Grabois presentó un proyecto para declarar inviolable la propiedad pública

El diputado nacional Juan Grabois presentó un proyecto de ley para crear un régimen de "inviolabilidad, tutela reforzada y protección sustantiva de la propiedad pública estratégica de la Nación", con el objetivo de establecer mayores restricciones a cualquier proceso de privatización o transferencia de activos estatales.

La iniciativa surge en momentos en que el debate sobre el rol del Estado y el destino de las empresas públicas ocupa un lugar central en la agenda política. Según el texto, la propuesta busca preservar la titularidad, integridad y control estatal efectivo sobre bienes, empresas y activos considerados estratégicos para la soberanía económica, tecnológica y territorial del país.

Entre los principales cambios, el proyecto establece que ninguna empresa pública, sociedad con participación estatal, activo esencial o participación accionaria estratégica podrá ser vendida, privatizada, transferida o concesionada sin una ley especial sancionada por una mayoría agravada de dos tercios del total de los miembros de cada Cámara del Congreso. Además, la autorización deberá identificar expresamente los activos involucrados, las condiciones de la operación y las obligaciones del eventual adquirente, explica el sitio Parlamentario.

La propuesta también prohíbe que estas decisiones puedan adoptarse mediante decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, decisiones administrativas u otros actos del Poder Ejecutivo, reservando la competencia exclusivamente al Congreso.

Otro de los puntos centrales fija un “piso inderogable” de control estatal. Aun cuando el Parlamento autorizara una operación, el Estado debería conservar la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, la facultad de designar la mayoría de las autoridades y una acción especial con poder de veto sobre cuestiones estratégicas vinculadas con infraestructura crítica, datos, tecnología o cambios de objeto social.

Asimismo, se prevé un procedimiento previo obligatorio antes de cualquier eventual privatización. El Poder Ejecutivo debería elaborar un expediente público con valuaciones, estudios de impacto económico y social, inventarios patrimoniales y alternativas para mantener la empresa bajo control estatal. También serían obligatorias audiencias públicas federales y dictámenes de organismos como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación.

El proyecto incorpora además un capítulo específico sobre inmuebles estatales ociosos. En lugar de privilegiar su venta al mejor postor, propone la creación de un “Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública”, mediante el cual cooperativas, mutuales, organizaciones comunitarias, trabajadores de la economía popular o grupos familiares puedan presentar iniciativas para el desarrollo productivo, el acceso a la vivienda o el autoabastecimiento alimentario. La adjudicación se realizaría priorizando la utilidad social antes que la oferta económica.

En los fundamentos, Juan Grabois sostiene que “aquello que pertenece a todos no puede recibir una protección inferior que la que el ordenamiento jurídico reconoce a la propiedad individual” y argumenta que las empresas y activos estratégicos constituyen un patrimonio colectivo construido por generaciones de argentinos.

El legislador afirma además que si la Constitución exige una ley especial para afectar la propiedad privada por razones de utilidad pública, la privatización de bienes pertenecientes al Estado debería estar sometida a requisitos aún más rigurosos y controles reforzados.