El documento de la marcha universitaria reúne reclamos por presupuesto, salarios y becas

La quinta Marcha Federal Universitaria llegó a la Plaza del Congreso con un documento titulado “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”. Firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), las federaciones docentes Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, FAGDUT y UDA, la federación no docente FATUN y la CTERA, el texto parte del reclamo por el financiamiento de las universidades, pero amplía la discusión hacia el funcionamiento de las instituciones y el modelo de país.

Uno de los ejes centrales es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los firmantes sostienen que el Congreso sancionó la norma, que la Justicia declaró inconstitucional el intento del Gobierno de anularla y que existe una medida cautelar que ordena cumplir de inmediato los artículos referidos a la actualización de los salarios docentes y no docentes y al financiamiento de las becas. En ese marco, advierten que el incumplimiento puede poner en riesgo “nuestra democracia y nuestro sistema republicano”.

El documento, según publica Ámbito, también menciona que la Justicia ordenó cumplir la ley en nueve oportunidades. La última medida se conoció en la víspera de la marcha, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la cautelar. Para los autores, la disputa excede el presupuesto universitario y consideran que el Gobierno quebró un consenso social en torno al valor de la educación pública.

En esa línea, las organizaciones expresan su apoyo al pedido de derogación del DNU 70/23. Cuestionan que el decreto haya anulado leyes sancionadas por el Congreso e impuesto otras medidas sin debate parlamentario, y lo presentan como parte de una voluntad de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia. El planteo coincide con la sesión especial convocada en Diputados, donde la oposición buscará reunir quórum para tratar la derogación del decreto, además de iniciativas sobre el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.

En materia presupuestaria, el texto sostiene que el presupuesto educativo presentado por el Ejecutivo es el más bajo de la historia y representa menos del 1% del producto bruto interno. También señala que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla las partidas previstas por la ley ni la recuperación de los recursos perdidos. El CIN reclama que las partidas para las universidades aumenten un 33,4% respecto del proyecto oficial: mientras el Gobierno prevé $7,3 billones, el Consejo estima que el sistema necesita cerca de $11 billones.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, afirmó que desde la asunción de Javier Milei las transferencias al sistema universitario se redujeron a la mitad. El documento advierte que, si no se revierten los recortes, las instituciones podrían tener dificultades para sostener sus funciones durante el próximo año.

Las becas ocupan un apartado específico. Según el texto, las Becas Progresar permanecen congeladas en $35.000 desde 2024, un monto que —afirman— no alcanza para cubrir gastos de transporte y materiales de estudio. También cuestionan el aumento de los requisitos administrativos y la falta de transparencia en las adjudicaciones. A eso suman la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas. Para los firmantes, desarmar este sistema puede convertirse en “una política de deserción forzada”.

El reclamo salarial atraviesa todo el documento. Las organizaciones acusan al Gobierno de desconocer las paritarias y plantean, entre otros puntos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pase de los montos salariales a sumas remunerativas. La AGD-UBA sostiene que existe una deuda salarial acumulada del 32%. Como ejemplo, su secretaria general, Laura Carboni, señaló que en octubre un ayudante de primera con semidedicación cobró un básico bruto de $561.659, cuando, según el gremio, debería percibir $741.111 de acuerdo con la ley. El documento también compara el aumento salarial docente acumulado durante la gestión -236,6%- con una inflación de 344,15%.

La declaración extiende sus demandas más allá de las universidades y la ciencia. Reclama que el Estado garantice el acceso a la salud, el trabajo digno y la cultura, y que proteja la industria nacional y los recursos naturales. También incorpora la preocupación por el endeudamiento de las familias y la situación del sistema jubilatorio. Esa amplitud se refleja en la convocatoria, a la que se sumaron la CGT, las dos CTA, ATE, la UTEP, organizaciones piqueteras, partidos de izquierda y agrupaciones peronistas. ATE, además, anunció un paro de 24 horas.

El Gobierno rechazó las acusaciones

El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la norma está “interrumpida” y que existe un fallo judicial, y pidió que no se presente al Ejecutivo como contrario a las universidades. Mientras tanto, los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad dispusieron un operativo con vallados y cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y de Plaza de Mayo. La convocatoria frente al Parlamento está prevista para las 16, en una zona que desde temprano permanece cercada.

El cierre del documento resume el sentido político y social de la marcha: sus autores sostienen que “la universidad pública no es el problema de nuestro país”, sino “una parte fundamental de la solución”.