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El reclamo se apoya en las dificultades que todavía atraviesa el sistema, entre ellas la acumulación de 324.303 solicitudes de pensiones pendientes de resolución, los atrasos en los pagos a prestadores y un desfasaje arancelario señalado en el debate del 30,67%.
El Consejo Federal de Discapacidad también respaldó la necesidad de prorrogar la emergencia, en medio de cuestion
